El Correo Digital

«Mi padre estaba muy ilusionado con la operación. Llevaba más de una década con un dolor de espalda horroroso, pero siempre se había negado a pasar por el quirófano hasta que hace cuatro años un médico le convenció para que se operase. Nos dijeron que se trataba de una intervención muy sencilla, que iba a mejorar notablemente su calidad de vida. En ningún momento se nos advirtió sobre posibles complicaciones. Lo único que nos ha quedado claro es que mi padre entró en el quirófano para operarse de la espalda y murió de una peritonitis». Amaya Ricondo y su familia denunciaron el caso ante los tribunales y el juez les ha dado la razón.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vitoria ha condenado a Osakidetza indemnizar con 120.000 euros a la esposa e hijas de Manuel Ricondo, de 69 años, por los «daños y perjuicios» ocasionados a la familia como consecuencia de una «incorrecta intervención quirúrgica» con resultado de muerte, según recoge la sentencia. «Nos hallamos ante un daño desproporcionado. Una operación de columna lumbar deriva en un grave trauma abdominal que lleva a fallecimiento del paciente», subraya el letrado de la parte demandante, Javier Arechabaleta.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2004, fecha en la que el paciente ingresa en el hospital bilbaíno de Basurto para someterse al día siguiente a una operación programada de espalda denominada técnicamente 'laminectomía descompresiva y artrodesis instrumentada de L3 a S1'. «La lesión lumbar que padecía apenas le permitía andar doscientos metros seguidos y el dolor era cada vez más intenso, por lo que decidió pasar por el quirófano», recuerda Amaya. La operación duró varias horas y transcurrió con aparante normalidad. De hecho, Manuel fue trasladado a planta esa misma noche.

«Ataques de vómito»

A la mañana siguiente, el paciente se quejaba de «fuertes dolores abdominales» y padecía «ataques de vómito». Al ver que el estado de Manuel empeoraba por momentos, los familiares avisaron al Servicio de Cirugía, cuyos médicos le diagnosticaron «abdomen agudo», un cuadro sintomatológico caracterizado por una afección y fuerte dolor que requiere un urgente diagnóstico para decidir o no sobre la necesidad de una intervención quirúrgica que puede ser decisiva para la suerte del paciente. Por ello, le realizaron una prueba -un TAC- de la que se dedujo que Manuel sufría un derrame producido por una «involuntaria perforación intestinal durante la intervención», según informa a los familiares uno de los médicos que asisten al paciente.

El informe redactado en su día por los facultativos también advierte de que Manuel «deberá ser intervenido quirúrgicamente de forma urgente para tratar de resolver la grave situación creada». Sin embargo, el paciente no es llevado a quirófano hasta las siete de la tarde. «Los médicos se lo tomaron con mucha calma y tardaron más de dos horas y media en operarle», denuncia la hija. Cuando por fin es intervenido, Manuel presenta una peritonitis generalizada «muy preocupante». Una vez finalizada la operación, el paciente es ingresado en reanimación con ventilación asistida, donde permanece hasta su fallecimiento.

Además de la «deficiente técnica quirúrgica», la querella también recoge como agravante el hecho de que ni el paciente ni sus familiares fuesen informados del riesgo de una perforación, una infección duodenal o una peritonitis durante la intervención. Otro de los argumentos esgrimidos por el abogado en defensa de sus clientes es que «no existió el perceptivo consentimiento informado para la práctica de la actividad quirúrgica inicial», además de recordar que en el fallecimiento de Manuel Ricondo resultan «determinantes» diversos gérmenes adquiridos durante su estancia hospitalaria.