
Agentes de la Policía Nacional, durante los registros en herriko tabernas de San Sebastián. /Archivo
La "Sala del 61" del Tribunal Supremo (TS) se reunirá el próximo miércoles para continuar sus deliberaciones sobre si procede extender la liquidación patrimonial de Batasuna a los bienes cuya titularidad ostentan las sociedades que regentan las herriko tabernas y si ordena el embargo de estos establecimientos. La última vez que se reunieron los 16 magistrados que componen la Sala Especial o del artículo 61 del TS, que dictó en 2003 la sentencia de ilegalización de Batasuna, fue el pasado 10 de julio, sin que tomaran una decisión al respecto.
Según han informado fuentes del Alto Tribunal, la reunión comenzará a las 10.30 horas del próximo 12 de diciembre. El pasado 23 de octubre la Sala Especial dictó un auto en el que ordenaba la entrada en las herriko tabernas para inventariar sus locales, dinero y enseres.
El auto aludía a un informe de los liquidadores de la Agencia Tributaria en el que éstos señalaban que "existen numerosos bienes y derechos que formalmente ostentados por asociaciones culturales y en algunos casos sociedades mercantiles que aparecen como titulares de las herriko tabernas (...) pertenecerían en realidad material y efectivamente a la propia Batasuna". El Supremo abrió un trámite de audiencia para que las partes se pronunciaran sobre las medidas cautelares que podrían adoptarse para asegurar, en su caso, la efectividad de una posterior resolución de la Sala que acordara la liquidación patrimonial de los locales, bienes muebles y enseres de las "herrikos".
Medida cautelar
Las medidas cuya eventual adopción se sometió a la consideración de las partes fueron el embargo de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio de estos establecimientos, así como su cierre. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado informaron al TS de que consideraban que antes de adoptar medida cautelar alguna debería darse audiencia previa "a todos y cada uno de los directivos o cargos representativos" que figuren como propietarios de las herriko tabernas.
En marzo de 2003 la Sala del 61 acordó la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna al estimar que estas formaciones habían vulnerado la Ley de Partidos y ordenó la cancelación de las inscripciones de estas formaciones en el Registro de Partidos Políticos. Además se abrió un proceso de liquidación patrimonial de HB-EH-Batasuna tal y como se establece en la Ley de Partidos, que señala que "la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora" y que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".