El fallo, por tanto, puede quedarse en una simple victoria moral del alumno frente a la Administración autonómica, aunque también cabe la opción de iniciar un nuevo procedimiento contencioso, según fuentes consultadas por este diario, para exigir responsabilidades a la Consejería de Educación como responsable patrimonial de la decisión que adoptó en su día.
La decisión corresponde por tanto a los padres, quienes deberán pronunciarse ahora por una de las dos alternativas posibles anteriormente reseñadas.






