la fiscalidad vasca a juicio
El Tribunal de la UE enjuicia hoy las ayudas fiscales que recibieron 300 empresas vascas
La patronal aspira a que la Corte de Luxemburgo les exima de su devolución, aunque las medidas sean declaradas ilegales La cuantía total puede rondar los 1.800 millones de euros
DIPUTADOS GENERALES. Xabier Agirre, José Luis Bilbao y Markel Olano. / JESÚS ANDRADE
CRONOLOGÍA
Las empresas vascas buscan el 'premio de consolación' en la pugna jurídica que se dilucida a partir de hoy y hasta el próximo jueves en el Tribunal de Luxemburgo, en un proceso en el que la Corte comunitaria revisará un conjunto de ayudas tributarias que estuvieron vigentes en Euskadi en la década de los 90, las conocidas como 'vacaciones' y 'mini vacaciones' fiscales y deducciones a grandes inversiones. Si, como parece, las medidas sobrepasaron los límites de la legalidad de la UE, los empresarios aspiran a que, al menos, no sea necesario devolver las importantes desgravaciones a las que tuvieron acceso durante esos años.
No hay cifras oficiales, pero algunas estimaciones bastante ajustadas apuntan a que 300 empresas vascas se juegan hoy en el Tribunal de Luxemburgo una porción de su cuenta de resultados. En total unos 1.800 millones de euros, que estas mismas compañías dejaron de ingresar en las arcas de Hacienda durante esa década, bien porque eran de nueva creación y accedieron a aquellas 'vacaciones fiscales' o bien porque realizaron inversiones multimillonarias en nuevas instalaciones y equipos y recibieron la autorización del fisco para deducir el 45% de esas cantidades.
Precedentes
Prácticamente nadie se atreve ya a defender que aquellos incentivos a la inversión eran legales, porque sobrepasaban con creces los límites máximos de ayudas públicas permitidas por la UE para el territorio del País Vasco: entre un 20% y un 30% de las nuevas inversiones, según las zonas. Las sentencias previas del propio Tribunal sobre dos casos concretos -las ayudas recibidas por las compañías Daewoo y Ramondín para establecerse en Álava-, en las que indirectamente ya consideró que estas medidas fiscales sobrepasaban la legalidad, son un precedente clarificador.
Así las cosas, la estrategia que la patronal vasca ha diseñado para este procedimiento -Confebask se ha personado como parte interesada ante la Corte Europea-, trata de salvar el 'huevo' ante la evidencia de que el 'fuero' saldrá vapuleado. Los empresarios vascos, que han encargado al despacho Garrigues la defensa de sus intereses, quieren que el Tribunal aplique el principio de «confianza legítima» para eximir a las empresas de la devolución de las ayudas. Ese principio, con escaso desarrollo en el ordenamiento jurídico español pero muy habitual en el Europeo, permite a los administrados moverse con la seguridad de que actúan en virtud de una ley vigente y que se mantendrá en el tiempo, pues ha sido expedida por los órganos competentes.
Cuestión de buena fe
En el caso que ahora se enjuicia, los empresarios van a defender que ellos aplicaron unas deducciones fiscales que creyeron legales, porque habían sido aprobadas por los órganos competentes: las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. También, que actuaron de buena fe y adoptaron decisiones de inversión, que ahora pueden verse seriamente perjudicadas por la decisión del Tribunal de Luxemburgo.
La estrategia jurídica de los empresarios es una aspiración complicada pero no imposible. En el lado negativo se encuentran decisiones anteriores del propio Tribunal que, ante las demandas de la Comisión Europea, ya ordenó a las haciendas vascas que adoptasen todas las medidas posibles para recuperar esas ayudas. En el positivo, resoluciones de la Comisión sobre asuntos similares en los que se han declarado ilegales determinadas ayudas fiscales pero se ha prescindido de la devolución de las mismas. Entre ellas, una adoptada en el año 2000 que declaró contraria a la normativa comunitaria las ayudas fiscales a la exportación que se aplicaban en España -también existían en el Impuesto de Sociedades del País Vasco-, pero en la que la Comisión prescindía de exigir la recuperación de las deducción ya aplicadas por las compañías.
No hay cifras oficiales, pero algunas estimaciones bastante ajustadas apuntan a que 300 empresas vascas se juegan hoy en el Tribunal de Luxemburgo una porción de su cuenta de resultados. En total unos 1.800 millones de euros, que estas mismas compañías dejaron de ingresar en las arcas de Hacienda durante esa década, bien porque eran de nueva creación y accedieron a aquellas 'vacaciones fiscales' o bien porque realizaron inversiones multimillonarias en nuevas instalaciones y equipos y recibieron la autorización del fisco para deducir el 45% de esas cantidades.
Precedentes
Prácticamente nadie se atreve ya a defender que aquellos incentivos a la inversión eran legales, porque sobrepasaban con creces los límites máximos de ayudas públicas permitidas por la UE para el territorio del País Vasco: entre un 20% y un 30% de las nuevas inversiones, según las zonas. Las sentencias previas del propio Tribunal sobre dos casos concretos -las ayudas recibidas por las compañías Daewoo y Ramondín para establecerse en Álava-, en las que indirectamente ya consideró que estas medidas fiscales sobrepasaban la legalidad, son un precedente clarificador.
Así las cosas, la estrategia que la patronal vasca ha diseñado para este procedimiento -Confebask se ha personado como parte interesada ante la Corte Europea-, trata de salvar el 'huevo' ante la evidencia de que el 'fuero' saldrá vapuleado. Los empresarios vascos, que han encargado al despacho Garrigues la defensa de sus intereses, quieren que el Tribunal aplique el principio de «confianza legítima» para eximir a las empresas de la devolución de las ayudas. Ese principio, con escaso desarrollo en el ordenamiento jurídico español pero muy habitual en el Europeo, permite a los administrados moverse con la seguridad de que actúan en virtud de una ley vigente y que se mantendrá en el tiempo, pues ha sido expedida por los órganos competentes.
Cuestión de buena fe
En el caso que ahora se enjuicia, los empresarios van a defender que ellos aplicaron unas deducciones fiscales que creyeron legales, porque habían sido aprobadas por los órganos competentes: las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. También, que actuaron de buena fe y adoptaron decisiones de inversión, que ahora pueden verse seriamente perjudicadas por la decisión del Tribunal de Luxemburgo.
La estrategia jurídica de los empresarios es una aspiración complicada pero no imposible. En el lado negativo se encuentran decisiones anteriores del propio Tribunal que, ante las demandas de la Comisión Europea, ya ordenó a las haciendas vascas que adoptasen todas las medidas posibles para recuperar esas ayudas. En el positivo, resoluciones de la Comisión sobre asuntos similares en los que se han declarado ilegales determinadas ayudas fiscales pero se ha prescindido de la devolución de las mismas. Entre ellas, una adoptada en el año 2000 que declaró contraria a la normativa comunitaria las ayudas fiscales a la exportación que se aplicaban en España -también existían en el Impuesto de Sociedades del País Vasco-, pero en la que la Comisión prescindía de exigir la recuperación de las deducción ya aplicadas por las compañías.
