atutxa, inhabilitado
Manos Limpias se felicita por la sentencia y acusa al Ministerio Público de "inquisidor político"
El sindicato critica "el oportunismo" del Ejecutivo y del Fiscal General del Estado por "dejar de perseguir un hecho delictivo"
22.01.08 - 10:54 -
El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, ha valorado la condena de Atutxa, Bilbao y Knörr como un "triunfo", pero ha criticado el comportamiento "del Ministerio Público por convertirse en una especie de inquisidor político" ya que, según ha dicho, éste "queda inhabilitado ante la sociedad" puesto que "ni ha promovido la acción de la justicia ni ha defendido la legalidad ni el interés público y social" al no perseguir a Atutxa. "Un mínimo de higiene democrática y de dignidad le harían dimitir de inmediato", ha aseverado Bernad.
Manos Limpias ha condenado moralmente al "Ejecutivo de la nación, al Fiscal general del Estado y a los subordinados de éste en el proceso" porque "por razones políticas y de oportunismo" dejaron de "perseguir un hecho delictivo cuando estaban obligados por imperativo legal a actuar".
En este sentido, ha recalcado que la sentencia "da oxígeno a un poder judicial erosionado por su falta de independencia por estar sometido a presiones políticas" y debe servir como "ejemplarizante" para aquellos políticos que "no se pueden aprovechar de sus posiciones dominantes para estar por encima de la ley cuando deben ser los máximos garantes de la misma".
Asimismo, Bernad ha insistido en que la condena pone "en evidencia la doctrina Botín", es decir, que "de no ser por la acción popular el delito y sus infractores hubieran quedado impunes". Bernad ha explicado que la sentencia "no es sólo un triunfo del sindicato", sino que es también un triunfo "de la sociedad española, del Estado de derecho, del principio de legalidad, de la independencia del poder judicial" y de que "todos los españoles somos iguales ante la ley".
Por último, ha recalcado que la tutela judicial efectiva se ha producido después de un proceso de más de cinco años "eludiendo con artimañas la acción de la justicia y descalificando e intimidando a los promotores de la acción popular".
