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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 23 julio 2014

Sociedad

RÉGIMEN DE LOS PISOS PROTEGIDOS
El Ararteko pide que los compradores de VPO usada no abonen el impuesto de transmisiones
El 'ombudsman' vasco emplaza al Departamento de Vivienda y a las diputaciones a llegar a un acuerdo para evitar «el trato discriminatorio» denunciado por un usuario de Etxebide
31.12.07 -
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El Ararteko pide que los compradores de VPO usada no abonen el impuesto de transmisiones
CONTROL. Íñigo Lamarca, durante una comparecencia en una comisión del Parlamento vasco. / EL CORREO
El Ararteko ha pedido al Gobierno vasco y a la Diputación de Guipúzcoa que se pongan de acuerdo para que las segundas ventas de las viviendas de protección oficial (VPO) dejen de gravarse con el impuesto de transmisiones cuando se formalicen directamente entre el titular y el nuevo comprador de Etxebide; es decir, sin la intervención formal del Departamento de Vivienda. El 'ombudsman' vasco, Íñigo Lamarca, sostiene que el cobro de ese gravamen representa un «trato discriminatorio» respecto a otras compraventas de VPO que sí están fiscalmente exentas porque el inmueble lo entrega la Administración autónoma.

La consejería de Javier Madrazo ha reconocido a EL CORREO que ese problema afecta todos los años a unas 200 personas inscritas en las listas de Etxebide. El Ararteko se ha pronunciado sobre la cuestión al recibir la queja de un guipuzcoano al que la consejería de Javier Madrazo propuso que comprara un piso protegido de segunda mano a su anterior titular. Posteriormente, la Hacienda foral de Guipúzcoa le reclamó el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como hace con las demás operaciones inmobiliarias entre particulares. Sin embargo, el contribuyente consideró que sus intereses habían resultado lesionados por la forma concreta en que tuvo que realizar la compraventa.

En la actualidad, el Departamento de Vivienda puede entregar las VPO de segunda mano de dos maneras. La primera es directa y está exenta del oneroso impuesto de transmisiones, que en el País Vasco representa el 6% del valor del inmueble. Se aplica cuando el Gobierno vasco ha comprado una VPO a su primer titular, ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. A continuación, la pone a disposición de un aspirante de Etxebide.

La segunda fórmula -la que afectó al denunciante guipuzcoano- es indirecta y no se beneficia de la exención fiscal. Está recogida en una instrucción de la Viceconsejería de Vivienda que fue aprobada en 2005. Esa instrucción dice que si el adjudicatario de una VPO, o el dueño de un piso libre, los ofrecen al Gobierno vasco de forma voluntaria, sin que éste tenga que ejercer el derecho de tanteo, Etxebide busca un aspirante en sus listas y le ofrece la vivienda con un requisito: la venta no la realizará la Administración vasca, sino que el comprador deberá firmar las escrituras con el propietario.

El Departamento de Vivienda alega que ese sistema «evita dobles adquisiciones» de un mismo inmueble. Sin embargo, esa fórmula no se ha coordinado con las administraciones forales, que son las que fijan los gravámenes en sus territorios. De ese modo, la Diputación de Guipúzcoa aplica el impuesto de transmisiones en tales casos, aunque el comprador figure en las listas de Etxebide y este organismo haya diseñado la operación. El ciudadano que fue requerido por la Hacienda foral subraya ese detalle en el escrito que envió al Ararteko: él se limitó a actuar como le había indicado el Gobierno vasco.

Resolver el problema

El 'ombudsman' considera lógica la irritación manifestada por el contribuyente, de manera que ha enviado una resolución a la Diputación de Guipúzcoa y otra al Departamento de Vivienda, para que solucionen un problema entre instituciones del que, a fin de cuentas, los ciudadanos no tienen la culpa.

Al gobierno foral le pide que devuelva la cantidad que ha cobrado. De forma paralela, le propone realizar una interpretación «razonable» de sus normas tributarias cuando se encuentre con una VPO vendida directamente por su primer propietario a un ciudadano inscrito en Etxebide. Después de todo, el Gobierno vasco garantiza que esa persona ha pasado los controles públicos que acreditan su derecho a un piso protegido exento de ciertas cargas fiscales.

Pero el 'ombudsman', además de desarrollar una argumentación jurídica para pedir flexibilidad a la Hacienda guipuzcoana, también recuerda que el Parlamento vasco exigió una rebaja de la fiscalidad de los pisos protegidos. El llamamiento se produjo a finales del año pasado, durante el debate sobre el Plan Director de Vivienda 2006-2009.

En la segunda resolución, Íñigo Lamarca advierte al Departamento de Madrazo de que la instrucción que aprobó en 2005 -la que regula la venta de viviendas ofrecidas al Gobierno vasco por su dueño- es nula «de pleno derecho». El Ararteko entiende que ese soporte jurídico no es el adecuado para abordar el asunto, pues una instrucción tan sólo es una directriz que un superior jerárquico de la Administración comunica a un subordinado. Sin embargo, en este caso, a la instrucción se le ha dado un carácter «claramente normativo» y con consecuencias para terceras personas -los demandantes de VPO-; y eso excede las atribuciones de la viceconsejería que aprobó esa medida.

El Gobierno vasco se ha mostrado dispuesto a resolver esa cuestión formal y a plantear el problema del impuesto de transmisiones en el Órgano de Coordi- nación Tributaria, el foro en el que las diputaciones y la Administración autónoma analizan periódicamente los impuestos de los vascos. El 'ombudsman' señala, en cualquier caso, que la nueva regulación que pueda aprobarse debería eliminar «cualquier tipo de trato discriminatorio en segundas y posteriores transmisiones de pisos de protección oficial».
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