sentencia
La Audiencia impone 2.500 años de cárcel a dos etarras por la masacre del puente de Vallecas
Olarra y Mujika aportaron en 1995 los datos para volar una furgoneta de la Armada y asesinar a sus seis ocupantes
JUICIO. Ainhoa Mujika y Olarra Guridi hablan en la 'pecera'. / REUTERS
La Audiencia Nacional impuso ayer una condena de casi 2.500 años de cárcel a los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Mujika por su participación en el asesinato, en diciembre de 1995, de seis funcionarios civiles de la Armada cuando volvían a su casa en una furgoneta oficial, a su paso junto al puente de Vallecas. La voladura de la furgoneta, uno de los atentados más sanguinarios de la banda terrorista, causó además 44 heridos, entre peatones y conductores.
La sentencia condena a los dos etarras, que en 1995 formaban parte del comando Madrid, por pertenencia a banda armada, seis asesinatos, 44 tentativas de asesinato y un delito de estragos terroristas. Cada uno de ellos recibe una pena de 1.243 años de cárcel, de los que como máximo sólo permanecerán 30 en prisión. Olarra Guridi y Mujika fueron detenidos en Francia en septiembre de 2002, donde ejercían de jefes militares de ETA.
Vigilancias
La sentencia considera probado que la pareja vigiló la furgoneta que transportaba al personal civil de la Armada de sus casas a sus puestos de trabajo y viceversa durante varios días de septiembre y octubre de 1995. La Justicia consiguió las pruebas que acreditan este seguimiento en el registro de un piso franco de ETA en la madrileña calle Doctor Fleming, donde requisó varias libretas y folios donde los acusados anotaron las rutas y los horarios del vehículo.
Otros miembros del comando, que no han podido ser identificados en base a esa información, colocaron el 11 de diciembre de 1995 un coche bomba en la confluencia de las calles Peña Prieta y Avenida de la Albufera, cerca del puente de Vallecas. El vehículo estaba cargado con entre 40 y 50 kilos de amonal reforzados con exógeno o dinamita.
A las 14.50 horas, los terroristas accionaron el mando a distancia e hicieron estallar el artefacto que mató a los seis ocupantes de la furgoneta y convirtió la zona en un infierno, con cadáveres y personas que se desangraban tiradas por el suelo en muchos metros a la redonda. La voladura también destrozó un centenar de coches, mobiliario urbano y jardines, y causó daños en varios edificios.
El tribunal otorga a cada viuda una indemnización de 200.000 euros y una cantidad idéntica a cada uno de sus hijos. Los lesionados recibirán entre 60 y 90 euros por día de hospitalización o de incapacidad para ejercer sus trabajos. Ante la insolvencia de los acusados, las indemnizaciones serán pagadas por el Ministerio del Interior, que descontará de estas cantidades las que ya adelantó a las víctimas.
La sentencia condena a los dos etarras, que en 1995 formaban parte del comando Madrid, por pertenencia a banda armada, seis asesinatos, 44 tentativas de asesinato y un delito de estragos terroristas. Cada uno de ellos recibe una pena de 1.243 años de cárcel, de los que como máximo sólo permanecerán 30 en prisión. Olarra Guridi y Mujika fueron detenidos en Francia en septiembre de 2002, donde ejercían de jefes militares de ETA.
Vigilancias
La sentencia considera probado que la pareja vigiló la furgoneta que transportaba al personal civil de la Armada de sus casas a sus puestos de trabajo y viceversa durante varios días de septiembre y octubre de 1995. La Justicia consiguió las pruebas que acreditan este seguimiento en el registro de un piso franco de ETA en la madrileña calle Doctor Fleming, donde requisó varias libretas y folios donde los acusados anotaron las rutas y los horarios del vehículo.
Otros miembros del comando, que no han podido ser identificados en base a esa información, colocaron el 11 de diciembre de 1995 un coche bomba en la confluencia de las calles Peña Prieta y Avenida de la Albufera, cerca del puente de Vallecas. El vehículo estaba cargado con entre 40 y 50 kilos de amonal reforzados con exógeno o dinamita.
A las 14.50 horas, los terroristas accionaron el mando a distancia e hicieron estallar el artefacto que mató a los seis ocupantes de la furgoneta y convirtió la zona en un infierno, con cadáveres y personas que se desangraban tiradas por el suelo en muchos metros a la redonda. La voladura también destrozó un centenar de coches, mobiliario urbano y jardines, y causó daños en varios edificios.
El tribunal otorga a cada viuda una indemnización de 200.000 euros y una cantidad idéntica a cada uno de sus hijos. Los lesionados recibirán entre 60 y 90 euros por día de hospitalización o de incapacidad para ejercer sus trabajos. Ante la insolvencia de los acusados, las indemnizaciones serán pagadas por el Ministerio del Interior, que descontará de estas cantidades las que ya adelantó a las víctimas.
