POLÍTICA
Arrecian las críticas a Interior por no impedir marchas a favor de los presos
Dignidad y Justicia estudia denunciar a la Policía vasca y el PP censura la «pasividad» del Gobierno
31.12.07 -
La asociación Dignidad y Justicia presentó ayer un requerimiento oficial a la Ertzaintza para que impida las manifestaciones previstas para hoy a favor de los presos de ETA y que han sido prohibidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En el escrito, la agrupación no descarta denunciar a la Policía vasca ante el magistrado, ya que otra serie de manifestaciones convocadas para el día 28 y prohibidas por los Juzgados centrales se celebraron sin que la Ertzaintza las suspendiera.
El juez Baltasar Garzón dictó el pasado 28 de diciembre un auto en el que consideraba ilegales las manifestaciones en las que hubiera constancia de que «ETA, Segi, Ekin, Gestoras, Askatasuna o Batasuna» fueran los convocantes, por lo que los agentes vascos debían «adoptar las medidas necesarias para impedir la celebración de aquellas marchas» en las que aparecieran «logos o carteles de las organizaciones citadas». El magistrado ordenó a la Policía autónoma que tomara todas las medidas necesarias para que se llevara a la práctica su resolución y que «requiera a los convocantes para que se abstengan de instar a las citadas movilizaciones».
Según Dignidad y Justicia, uno de los organismos que apoya las marchas a favor de los presos es la ilegal Segi. El mismo día 28 se celebraron en distintas localidades vascas actos por los reclusos, a los que se sumaron sindicatos como LAB o ELA, y está previsto que hoy tenga lugar otra convocatoria en Algorta.
También centenares de familiares de presos de ETA, convocados por Etxerat, se manifestaron ayer desde el Juzgado de San Sebastián hasta la cárcel de Martutene para reclamar el respeto a los derechos de los reclusos de la banda armada y reiterar su compromiso de que seguirán trabajando por este colectivo hasta lograr la amnistía. A su llegada al penal, un portavoz de Etxerat reiteró la denuncia de la situación de los terroristas recluidos por la «imposición» del Estado. A pesar de ello, aseguró que seguirán trabajando hasta lograr la amnistía, «que le ofrezca a este pueblo otro futuro».
«Legalidad 'de facto'»
Aparte de la reclamación judicial que estudia Dignidad y Justicia, las críticas al Departamento vasco de Interior arreciaron ayer desde el PP, que criticó la «pasividad e inhibición» del Gobierno autonómico ante las concentraciones desarrolladas el pasado viernes en favor de los presos de ETA. El parlamentario popular Carlos Urquijo acusó en un comunicado al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe de «permitir a Batasuna ocupar las calles y además, le otorga, una legalidad 'de facto'». «El Ejecutivo vasco ignora las resoluciones judiciales cuando le incomodan y se apoya en ellas cuando le conviene», agregó Urquijo en referencia a la prohibición de los actos decretada por la Audiencia Nacional.
El parlamentario conservador recordó que hoy están previstas nuevas concentraciones con el mismo motivo que las del viernes y mostró su confianza en que el Gobierno vasco «rectificará», demostrando que «sí está dispuesto a acatar las órdenes judiciales». Carlos Urquijo anunció que «pedirá explicaciones en el Parlamento por medio de una pregunta para que sea respondida en Pleno sobre el trabajo de investigación llevado a cabo desde el Departamento de Interior para comprobar la identidad de los convocantes de las manifestaciones celebradas el pasado viernes».
La propia organización Etxerat cuantificó la asistencia a estas marchas en más de 10.000 personas y aseguró que se habían celebrado en un total de 82 municipios de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés. La mitad de estos actos tuvo lugar en Guipúzcoa, aunque las manifestaciones de mayor asistencia fueron las de Vitoria y Bilbao, con 1.300 y 1.000 personas, respectivamente.
El juez Baltasar Garzón dictó el pasado 28 de diciembre un auto en el que consideraba ilegales las manifestaciones en las que hubiera constancia de que «ETA, Segi, Ekin, Gestoras, Askatasuna o Batasuna» fueran los convocantes, por lo que los agentes vascos debían «adoptar las medidas necesarias para impedir la celebración de aquellas marchas» en las que aparecieran «logos o carteles de las organizaciones citadas». El magistrado ordenó a la Policía autónoma que tomara todas las medidas necesarias para que se llevara a la práctica su resolución y que «requiera a los convocantes para que se abstengan de instar a las citadas movilizaciones».
Según Dignidad y Justicia, uno de los organismos que apoya las marchas a favor de los presos es la ilegal Segi. El mismo día 28 se celebraron en distintas localidades vascas actos por los reclusos, a los que se sumaron sindicatos como LAB o ELA, y está previsto que hoy tenga lugar otra convocatoria en Algorta.
También centenares de familiares de presos de ETA, convocados por Etxerat, se manifestaron ayer desde el Juzgado de San Sebastián hasta la cárcel de Martutene para reclamar el respeto a los derechos de los reclusos de la banda armada y reiterar su compromiso de que seguirán trabajando por este colectivo hasta lograr la amnistía. A su llegada al penal, un portavoz de Etxerat reiteró la denuncia de la situación de los terroristas recluidos por la «imposición» del Estado. A pesar de ello, aseguró que seguirán trabajando hasta lograr la amnistía, «que le ofrezca a este pueblo otro futuro».
«Legalidad 'de facto'»
Aparte de la reclamación judicial que estudia Dignidad y Justicia, las críticas al Departamento vasco de Interior arreciaron ayer desde el PP, que criticó la «pasividad e inhibición» del Gobierno autonómico ante las concentraciones desarrolladas el pasado viernes en favor de los presos de ETA. El parlamentario popular Carlos Urquijo acusó en un comunicado al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe de «permitir a Batasuna ocupar las calles y además, le otorga, una legalidad 'de facto'». «El Ejecutivo vasco ignora las resoluciones judiciales cuando le incomodan y se apoya en ellas cuando le conviene», agregó Urquijo en referencia a la prohibición de los actos decretada por la Audiencia Nacional.
El parlamentario conservador recordó que hoy están previstas nuevas concentraciones con el mismo motivo que las del viernes y mostró su confianza en que el Gobierno vasco «rectificará», demostrando que «sí está dispuesto a acatar las órdenes judiciales». Carlos Urquijo anunció que «pedirá explicaciones en el Parlamento por medio de una pregunta para que sea respondida en Pleno sobre el trabajo de investigación llevado a cabo desde el Departamento de Interior para comprobar la identidad de los convocantes de las manifestaciones celebradas el pasado viernes».
La propia organización Etxerat cuantificó la asistencia a estas marchas en más de 10.000 personas y aseguró que se habían celebrado en un total de 82 municipios de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés. La mitad de estos actos tuvo lugar en Guipúzcoa, aunque las manifestaciones de mayor asistencia fueron las de Vitoria y Bilbao, con 1.300 y 1.000 personas, respectivamente.
