chantaje terrorista
Los empresarios dicen que la extorsión de ETA es un «goteo continuo» e «incesante»
AMENAZA. Labores de desescombro de la empresa Barrenechea y Goiri, en la que ETA colocó una bomba en febrero de 2006. / M. ATRIO
La Confederación Empresarial Vasca, Confebask, manifestó ayer que la extorsión de ETA a los industriales vascos mediante el envío de cartas de chantaje se ha convertido en un «goteo continuo» ya «incesante». Varios partidos reaccionaron en el mismo sentido a la información -adelantada ayer por EL CORREO- de que la banda terrorista realizó a principios de este mes una nueva oleada de misivas amenazantes. Los políticos expresaron su condena y solidaridad con los afectados, con el convencimiento de que el chantaje no se trata de un hecho excepcional, sino «periódico».
ETA ha ampliado el número de industriales extorsionados en una masiva remesa de cartas de chantaje. Entre ellos se encuentran trabajadores que nunca habían sido coaccionados antes por los etarras. La organización terrorista se ha dirigido por primera vez a profesionales y pequeños empresarios, entre los que figuran constructores locales y titulares de empresas de servicios, a los que reclama el pago de cantidades inferiores a las exigidas en otras ocasiones, al tratarse de sectores con un poder adquisitivo inferior.
En este sentido, ETA ha pasado en los últimos meses de exigir 400.000 euros a demandar el pago de cifras que oscilan entre 70.000 y 90.000 euros. La entrega del dinero, según una de las misivas a las que ha tenido acceso este periódico, debe efectuarse en billetes de 20, 50 y 100 euros y para llevarla a cabo la organización etarra recomienda a los extorsionados ponerse en contacto con «los habituales círculos de la izquierda abertzale».
La patronal vasca, que preside Miguel Lazpiur, afirmó ayer que, independientemente de que en esta remesa de cartas se pueda hablar de nuevas amenazas, la situación pasa por un «goteo continuo» de mensajes de extorsión de ETA. En su opinión, no se puede hablar de «oleadas» de misivas como en otros momentos, ya que ahora es «incesante» el chantaje a los empresarios por parte de la banda armada.
Confebask renunció a pronunciarse sobre la circunstancia de que la extorsión se haya extendido a nuevos colectivos, como pequeños empresarios y profesionales, ya que, a su juicio, «entrar en cuestiones sobre las razones, cambios o matices» sólo sirve para «beneficiar a ese mundo».
Entre las distintas reacciones de rechazo que generó esta nueva muestra de chantaje etarra destacó la del delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, quien trasladó su apoyo a los empresarios y denunció que «una banda de mafiosos» pretende el «empobrecimiento» de los ciudadanos de Euskadi. A través de una nota de prensa, recalcó que ante el chantaje y la extorsión, los industriales deben sentir «más que nunca el aliento de una sociedad que valora la apuesta de quienes con su trabajo y su iniciativa contribuyen al desarrollo de nuestro pueblo». «Quienes practican cualquier tipo de terror -advirtió Luesma-, sólo pueden aspirar a ser detenidos, juzgados y encarcelados».
«Auxilio» al sector
En la línea defendida por Confebask, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, subrayó que, con las cartas, se pone «de manifiesto» y es «más patente» la «persistencia» de la extorsión durante el alto el fuego, como «algunos denunciábamos». Al hilo de esta consideración, el presidente popular en Vizcaya, Antonio Basagoiti, solicitó al Ministerio del Interior y al Gobierno vasco que sea su «máxima prioridad» el «auxilio» a los industriales y la desarticulación de las redes de cobro de ETA.
Una de las valoraciones más contundentes vino de la mano del coordinador general de EB y consejero vasco de Vivienda, Javier Madrazo, quien enmarcó las misivas en la «estrategia de socialización del dolor» emprendida por la izquierda abertzale tras el «fracaso» de las conversaciones entre el PNV, el PSE y Batasuna en Loyola. En su opinión, la formación que ahora lidera Pernando Barrena «no tendrá legitimidad política ni ética» para denunciar la detención de miembros de la mesa nacional mientras no muestre la misma «indignación ante estos hechos».
ETA ha ampliado el número de industriales extorsionados en una masiva remesa de cartas de chantaje. Entre ellos se encuentran trabajadores que nunca habían sido coaccionados antes por los etarras. La organización terrorista se ha dirigido por primera vez a profesionales y pequeños empresarios, entre los que figuran constructores locales y titulares de empresas de servicios, a los que reclama el pago de cantidades inferiores a las exigidas en otras ocasiones, al tratarse de sectores con un poder adquisitivo inferior.
En este sentido, ETA ha pasado en los últimos meses de exigir 400.000 euros a demandar el pago de cifras que oscilan entre 70.000 y 90.000 euros. La entrega del dinero, según una de las misivas a las que ha tenido acceso este periódico, debe efectuarse en billetes de 20, 50 y 100 euros y para llevarla a cabo la organización etarra recomienda a los extorsionados ponerse en contacto con «los habituales círculos de la izquierda abertzale».
La patronal vasca, que preside Miguel Lazpiur, afirmó ayer que, independientemente de que en esta remesa de cartas se pueda hablar de nuevas amenazas, la situación pasa por un «goteo continuo» de mensajes de extorsión de ETA. En su opinión, no se puede hablar de «oleadas» de misivas como en otros momentos, ya que ahora es «incesante» el chantaje a los empresarios por parte de la banda armada.
Confebask renunció a pronunciarse sobre la circunstancia de que la extorsión se haya extendido a nuevos colectivos, como pequeños empresarios y profesionales, ya que, a su juicio, «entrar en cuestiones sobre las razones, cambios o matices» sólo sirve para «beneficiar a ese mundo».
Entre las distintas reacciones de rechazo que generó esta nueva muestra de chantaje etarra destacó la del delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, quien trasladó su apoyo a los empresarios y denunció que «una banda de mafiosos» pretende el «empobrecimiento» de los ciudadanos de Euskadi. A través de una nota de prensa, recalcó que ante el chantaje y la extorsión, los industriales deben sentir «más que nunca el aliento de una sociedad que valora la apuesta de quienes con su trabajo y su iniciativa contribuyen al desarrollo de nuestro pueblo». «Quienes practican cualquier tipo de terror -advirtió Luesma-, sólo pueden aspirar a ser detenidos, juzgados y encarcelados».
«Auxilio» al sector
En la línea defendida por Confebask, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, subrayó que, con las cartas, se pone «de manifiesto» y es «más patente» la «persistencia» de la extorsión durante el alto el fuego, como «algunos denunciábamos». Al hilo de esta consideración, el presidente popular en Vizcaya, Antonio Basagoiti, solicitó al Ministerio del Interior y al Gobierno vasco que sea su «máxima prioridad» el «auxilio» a los industriales y la desarticulación de las redes de cobro de ETA.
Una de las valoraciones más contundentes vino de la mano del coordinador general de EB y consejero vasco de Vivienda, Javier Madrazo, quien enmarcó las misivas en la «estrategia de socialización del dolor» emprendida por la izquierda abertzale tras el «fracaso» de las conversaciones entre el PNV, el PSE y Batasuna en Loyola. En su opinión, la formación que ahora lidera Pernando Barrena «no tendrá legitimidad política ni ética» para denunciar la detención de miembros de la mesa nacional mientras no muestre la misma «indignación ante estos hechos».
