POLÍTICA
El Gobierno quiere empezar por EHAK la ilegalización de los herederos de Batasuna
La Policía descubre que ANV paga 1.000 euros mensuales a dirigentes de la coalición proscrita a través de testaferros
15.01.08 -
ANV. En primera fila, Miren Legorburu, Marine Pueyo, Aitor Bezares y Andoni Elorrieta, el sábado, en el Anaitasuna de Pamplona. / AFP
El Gobierno, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, quiere empezar el proceso para la ilegalización de las formaciones sospechosas de ser herederas de Batasuna con EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas). Si los planes ya esbozados no sufren cambios, ambos organismos pedirán su ilegalización a la Sala Especial del Tribunal Supremo esta misma semana.
Esta estrategia se debe a que las pesquisas policiales sobre EHAK están casi concluidas, mientras que la investigación sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV) se complica por momentos con el estudio de centenares y miles de movimientos bancarios y cuentas corrientes. No obstante, la Policía también cree haber descubierto la clave de los vínculos entre ANV y el 'frente institucional' de ETA: el partido legal paga sueldos de 1.000 euros mensuales a dirigentes de Batasuna a través de testaferros. Si la investigación puede sostener esta conclusión con suficientes pruebas, la demanda ante el Supremo contra ANV quedará registrada también antes de que termine este mes.
La presentación de ambos escritos de ilegalización ante el alto tribunal es el preámbulo del traslado de la ofensiva judicial al ámbito penal. Las mismas pruebas policiales se utilizarán para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pida al juez Baltasar Garzón que, como medida cautelar, suspenda todas las actividades de ambas formaciones, por un máximo de cinco años, dentro de las causas abiertas por delitos de terrorismo que tiene abiertas contra dirigentes de EHAK y ANV.
Según informaron ayer mandos de la lucha antiterrorista, el Ministerio del Interior estará en condiciones de entregar a la Fiscalía esta semana el primero de los informes finales, el de EHAK. La investigación sobre esta formación ha sido mucho menos compleja que la de ANV. Empezó dos años antes, en primavera de 2005, cuando las siglas recibieron el apoyo de los votantes de Batasuna en las autonómicas vascas, y sólo tiene movimientos económicos sospechosos provenientes del grupo de nueve parlamentarios que encabeza Nekane Erauskin en la Cámara de Vitoria frente a las operaciones generadas por los 437 concejales de ANV repartidos en 42 ayuntamientos vascos y navarros.
Además, el sistema para el desvío de fondos de EHAK hacia Batasuna es mucho mas simple. Se trata de la contratación directa de miembros de la Mesa Nacional proscrita. Los informes de la Policía apuntan a que este grupo ha pagado tres millones de euros a través de 49 nóminas desde 2005. De éstas, 22 pertenecen a conocidos militantes de la izquierda abertzale y seis de los sueldos mensuales han ido destinados directamente a seis miembros de la Mesa de Batasuna, entre ellos Marije Fullaondo, a la que los servicios de Información de la Policía sitúan, junto a Joseba Permach, en la cúspide de la trama de Batasuna para «colonizar tanto a EHAK como a ANV.
Fullaondo, insisten las fuerzas de Seguridad, es la persona a la que ANV se dirigía para «rendir cuentas» y pedir instrucciones. En su poder se encontró en octubre pasado un resguardo de 27.000 euros recibidos a través de una transferencia del partido con representación en el Parlamento vasco.
'Caja única'
Los sueldos que EHAK paga a los miembros de Batasuna son de 1.000 euros mensuales, la misma cantidad que, según las últimas investigaciones de los servicios de Información, hace llegar ANV a miembros de la coalición ilegalizada a través de un complicado sistema conocido como 'cuenta central'.
Los responsables de la investigación aseguran tener ya las «primeras pruebas» de que personas ligadas a los ayuntamientos gobernados por ANV hacen ingresos periódicos en esa 'caja única'. La misma cantidad es retirada con puntualidad días después por personas que, al parecer, son testaferros de militantes de Batasuna. El problema radica en que estos movimientos bancarios se cuentan por miles y el rastreo de ese dinero se hace «cada vez más complicado», por lo que se ha tenido que pedir ayuda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Los investigadores no se atreven a precisar cuántos miembros de Batasuna habrían recibido dinero de esa cuenta, en la que, de forma más esporádica, también se hacen ingresos desde EHAK. El único dirigente del partido ilegalizado al que la Policía ha podido probar vínculos económicos con ANV sin ningún tipo de duda es Maite Fernández de la Bastida, a la que se le incautaron documentos que probaban que había recibido 213 euros en julio como «complemento de nómina» por sus gastos.
Pese a la inminencia de la puesta en marcha del proceso de ilegalizaciones, el Gobierno apuesta por la prudencia. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no ocultó ayer que «es evidente que hoy ANV se ha situado, por sus actuaciones, más cerca de la ilegalización que en otro lugar». La 'número dos' del Gobierno, que aludía así al homenaje a los presuntos asesinos de la T-4 que realizó el fin de semana pasado la alcaldesa de Hernani, añadió que «si hay elementos para actuar, se actuará de forma inmediata».
Esta estrategia se debe a que las pesquisas policiales sobre EHAK están casi concluidas, mientras que la investigación sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV) se complica por momentos con el estudio de centenares y miles de movimientos bancarios y cuentas corrientes. No obstante, la Policía también cree haber descubierto la clave de los vínculos entre ANV y el 'frente institucional' de ETA: el partido legal paga sueldos de 1.000 euros mensuales a dirigentes de Batasuna a través de testaferros. Si la investigación puede sostener esta conclusión con suficientes pruebas, la demanda ante el Supremo contra ANV quedará registrada también antes de que termine este mes.
La presentación de ambos escritos de ilegalización ante el alto tribunal es el preámbulo del traslado de la ofensiva judicial al ámbito penal. Las mismas pruebas policiales se utilizarán para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pida al juez Baltasar Garzón que, como medida cautelar, suspenda todas las actividades de ambas formaciones, por un máximo de cinco años, dentro de las causas abiertas por delitos de terrorismo que tiene abiertas contra dirigentes de EHAK y ANV.
Según informaron ayer mandos de la lucha antiterrorista, el Ministerio del Interior estará en condiciones de entregar a la Fiscalía esta semana el primero de los informes finales, el de EHAK. La investigación sobre esta formación ha sido mucho menos compleja que la de ANV. Empezó dos años antes, en primavera de 2005, cuando las siglas recibieron el apoyo de los votantes de Batasuna en las autonómicas vascas, y sólo tiene movimientos económicos sospechosos provenientes del grupo de nueve parlamentarios que encabeza Nekane Erauskin en la Cámara de Vitoria frente a las operaciones generadas por los 437 concejales de ANV repartidos en 42 ayuntamientos vascos y navarros.
Además, el sistema para el desvío de fondos de EHAK hacia Batasuna es mucho mas simple. Se trata de la contratación directa de miembros de la Mesa Nacional proscrita. Los informes de la Policía apuntan a que este grupo ha pagado tres millones de euros a través de 49 nóminas desde 2005. De éstas, 22 pertenecen a conocidos militantes de la izquierda abertzale y seis de los sueldos mensuales han ido destinados directamente a seis miembros de la Mesa de Batasuna, entre ellos Marije Fullaondo, a la que los servicios de Información de la Policía sitúan, junto a Joseba Permach, en la cúspide de la trama de Batasuna para «colonizar tanto a EHAK como a ANV.
Fullaondo, insisten las fuerzas de Seguridad, es la persona a la que ANV se dirigía para «rendir cuentas» y pedir instrucciones. En su poder se encontró en octubre pasado un resguardo de 27.000 euros recibidos a través de una transferencia del partido con representación en el Parlamento vasco.
'Caja única'
Los sueldos que EHAK paga a los miembros de Batasuna son de 1.000 euros mensuales, la misma cantidad que, según las últimas investigaciones de los servicios de Información, hace llegar ANV a miembros de la coalición ilegalizada a través de un complicado sistema conocido como 'cuenta central'.
Los responsables de la investigación aseguran tener ya las «primeras pruebas» de que personas ligadas a los ayuntamientos gobernados por ANV hacen ingresos periódicos en esa 'caja única'. La misma cantidad es retirada con puntualidad días después por personas que, al parecer, son testaferros de militantes de Batasuna. El problema radica en que estos movimientos bancarios se cuentan por miles y el rastreo de ese dinero se hace «cada vez más complicado», por lo que se ha tenido que pedir ayuda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Los investigadores no se atreven a precisar cuántos miembros de Batasuna habrían recibido dinero de esa cuenta, en la que, de forma más esporádica, también se hacen ingresos desde EHAK. El único dirigente del partido ilegalizado al que la Policía ha podido probar vínculos económicos con ANV sin ningún tipo de duda es Maite Fernández de la Bastida, a la que se le incautaron documentos que probaban que había recibido 213 euros en julio como «complemento de nómina» por sus gastos.
Pese a la inminencia de la puesta en marcha del proceso de ilegalizaciones, el Gobierno apuesta por la prudencia. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no ocultó ayer que «es evidente que hoy ANV se ha situado, por sus actuaciones, más cerca de la ilegalización que en otro lugar». La 'número dos' del Gobierno, que aludía así al homenaje a los presuntos asesinos de la T-4 que realizó el fin de semana pasado la alcaldesa de Hernani, añadió que «si hay elementos para actuar, se actuará de forma inmediata».
