
El juez de Menores y Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, sopesa esta opción después de constatar la imposibilidad de que los jóvenes se dediquen a limpiar pintadas relacionadas con la violencia callejera, tal y como había establecido en la sentencia. Según informó ayer Europa Press, el ministerio de Justicia y el Gobierno vasco carecen que un convenio que permita a los jóvenes cumplir la pena como está redactada. Así se lo han hecho constar al magistrado desde la consejería que dirige Joseba Azkarraga.
Tras ser informado de este obstáculo, y después de haber solicitado formalmente al Gobierno central que subsane el vacío legal -una petición que no ha sido atendida de momento por el ministerio de Mariano Fernández Bermejo-, el juez Castro ha optado por buscar otras alternativas con el fin de que los trabajos en beneficio de la comunidad no dejen de realizarse. Para ello ha solicitado a las trabajadoras sociales adscritas al juzgado y también a personas cercanas a las víctimas de ETA que le propongan ONGs u organizaciones que acepten a estos menores. Las funcionarias optaron por los servicios de Cruz Roja y de la DYA en el País Vasco, y desde los daminificados por el terrorismo se eligió a Basta Ya y Gesto por la Paz.
Multa de 300 euros
El pasado viernes 4, Castro dictó una providencia instando a las cuatro asociaciones a remitir al juzgado un informe en el que aclaren si disponen de medios para acoger algún tipo de actividad para los menores procesados. El juez elegirá una de ellas en los próximos días en atención a los intereses de los jóvenes.
El Juzgado Central de Menores ya ha ejecutado parte de la condena, puesto que ambos muchachos han abonado a la familia de Ordóñez los 300 euros a los que cada uno de ellos fueron castigados en concepto de indemnización por los daños cometidos en la tumba. Las mismas fuentes señalan que el tribunal no ha dejado de trabajar desde la imposición de la pena, con el fin de que sea cumplida cuanto antes.
En este sentido, aseguran que ha enviado varias rogatorias al ministerio de Justicia para que acelerara los acuerdos necesarios con el Gobierno vasco y los jóvenes pudieran limpiar las pintadas de algún municipio de Euskadi. Al no haber recibido respuesta alguna y temer que el convenio entre ambas administraciones no llegue a producirse, Castro ha optado por buscar alternativas para el cumplimiento efectivo de la pena en alguna ONG, preferiblemente de las que trabaja a diario con víctimas de la violencia etarra.






