tras leer los informes policiales
Garzón levanta el secreto sumarial y da el primer paso para las ilegalizaciones
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso ayer en marcha el proceso legal necesario para suspender, de manera cautelar, las actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV). El magistrado tomó esta decisión tras conocer los informes de la Policía y la Guardia Civil que concluyen que ambas formaciones han sido colonizadas por Batasuna y trabajan a las órdenes del 'frente institucional' de ETA. Los documentos constan de casi 2.500 folios y fueron remitidos al juzgado en la noche del lunes por la Secretaría de Estado de Interior.
La suspensión cautelar de actividades, cuya duración máxima antes de producirse una sentencia es de cinco años, ya fue decretada en 2002 contra Batasuna y, hasta su ilegalización, ha permitido excluir a la coalición abertzale de la vida pública. La vulneración de esta norma permitió precisamente al juez Garzón encarcelar, en octubre y noviembre pasados, al núcleo central de la mesa nacional.
El magistrado estudia imponer la medida cautelar dentro de las dos causas penales que instruye desde hace meses contra los principales líderes de las dos formaciones, a los que imputa un presunto delito de colaboración o pertenencia a organización terrorista. EHAK y ANV no podrían desempeñar actividad orgánica alguna, institucional o pública -convocatorias, actos, manifestaciones- y se verían abocados al cierre de sus sedes y la proscripción de sus símbolos, lemas o logotipos.
El Código Penal prevé que el juez puede acordar la suspensión de actividades siempre que haya pruebas que lo justifiquen después de escuchar las alegaciones del fiscal, los representantes legales de los perjudicados y las acusaciones. En este caso, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia (DyJ)- estudian apoyar la imposición de la medida. Para respetar el procedimiento legal, Garzón ha citado a todas las partes a sendas vistas en las que escuchará sus alegatos antes de decidir si, en efecto, suspende las actividades de los dos partidos. Las dos vistillas se iniciarán a las 10.00 horas; en el caso de EHAK, el 4 de febrero, y ANV, al día siguiente.
Las candidaturas
El calendario no es casual. Las comparecencias tendrán lugar en los dos días previos a que el Boletín Oficial del Estado publique el listado de candidaturas que quieren concurrir a los comicios y una semana antes de que la Junta Electoral proclame qué listas pueden presentarse a las elecciones. Si se produjera la suspensión, el máximo órgano electoral debería descartar las candidaturas de ANV y EHAK por presentar irregularidades (estar suspendidos). En otro caso, quedaría la vía de recurrir la inscripción de las listas ante el Tribunal Supremo.
El levantamiento del sumario decretado ayer por el magistrado afecta no sólo a ANV y EHAK, sino también a Batasuna, dado que las tres causas están interrelacionadas y comparten pruebas e informes. Garzón adoptó estas decisiones nada más leer las conclusiones de los informes policiales, donde se señala que los dos partidos se han convertido en el instrumento de la ilegalizada Batasuna para burlar su exclusión institucional y política y en el medio para financiar su estructura clandestina.
La decisión del magistrado tendrá también su correspondiente repercusión en el Gobierno. El Consejo de Ministros autorizará el viernes a la Abogacía del Estado para que acuda de inmediato a la Sala Especial del Tribunal Supremo y presente sendas demandas de ilegalización contra las dos siglas de la izquierda abertzale. Este órgano presentó formalmente ayer un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que solicita a Garzón que «impida» que la ilegalizada Batasuna se presente a los comicios «a través de formas jurídicas defraudatorias de la Ley Orgánica de Partidos Políticos», en alusión a EHAK y ANV. También la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que los dos grupos «hoy están más cerca de la ilegalización» puesto que «quien incumple la Ley, paga por ello».
Fiscalía General
La iniciativa de la Abogacía coincidirá con una de idénticas características promovida por la Fiscalía General del Estado. Altos responsables del Ministerio del Interior han adelantado ya al jefe de la primera, Joaquín de Fuentes Bardají, que hay «indicios más que suficientes» para instar la ilegalización.
La Abogacía y la Fiscalía iniciarán así la vía de la Ley de Partidos -la misma que permitió en 2003 ilegalizar a Batasuna-, que correrá en paralelo al procedimiento penal emprendido por Garzón. Minutos después de conocerse su resolución, la Secretaría de Estado de Seguridad dio órdenes para que De Fuentes Bardají recibiese una copia de los 2.500 folios de pruebas y apéndices: la documentación policial era la única pieza que le faltaba tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para completar las demandas, en las que un equipo de expertos trabaja desde hace más de dos meses.
Ninguno de estos órganos ha desvelado si elevará una demanda ordinaria de ilegalización, la descrita por la Ley de Partidos, o si pedirá la prescripción de los dos grupos como un incidente de ejecución de la sentencia de Batasuna por ser sus herederos, un proceso de carácter más breve.
La suspensión cautelar de actividades, cuya duración máxima antes de producirse una sentencia es de cinco años, ya fue decretada en 2002 contra Batasuna y, hasta su ilegalización, ha permitido excluir a la coalición abertzale de la vida pública. La vulneración de esta norma permitió precisamente al juez Garzón encarcelar, en octubre y noviembre pasados, al núcleo central de la mesa nacional.
El magistrado estudia imponer la medida cautelar dentro de las dos causas penales que instruye desde hace meses contra los principales líderes de las dos formaciones, a los que imputa un presunto delito de colaboración o pertenencia a organización terrorista. EHAK y ANV no podrían desempeñar actividad orgánica alguna, institucional o pública -convocatorias, actos, manifestaciones- y se verían abocados al cierre de sus sedes y la proscripción de sus símbolos, lemas o logotipos.
El Código Penal prevé que el juez puede acordar la suspensión de actividades siempre que haya pruebas que lo justifiquen después de escuchar las alegaciones del fiscal, los representantes legales de los perjudicados y las acusaciones. En este caso, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia (DyJ)- estudian apoyar la imposición de la medida. Para respetar el procedimiento legal, Garzón ha citado a todas las partes a sendas vistas en las que escuchará sus alegatos antes de decidir si, en efecto, suspende las actividades de los dos partidos. Las dos vistillas se iniciarán a las 10.00 horas; en el caso de EHAK, el 4 de febrero, y ANV, al día siguiente.
Las candidaturas
El calendario no es casual. Las comparecencias tendrán lugar en los dos días previos a que el Boletín Oficial del Estado publique el listado de candidaturas que quieren concurrir a los comicios y una semana antes de que la Junta Electoral proclame qué listas pueden presentarse a las elecciones. Si se produjera la suspensión, el máximo órgano electoral debería descartar las candidaturas de ANV y EHAK por presentar irregularidades (estar suspendidos). En otro caso, quedaría la vía de recurrir la inscripción de las listas ante el Tribunal Supremo.
El levantamiento del sumario decretado ayer por el magistrado afecta no sólo a ANV y EHAK, sino también a Batasuna, dado que las tres causas están interrelacionadas y comparten pruebas e informes. Garzón adoptó estas decisiones nada más leer las conclusiones de los informes policiales, donde se señala que los dos partidos se han convertido en el instrumento de la ilegalizada Batasuna para burlar su exclusión institucional y política y en el medio para financiar su estructura clandestina.
La decisión del magistrado tendrá también su correspondiente repercusión en el Gobierno. El Consejo de Ministros autorizará el viernes a la Abogacía del Estado para que acuda de inmediato a la Sala Especial del Tribunal Supremo y presente sendas demandas de ilegalización contra las dos siglas de la izquierda abertzale. Este órgano presentó formalmente ayer un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que solicita a Garzón que «impida» que la ilegalizada Batasuna se presente a los comicios «a través de formas jurídicas defraudatorias de la Ley Orgánica de Partidos Políticos», en alusión a EHAK y ANV. También la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que los dos grupos «hoy están más cerca de la ilegalización» puesto que «quien incumple la Ley, paga por ello».
Fiscalía General
La iniciativa de la Abogacía coincidirá con una de idénticas características promovida por la Fiscalía General del Estado. Altos responsables del Ministerio del Interior han adelantado ya al jefe de la primera, Joaquín de Fuentes Bardají, que hay «indicios más que suficientes» para instar la ilegalización.
La Abogacía y la Fiscalía iniciarán así la vía de la Ley de Partidos -la misma que permitió en 2003 ilegalizar a Batasuna-, que correrá en paralelo al procedimiento penal emprendido por Garzón. Minutos después de conocerse su resolución, la Secretaría de Estado de Seguridad dio órdenes para que De Fuentes Bardají recibiese una copia de los 2.500 folios de pruebas y apéndices: la documentación policial era la única pieza que le faltaba tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para completar las demandas, en las que un equipo de expertos trabaja desde hace más de dos meses.
Ninguno de estos órganos ha desvelado si elevará una demanda ordinaria de ilegalización, la descrita por la Ley de Partidos, o si pedirá la prescripción de los dos grupos como un incidente de ejecución de la sentencia de Batasuna por ser sus herederos, un proceso de carácter más breve.
