
«Hemos cometido un fallo y pedimos disculpas», asumió ayer el alcalde, Oskar Martínez. Su decisión servirá para calmar una polémica que ha corrido como la pólvora por los barrios de la localidad. De hecho, a mediados del pasado mes de octubre, las cinco agrupaciones vecinales del enclave unieron sus fuerzas para criticar el «abusivo e inadmisible incremento» del IBI e iniciaron una campaña de recogida de firmas por los bares y tiendas de Ortuella.
Hasta ahora, ya han recopilado más de 2.500 adhesiones. Aunque el problema se ha solucionado, presentarán las rúbricas en el Ayuntamiento para «mostrar el descontento de la gente sobre cómo se ha gestionado esta situación».
Movilizaciones
La oposición a la medida era tal que las plataformas vecinales tenían previsto convocar una concentración de protesta ante el Consistorio. Las críticas también habían llegado, de forma reiterada, por parte del PSE-EE, al que el alcalde acusó ayer de «oportunismo político».
El Ejecutivo local fue el primer «sorprendido» por la operación. «Cuando vimos los recibos, nos dimos cuenta de que algo habíamos hecho mal», recordó la concejal de Hacienda, Ainara San Román.
El aumento ha afectado a cada economía familiar de una manera diferente. En función del valor catastral del inmueble, algunas facturas se incrementaron en 30 euros, mientras que otras personas han abonado incluso 200 euros más que el año pasado. «En Aiega, la subida era de más de 100 euros», denunció el presidente de la agrupación Aizaharbe, José Ángel Seijo. Las devoluciones se realizarán por el sistema elegido para pagar el impuesto: por domiciliación bancaria o en efectivo.










