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decisión salomónica
El juez prima a los peatones en el puente de Calatrava
El uso público prevalece sobre los derechos del autor, pese a que su obra ha sido «alterada»

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El juez prima a los peatones en el puente de Calatrava
CONTROVERSIA. Varios peatones atraviesan ayer el empalme de Isozaki con la pasarela Calatrava, objeto del pleito que ha enfrentado al arquitecto con el Ayuntamiento de Bilbao. / MAITE BARTOLOMÉ
El puente de Calatrava es una obra de arte, pero, sobre todo, es un puente. Esta es la conclusión clave de la sentencia sobre el 'caso Calatrava', hecha pública ayer. O dicho de otra manera, la utilidad pública ha prevalecido sobre los derechos de su autor, los dos argumentos de peso en un litigio sin precedentes en España. En el pleito, el arquitecto valenciano denunciaba que la conexión al viaducto de Isozaki «vulnera» la integridad de su pasarela y culpaba de ello al Ayuntamiento de Bilbao, quien defendía la vocación de servicio de la infraestructura. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha inclinado la balanza hacia la funcionalidad y, por extensión, ha primado el uso peatonal, lo que avala una de las tesis del Consistorio. Un alivio para éste, pues el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui ha desestimado la demanda de Santiago Calatrava y las exigencias que conllevaba: la demolición del «añadido» y, en su defecto, tres millones de indemnización.

Pese a descartar estas peticiones en favor del Ayuntamiento, la sentencia cuestiona, cuando no rechaza, muchos de los argumentos esgrimidos durante el juicio por esta institución y los promotores de la urbanización Isozaki Atea, unidos en la misma causa frente al arquitecto valenciano. El juez reitera que el puente 'Zubi-zuri' es una obra artística que merece ser protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Y confirma que la unión a la pasarela peatonal de Isozaki «altera» de forma «apreciable» la pieza original de Santiago Calatrava y, por tanto, «vulnera» su integridad arquitectónica.

Incluso censura la decisión municipal de «no dirigirse a Calatrava» para encargarle la prolongación peatonal hasta El Ensanche ni de informarle de que otro profesional se ocuparía de ello, en busca de su «autorización». «No ha sido así y quizá sea el origen de este litigio», apunta Rodríguez Achútegui en la resolución. «No se ha hecho el mínimo esfuerzo, ni siquiera a efectos puramente formales, para solicitar del autor del puente su modificación», señala.

Estos son los 'peros' más significativos de la sentencia que afectan al Consistorio, «dueño de la obra». Aunque desestima la demanda, lo que permite al Ayuntamiento salir airoso del envite, el juez admite en cierto modo que el fallo es susceptible de controversia jurídica, sobre todo si la parte demandante, a la que reconoce la solidez de algunos de sus argumentos, presenta un recurso, cosa que ayer mismo anunció. El titular del juzgado que ha instruido el caso confiesa que «la falta de precedentes» en un litigio similar «permite constatar las serias dudas de derecho que se han expuesto en esta resolución». Por tanto, ordena a cada parte el pago de las costas del juicio. Por lo general, suele asumir este coste el 'perdedor' del juicio.

«Obligado a soportar»

Más allá de los 'peros', el juez establece con claridad qué ha pesado más en un litigio de esta naturaleza, en el que 'chocaban' dos obras públicas firmadas por arquitectos de reconocido prestigio. A falta de «criterios asentados por los tribunales», tira de sentido común. Con la base de que ambos puentes sirven para «conectar las dos márgenes de la ría», matiza que el viaducto de Isozaki evita «las continuas subidas y bajadas» al muelle de Uribitarte, lo que facilita el tránsito peatonal a la misma cota que el puente de Calatrava.

Por este motivo, sostiene que el interés público «debe prevalecer» sobre el privado, aunque la obra de Calatrava «merezca toda la consideración» y su derecho de autor «sea innegable». A su juicio, la conexión peatonal hasta El Ensanche, de la que recuerda que ya estaba contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1989 y ratificada con posterioridad, pesa mucho como pieza urbanística en la regeneración de Bilbao. Tanto, que el arquitecto valenciano «está obligado a sufrir» la alteración de su pasarela, incidente que el magistrado considera probado, «en atención al servicio público que su obra atiende». Es decir, que «el interés público de los ciudadanos es el límite que tiene que soportar el derecho moral a la integridad de la obra del autor».

Posiblemente, este es el extracto más novedoso de una sentencia que sentará jurisprudencia. En el 'caso Calatrava', se ha roto el diseño original del 'Zubi-zuri' por su unión al viaducto de Isozaki, pero «no se violenta» el derecho moral del arquitecto valenciano porque por encima de él están los usuarios del puente.

Esta es la jerarquía que prevalece en la resolución. Otra cosa hubiera sido con dos intereses privados en juego o dos obras artísticas «creadas para el disfrute y la contemplación», que no es el caso. Así lo recuerda el juez, en lo que es el primer capítulo del litigio. La infraestructura «no está destinada al uso particular de la Corporación», sino que su función pública es tan «legítima y digna de protección como el derecho de autor del demandante y el de propiedad del Ayuntamiento». Lo ideal, apunta, habría sido que las partes «hubieran compatibilizado» sus intereses, aunque fuera «difícil».
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