ANÁLISIS
Justicia educativa
04.01.08 -
Uno de los abordajes más creativos y efectivos en la administración de justicia para menores lo aplica Emilio Calatayud, juez de menores en Granada. Alguna parte de las penas que impone ante ciertos delitos cometidos por jóvenes está relacionada con sanciones que buscan acercar al individuo a las consecuencias nocivas de la propia conducta. Igual que está ocurriendo con los jóvenes destrozadores de la estación de metro de Algorta.
En democracia, la pena persigue, al menos conceptualmente, la reinserción del delincuente. De esa filosofía a la realidad existe, como siempre, una distancia. El sistema penal carga la mayor parte de un virtual efecto terapéutico en la capacidad disuasoria e inhibitoria, por su poder aversivo, de la privación de libertad. El encarcelamiento se ha venido considerando como el mejor 'jarabe' para que una persona entienda que no le sale rentable volver a delinquir.
En sentido estricto, la prisión no resocializa, sino que introduce en el sujeto un aprendizaje sobre las pérdidas personales que le ocasionaría la repetición de determinado comportamiento en la sociedad. Es decir, el individuo no deja de ser malo, sino de comportarse con maldad. El convencimiento interior basado en la adquisición de valores de respeto y adecuación a normas no es probable que se propicie únicamente por el encarcelamiento o la sanción penal. El que hace daño y va a la cárcel deja de hacer daño para no ir a la cárcel, pero no tiene claro que no tenga derecho a continuar haciendo daño. Entre otras cosas, muchos de los delincuentes elaboran una moral justificadora de sus delitos, con lo cual sólo se sienten parcialmente responsables de unos actos que, en su visión interna del mundo, tienen algún derecho a acometer para adaptarse a una sociedad que les maltrata.
Entra dentro de lo razonable, pues, que con la reinserción en los adultos hayamos llegado a conformarnos con que no vuelvan a delinquir, sin importarnos si se lo creen del todo o no. Con los jóvenes debería darnos menos lo mismo, porque son la base de la sociedad en el futuro. Por ello, la iniciativa en Getxo es tan importante y esperanzadora. Lo peor de la sociedad líquida o débil que estamos a punto de construir si seguimos así es que muchos de nuestros jóvenes están habituados a tomar decisiones que corren a cuenta de unos padres sobreprotectores. Estos menores rara vez reciben las consecuencias de su conducta.
La iniciativa de Algorta va en ese sentido educador, acercando al sujeto que se comporta antisocialmente a su víctima, con lo que tiene más probabilidades de sentir su sufrimiento, en este caso, el perjuicio ocasionado. Que los padres además paguen una indemnización es un detalle de calidad del acuerdo extrapenal al que se ha llegado, pues la conducta del menor es parcialmente responsabilidad de sus padres.
*Andrés Montero es director del Instituto de Psicología de la Violencia
En democracia, la pena persigue, al menos conceptualmente, la reinserción del delincuente. De esa filosofía a la realidad existe, como siempre, una distancia. El sistema penal carga la mayor parte de un virtual efecto terapéutico en la capacidad disuasoria e inhibitoria, por su poder aversivo, de la privación de libertad. El encarcelamiento se ha venido considerando como el mejor 'jarabe' para que una persona entienda que no le sale rentable volver a delinquir.
En sentido estricto, la prisión no resocializa, sino que introduce en el sujeto un aprendizaje sobre las pérdidas personales que le ocasionaría la repetición de determinado comportamiento en la sociedad. Es decir, el individuo no deja de ser malo, sino de comportarse con maldad. El convencimiento interior basado en la adquisición de valores de respeto y adecuación a normas no es probable que se propicie únicamente por el encarcelamiento o la sanción penal. El que hace daño y va a la cárcel deja de hacer daño para no ir a la cárcel, pero no tiene claro que no tenga derecho a continuar haciendo daño. Entre otras cosas, muchos de los delincuentes elaboran una moral justificadora de sus delitos, con lo cual sólo se sienten parcialmente responsables de unos actos que, en su visión interna del mundo, tienen algún derecho a acometer para adaptarse a una sociedad que les maltrata.
Entra dentro de lo razonable, pues, que con la reinserción en los adultos hayamos llegado a conformarnos con que no vuelvan a delinquir, sin importarnos si se lo creen del todo o no. Con los jóvenes debería darnos menos lo mismo, porque son la base de la sociedad en el futuro. Por ello, la iniciativa en Getxo es tan importante y esperanzadora. Lo peor de la sociedad líquida o débil que estamos a punto de construir si seguimos así es que muchos de nuestros jóvenes están habituados a tomar decisiones que corren a cuenta de unos padres sobreprotectores. Estos menores rara vez reciben las consecuencias de su conducta.
La iniciativa de Algorta va en ese sentido educador, acercando al sujeto que se comporta antisocialmente a su víctima, con lo que tiene más probabilidades de sentir su sufrimiento, en este caso, el perjuicio ocasionado. Que los padres además paguen una indemnización es un detalle de calidad del acuerdo extrapenal al que se ha llegado, pues la conducta del menor es parcialmente responsabilidad de sus padres.
*Andrés Montero es director del Instituto de Psicología de la Violencia
