«Y si no da la razón literalmente a lo hecho con el lehendakari, de lo que algunos discrepan, sí que pone freno a las críticas desde ciertos ámbitos políticos», confesaba otro magistrado. La sentencia, sostienen estas fuentes, «desactiva» los argumentos que en las últimas semanas han esgrimido el Gobierno vasco y las fuerzas nacionalistas a la hora de desautorizar la decisión de abrir juicio oral contra Ibarretxe, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y otros cinco dirigentes de Batasuna.
Los dos sectores que conviven en la Judicatura coinciden en que el fallo hecho público el lunes permite descartar «por completo» la suspensión del juicio al lehendakari durante su primera jornada. Todas las fuentes consultadas reconocen que, de haber ratificado el Supremo con el 'caso Atutxa' la imposibilidad de celebrar una vista oral si sólo había acusación popular, la causa que se sigue en el Superior vasco contra Ibarretxe se habría archivado en los primeros instantes del juicio. Las partes podrían haber presentado como «incidente previo» la doctrina del alto tribunal.
Aunque no hubieran evitado la fotografía de los imputados en el banquillo de los acusados, sí se hubieran ahorrado todo el proceso posterior y responder a las preguntas de las partes en sesión pública. Todo esto ha cambiado desde el lunes. Nadie duda de que habrá juicio completo. Hasta los propios portavoces del Gobierno vasco reconocen en conversaciones privadas que la vista oral se llevará a cabo «sin remedio».
«Pataleta»
Los sectores conservador y progresista del Tribunal Superior, que discrepan abiertamente sobre si hay motivos o no para procesar a Ibarretxe, coinciden a la hora de censurar «las tarascadas» al Poder Judicial que ayer protagonizaron, a su juicio, el Gobierno vasco y los partidos nacionalistas. «Entendemos la reacción tipo pataleta que pueden exhibir los condenados. Es comprensible porque la sentencia les ha desautorizado, pero no son admisibles los ataques desde otras instituciones», explicaba ayer un representante de quienes consideran que el caso del lehendakari debería haber quedado enterrado ya durante la instrucción.
De hecho, las dos sensibilidades jurídicas subrayaron que la actuación de Atutxa, Kñörr y Bilbao se ajusta «como un guante» a lo que el Código Penal delimita como delito de desobediencia. Unos y otros entienden que el fallo condenatorio era «previsible».
a.santos@diario-elcorreo.com






