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La recusación de los tres jueces atasca el 'caso Ibarretxe' en el Tribunal Superior
Gobierno vasco y Foro Ermua quieren apartar a los magistrados por haber prejuzgado el caso, lo que demorará el inicio del juicio más de tres meses El Ejecutivo cree que dos de ellos son contrarios a las tesis del lehendakari
PRESIDENTE DEL TSJPV. Fernando Ruiz Piñeiro saluda al lehendakari durante una recepción oficial en Ajuria Enea. / EL CORREO
Una nueva piedra en el camino del 'caso Ibarretxe'. La recusación de los tres magistrados que deberían juzgar al lehendakari y a Patxi López por sus reuniones con Batasuna generará un nuevo problema en el Tribunal Superior vasco, que con toda probabilidad tendrá que buscar magistrados sustitutos para ocupar las vacantes. La vía abierta causará un importante atasco en la tramitación de todo el expediente y dilatará aún más en el tiempo el procedimiento penal, lo que podría suponer que la vista oral no llegue a celebrarse hasta después de las elecciones de marzo.
Como ya adelantó EL CORREO hace siete días, el Gobierno vasco hizo ayer pública su voluntad de recusar a dos de los integrantes de la Sala encargada del caso, el presidente Fernando Ruiz Piñeiro y el magistrado Antonio García, al entender que ambos han demostrado una manifiesta «falta de imparcialidad» hacia el lehendakari durante todo el proceso penal. Un paso que también dará la acusación popular ejercida por el Foro Ermua, que ayer aseguró a este periódico que ha comenzado a elaborar el escrito con el que intentará forzar la salida del tribunal de la jueza Nekane Bolado, discrepante de sus compañeros de tribunal y desde el principio favorable a sobreseer la causa al no apreciar «indicios de delito» en ninguna de las reuniones con dirigentes de Batasuna. Ambas partes deberán aguardar aún varias semanas para formalizar este trámite, que la defensa del PSE y Dignidad y Justicia han descartado.
Todo ello colocará al Tribunal Superior en una situación complicada, muy similar a la que ya se vivió en el Palacio de Justicia bilbaíno durante el 'caso Atutxa'. Entonces, las recusaciones -en las que se vieron implicados Ruiz Piñeiro, García y Roberto Saiz, el ahora instructor en el 'caso Ibarretxe'- obligaron a conformar la terna del tribunal para el juicio entre los componentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social, no especializados en procesos penales. «Es una situación embarazosa y un lío porque, de repente, te encuentras con que debes juzgar un caso importante, sobre el que todo el mundo está atento, sin ser tú un experto en la materia porque tu especialidad es otra», reconocía ayer un magistrado en ejercicio.
A diferencia de entonces, el Superior vasco tiene elaborada ahora una lista que determina el orden de los sustitutos. Según esta relación, avanzada por Europa Press, de salir adelante todas las recusaciones deberían hacerse con las riendas del juicio el quinto juez de la Sala de lo Penal, Antón Subinas -nombrado a propuesta del PNV- y los presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social, Juan Luis Ibarra y Manuel Díaz de Rábago.
Una terna que también podría verse alterada porque Ibarra figura como uno de los miembros del consejo editorial de la revista que edita el Foro Ermua. Su inclusión en este órgano, que sólo se ha reunido una vez en los orígenes de la asociación, podría servir para apartarle del caso, si el propio magistrado no opta por hacerse a un lado para preservar la independencia del tribunal. Otras fuentes judiciales no descartan tampoco la recusación de Díaz de Rábago por haber vertido sus opiniones sobre esta causa en diferentes medios de comunicación vascos. El enredo provocaría la entrada en el tribunal de los jueces Antonio Guerra, de lo Contencioso, y Emilio Palomo, de lo Social.
Para llegar a todo ello, el Ejecutivo autónomo deberá materializar el anuncio efectuado ayer tras el habitual consejo de Gobierno de los martes. El tripartito emitió una dura declaración contra dos de los jueces del tribunal, a quienes acusó de haber actuado con una manifiesta «falta de imparcialidad».
La lectura del acuerdo por parte de la portavoz Miren Azkarate destapó una durísima censura al presidente del Tribunal Superior y de la Sala de lo Civil y lo Penal, Fernando Ruiz Piñeiro, y al magistrado Antonio García. Ambos, según el Ejecutivo, tienen «un interés directo sobre el fondo de la causa seguida contra el lehendakari». Tras tomar como referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que «ha reiterado el derecho de todas las personas a disponer de un juez o un tribunal imparcial», el Gabinete Ibarretxe no duda en señalar que «estos magistrados no cumplen» ese derecho.
El Ejecutivo vasco imputa a uno y otro magistrado la «ostentación pública» que, de manera reiterada, han hecho «de su posición contraria a cualquier clase de diálogo político para resolver los conflictos». Les reprocha, además, que hayan emitido estas opiniones «resaltando que lo hacían en su condición de miembros del tribunal que debe enjuiciar al lehendakari». En su dura exposición de motivos, el Gobierno tampoco pasa por alto que, «a pesar de su condición de magistrados, ambos han opinado reiteradamente sobre cuestiones políticas y ambos se han manifestado contrarios a las ideas que democráticamente expresa y defiende» Ibarretxe, en alusión a su proyecto de consulta ciudadana.
«Fuera de la ley»
A este respecto, fuentes de la Lehendakaritza recordaban ayer las declaraciones que Antonio García, en su condición de portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura -mayoritaria en la profesión y de corte conservador-, realizó al día siguiente del Pleno de Política General en el que el jefe del Ejecutivo autónomo dio a conocer su 'hoja de ruta'. En aquella ocasión, García aseguró que la consulta prevista por Ibarretxe sería una «actuación fuera de la Ley» y, como tal, resultaría «no sólo ilegal, sino manifiestamente ilegítima». En opinión del Gobierno vasco, tanto Ruiz Piñeiro como su compañero en la Sala de lo Penal están «contaminados judicialmente por haber resuelto cuestiones referentes al procedimiento».
Azkarate también se refirió a la decisión de la fiscal-jefe del TSJPV, María Angeles Montes, de pedir la absolución de Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares, Arnaldo Otegi y otros cuatro integrantes de la izquierda abertzale. En su opinión, «viene a demostrar lo que este Gobierno ha repetido una y otra vez: el juez instructor y los miembros que hemos decidido recusar atienden sólo a las razones del Foro de Ermua y de Dignidad y Justicia. No atienden las razones de la Fiscalía, ni de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo». Se trata, sentenció, de «una prueba palpable más de la sinrazón jurídica de todo este camino».
Por su parte el Foro Ermua defendió la labor de los jueces recusados por el Ejecutivo autónomo y se mostró convencido de que no hay «argumentos de peso» para sacarles del tribunal. «Han sido extremadamente cuidadosos para no contaminarse con los autos que han firmado», señaló el abogado Fernando García-Capelo. En su opinión, sí está contaminada Nekane Bolado, la tercera componente de la Sala que debería juzgar al lehendakari. El letrado recordó que Bolado ha emitido hasta seis votos particulares en los que, en su opinión, «ha prejuzgado el fondo de la cuestión y se ha pronunciado de manera expresa sobre la no culpabilidad» de los procesados. Resaltó también que la magistrada ha llegado a asegurar que «Ibarretxe no tenía intención de delinquir».
Como ya adelantó EL CORREO hace siete días, el Gobierno vasco hizo ayer pública su voluntad de recusar a dos de los integrantes de la Sala encargada del caso, el presidente Fernando Ruiz Piñeiro y el magistrado Antonio García, al entender que ambos han demostrado una manifiesta «falta de imparcialidad» hacia el lehendakari durante todo el proceso penal. Un paso que también dará la acusación popular ejercida por el Foro Ermua, que ayer aseguró a este periódico que ha comenzado a elaborar el escrito con el que intentará forzar la salida del tribunal de la jueza Nekane Bolado, discrepante de sus compañeros de tribunal y desde el principio favorable a sobreseer la causa al no apreciar «indicios de delito» en ninguna de las reuniones con dirigentes de Batasuna. Ambas partes deberán aguardar aún varias semanas para formalizar este trámite, que la defensa del PSE y Dignidad y Justicia han descartado.
Todo ello colocará al Tribunal Superior en una situación complicada, muy similar a la que ya se vivió en el Palacio de Justicia bilbaíno durante el 'caso Atutxa'. Entonces, las recusaciones -en las que se vieron implicados Ruiz Piñeiro, García y Roberto Saiz, el ahora instructor en el 'caso Ibarretxe'- obligaron a conformar la terna del tribunal para el juicio entre los componentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social, no especializados en procesos penales. «Es una situación embarazosa y un lío porque, de repente, te encuentras con que debes juzgar un caso importante, sobre el que todo el mundo está atento, sin ser tú un experto en la materia porque tu especialidad es otra», reconocía ayer un magistrado en ejercicio.
A diferencia de entonces, el Superior vasco tiene elaborada ahora una lista que determina el orden de los sustitutos. Según esta relación, avanzada por Europa Press, de salir adelante todas las recusaciones deberían hacerse con las riendas del juicio el quinto juez de la Sala de lo Penal, Antón Subinas -nombrado a propuesta del PNV- y los presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social, Juan Luis Ibarra y Manuel Díaz de Rábago.
Una terna que también podría verse alterada porque Ibarra figura como uno de los miembros del consejo editorial de la revista que edita el Foro Ermua. Su inclusión en este órgano, que sólo se ha reunido una vez en los orígenes de la asociación, podría servir para apartarle del caso, si el propio magistrado no opta por hacerse a un lado para preservar la independencia del tribunal. Otras fuentes judiciales no descartan tampoco la recusación de Díaz de Rábago por haber vertido sus opiniones sobre esta causa en diferentes medios de comunicación vascos. El enredo provocaría la entrada en el tribunal de los jueces Antonio Guerra, de lo Contencioso, y Emilio Palomo, de lo Social.
Para llegar a todo ello, el Ejecutivo autónomo deberá materializar el anuncio efectuado ayer tras el habitual consejo de Gobierno de los martes. El tripartito emitió una dura declaración contra dos de los jueces del tribunal, a quienes acusó de haber actuado con una manifiesta «falta de imparcialidad».
La lectura del acuerdo por parte de la portavoz Miren Azkarate destapó una durísima censura al presidente del Tribunal Superior y de la Sala de lo Civil y lo Penal, Fernando Ruiz Piñeiro, y al magistrado Antonio García. Ambos, según el Ejecutivo, tienen «un interés directo sobre el fondo de la causa seguida contra el lehendakari». Tras tomar como referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que «ha reiterado el derecho de todas las personas a disponer de un juez o un tribunal imparcial», el Gabinete Ibarretxe no duda en señalar que «estos magistrados no cumplen» ese derecho.
El Ejecutivo vasco imputa a uno y otro magistrado la «ostentación pública» que, de manera reiterada, han hecho «de su posición contraria a cualquier clase de diálogo político para resolver los conflictos». Les reprocha, además, que hayan emitido estas opiniones «resaltando que lo hacían en su condición de miembros del tribunal que debe enjuiciar al lehendakari». En su dura exposición de motivos, el Gobierno tampoco pasa por alto que, «a pesar de su condición de magistrados, ambos han opinado reiteradamente sobre cuestiones políticas y ambos se han manifestado contrarios a las ideas que democráticamente expresa y defiende» Ibarretxe, en alusión a su proyecto de consulta ciudadana.
«Fuera de la ley»
A este respecto, fuentes de la Lehendakaritza recordaban ayer las declaraciones que Antonio García, en su condición de portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura -mayoritaria en la profesión y de corte conservador-, realizó al día siguiente del Pleno de Política General en el que el jefe del Ejecutivo autónomo dio a conocer su 'hoja de ruta'. En aquella ocasión, García aseguró que la consulta prevista por Ibarretxe sería una «actuación fuera de la Ley» y, como tal, resultaría «no sólo ilegal, sino manifiestamente ilegítima». En opinión del Gobierno vasco, tanto Ruiz Piñeiro como su compañero en la Sala de lo Penal están «contaminados judicialmente por haber resuelto cuestiones referentes al procedimiento».
Azkarate también se refirió a la decisión de la fiscal-jefe del TSJPV, María Angeles Montes, de pedir la absolución de Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares, Arnaldo Otegi y otros cuatro integrantes de la izquierda abertzale. En su opinión, «viene a demostrar lo que este Gobierno ha repetido una y otra vez: el juez instructor y los miembros que hemos decidido recusar atienden sólo a las razones del Foro de Ermua y de Dignidad y Justicia. No atienden las razones de la Fiscalía, ni de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo». Se trata, sentenció, de «una prueba palpable más de la sinrazón jurídica de todo este camino».
Por su parte el Foro Ermua defendió la labor de los jueces recusados por el Ejecutivo autónomo y se mostró convencido de que no hay «argumentos de peso» para sacarles del tribunal. «Han sido extremadamente cuidadosos para no contaminarse con los autos que han firmado», señaló el abogado Fernando García-Capelo. En su opinión, sí está contaminada Nekane Bolado, la tercera componente de la Sala que debería juzgar al lehendakari. El letrado recordó que Bolado ha emitido hasta seis votos particulares en los que, en su opinión, «ha prejuzgado el fondo de la cuestión y se ha pronunciado de manera expresa sobre la no culpabilidad» de los procesados. Resaltó también que la magistrada ha llegado a asegurar que «Ibarretxe no tenía intención de delinquir».
