nota discordante
El PSE rechaza el pacto institucional sobre la ley de servicios sociales y exige reducir el copago
Celaá exige una revisión «al alza» de las prestaciones. / TELEPRESS
Los socialistas vascos se desmarcaron ayer del anteproyecto de ley de servicios sociales que pactaron el mes pasado el Gobierno tripartito, las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). La responsable de Políticas Sociales del PSE-EE, Isabel Celaá, denunció que el texto propuesto inicialmente por la consejería de Javier Madrazo ha sufrido recortes para contentar a los gobiernos forales y anunció que su partido sólo se sumará al consenso si se negocia «una revisión al alza» durante la tramitación en la Cámara de Vitoria, que debe comenzar antes de abril.
Celaá advirtió de que el concurso socialista puede ser capital para aprobar la ley, teniendo en cuenta que las otras opciones del tripartito son negociar con el PP o con EHAK. Para empezar, el PSE exige que se suavice el copago; es decir, la parte de las prestaciones que debe pagar el ciudadano. Y rechaza que las personas mayores ingresadas en una residencia foral tengan que dejar su piso habitual en prenda para responder, al morir, de la deuda pendiente con las diputaciones.
Isabel Celaá, a la sazón parlamentaria vasca, se preguntó por qué el anteproyecto de ley pactado por las instituciones permite reclamar la vivienda habitual sólo cuando se trata de los ancianos, pero no contempla tal posibilidad cuando lo que hay que cofinanciar son otras prestaciones para ciudadanos más jóvenes. «Es injusto, discriminador y regresivo», resumió la representante socialista.
El PSE no ahorró calificativos contra esa concepción del copago, que ha sido incluida en el artículo 56.7 de la futura ley y que ya están aplicando las diputaciones vizcaína y alavesa, aunque no la guipuzcoana. «Es inmoral -prosiguió Celaá-. Es una modalidad del indecoroso 'pacto corvino' (relativo al cuervo). Así llamaban los romanos al acuerdo de los herederos en vida del causante para repartirse la herencia».
Para los socialistas, aunque el anteproyecto consensuado por Madrazo excluye del copago los inmuebles que sean valorados por debajo de un límite, en realidad consolida el modelo que se aplica en las residencias de la Diputación vizcaína, una fórmula que Celaá calificó de «confiscatoria», porque traslada «el coste íntegro del servicio sobre el patrimonio del beneficiario». A su modo de ver, el modelo de Vizcaya «invita al fraude, penaliza el ahorro y atemoriza al anciano».
Apoyo de «una persona»
La dirigente del PSE aseguró que ese punto de vista no sólo lo defiende la Ejecutiva de Euskadi, sino los socialistas vizcaínos, a pesar de que estos apoyaron en su día cofinanciar el coste de la residencias forales con el piso habitual. «Nunca fue una posición de la ejecutiva de Vizcaya, sino más bien de una persona», aseguró Óscar Seco, miembro de la dirección provincial. El compañero aludido es Josu Montalbán, integrado en el grupo socialista de las Juntas de Vizcaya.
Con carácter general, el PSE reclama que, para establecer el copago de un ciudadano, se considere «la suma de sus rentas más un 6% del patrimonio neto, excluida la vivienda habitual cuando no tenga carácter suntuario». Los socialistas reconocen que hay que concretar lo que es un piso de lujo, pero rechazan que el tope sea el precio medio de un inmueble usado en Euskadi, como dice el anteproyecto.
Los socialistas pusieron ayer en duda que ese texto garantice realmente que los servicios sociales sean iguales en los tres territorios. De hecho, permite a las diputaciones establecer sus propias fórmulas de cofinanciación para las residencias. Pero, además, el PSE criticó que el Gobierno vasco haya renunciado a crear la Alta Inspección de los Servicios Sociales, el órgano que debería controlar todas las prestaciones de Euskadi.
«En lugar de construir un sistema unificado, como ocurre con Osakidetza, se opta por la coordinación de tres modelos, uno por territorio histórico», denunció Celaá, que expresó su propósito de descubrir a cuánto ascenderá el gasto social de Euskadi respecto del PIB en 2008, un dato diseminado entre los presupuestos del Gobierno vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos.
Celaá advirtió de que el concurso socialista puede ser capital para aprobar la ley, teniendo en cuenta que las otras opciones del tripartito son negociar con el PP o con EHAK. Para empezar, el PSE exige que se suavice el copago; es decir, la parte de las prestaciones que debe pagar el ciudadano. Y rechaza que las personas mayores ingresadas en una residencia foral tengan que dejar su piso habitual en prenda para responder, al morir, de la deuda pendiente con las diputaciones.
Isabel Celaá, a la sazón parlamentaria vasca, se preguntó por qué el anteproyecto de ley pactado por las instituciones permite reclamar la vivienda habitual sólo cuando se trata de los ancianos, pero no contempla tal posibilidad cuando lo que hay que cofinanciar son otras prestaciones para ciudadanos más jóvenes. «Es injusto, discriminador y regresivo», resumió la representante socialista.
El PSE no ahorró calificativos contra esa concepción del copago, que ha sido incluida en el artículo 56.7 de la futura ley y que ya están aplicando las diputaciones vizcaína y alavesa, aunque no la guipuzcoana. «Es inmoral -prosiguió Celaá-. Es una modalidad del indecoroso 'pacto corvino' (relativo al cuervo). Así llamaban los romanos al acuerdo de los herederos en vida del causante para repartirse la herencia».
Para los socialistas, aunque el anteproyecto consensuado por Madrazo excluye del copago los inmuebles que sean valorados por debajo de un límite, en realidad consolida el modelo que se aplica en las residencias de la Diputación vizcaína, una fórmula que Celaá calificó de «confiscatoria», porque traslada «el coste íntegro del servicio sobre el patrimonio del beneficiario». A su modo de ver, el modelo de Vizcaya «invita al fraude, penaliza el ahorro y atemoriza al anciano».
Apoyo de «una persona»
La dirigente del PSE aseguró que ese punto de vista no sólo lo defiende la Ejecutiva de Euskadi, sino los socialistas vizcaínos, a pesar de que estos apoyaron en su día cofinanciar el coste de la residencias forales con el piso habitual. «Nunca fue una posición de la ejecutiva de Vizcaya, sino más bien de una persona», aseguró Óscar Seco, miembro de la dirección provincial. El compañero aludido es Josu Montalbán, integrado en el grupo socialista de las Juntas de Vizcaya.
Con carácter general, el PSE reclama que, para establecer el copago de un ciudadano, se considere «la suma de sus rentas más un 6% del patrimonio neto, excluida la vivienda habitual cuando no tenga carácter suntuario». Los socialistas reconocen que hay que concretar lo que es un piso de lujo, pero rechazan que el tope sea el precio medio de un inmueble usado en Euskadi, como dice el anteproyecto.
Los socialistas pusieron ayer en duda que ese texto garantice realmente que los servicios sociales sean iguales en los tres territorios. De hecho, permite a las diputaciones establecer sus propias fórmulas de cofinanciación para las residencias. Pero, además, el PSE criticó que el Gobierno vasco haya renunciado a crear la Alta Inspección de los Servicios Sociales, el órgano que debería controlar todas las prestaciones de Euskadi.
«En lugar de construir un sistema unificado, como ocurre con Osakidetza, se opta por la coordinación de tres modelos, uno por territorio histórico», denunció Celaá, que expresó su propósito de descubrir a cuánto ascenderá el gasto social de Euskadi respecto del PIB en 2008, un dato diseminado entre los presupuestos del Gobierno vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos.
