El tripartito, EHAK y Aralar piden de nuevo que no se aísle a los detenidos por terrorismo

Los partidos que forman el tripartito de Gobierno -PNV, EA y EB- se sumaron ayer a EHAK y Aralar para volver a aprobar en la Comisión de Instituciones e Interior una iniciativa legislativa destinada a derogar el regimen de incomunicación que se aplica a los detenidos por terrorismo. La propuesta exige también que se grabe en vídeo el paso de los arrestados por las comisarías.

Esta es la segunda ocasión en que la petición -encaminada a solicitar a las Cortes Generales que cambien la Ley de Enjuiciamiento Criminal- entra en debate en el Parlamento, ya que el pasado 17 de octubre no salió adelante por la ausencia de cinco parlamentarias de los comunistas vascos.

En la sesión de ayer se volvió a repetir el enfrentamiento entre populares y socialistas, por una parte, y el tripartito y el resto de nacionalistas por otro. Precisamente, la oposición de PP y PSE, y su traslación al Congreso, hacen que la propuesta sea estéril y no tenga ninguna posibilidad de aprobarse. Pese a todo, su discusión sirvió para evidenciar de nuevo las divergencias existentes sobre las distintas aplicaciones de la ley antiterrorista.

Para el parlamentario y portavoz socialista Rodolfo Ares, la iniciativa es un error «porque no sólo pretende instalar cámaras de vídeo en las comisarías sino que plantea derogar una parte importante de la legislación antiterrorista en un momento en el que la banda ETA ha decidido volver a cometer atentados». «Con esta iniciativa», continuó, «quienes se sienten más cómodos son quienes apoyan la violencia».

Ares añadió otro razonamiento a su discurso. Explicó que este tipo de iniciativas «se sustenta en mentiras» sobre la supuesta existencia de torturas que, a su vez, se inscriben en «campañas orquestadas de desprestigio contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza». El dirigente socialista agregó que la propia Cámara ha conocido la existencia de «denuncias falsas» sobre esa cuestión.

Dentro de esa línea, el parlamentario del PP Carlos Urquijo defendió la necesidad de mantener la incomunicación de unos detenidos «que pueden intentar alertar a sus cómplices o destruir pruebas» y afirmó que, si este tipo de legislación era necesaria cuando se impulsó -en el periodo de tregua-, «hoy, cuando ETA ha vuelto a las armas, es imprescindible». «Si esta es la aportación del nacionalismo democrático a la lucha antiterrorista, que venga Dios y lo vea. Ahora entendemos muchas cosas», indicó.

Desde el punto de vista nacionalista, la petición de efectuar un cambio en la legislación fue visto como la oportunidad de evitar «zonas de opacidad» para la práctica de la tortura. El tripartito considera también que las campañas de desprestigio contra las fuerzas de seguridad por la supuesta existencia de malos tratos en las comisarías quedarían anuladas si se aplicasen las reformas que ellos proponen.

«Hay torturas»

Según la representante del PNV, Elisabete Piñol, con esta propuesta se cumplen las recomendaciones del propio Ararteko o del relator de la ONU para los derechos humanos. «No se trata de ninguna equivocación ni se están restando medios a las policías. La propia iniciativa ofrece más garantías a los funcionarios policiales en su trabajo», manifestó. «Defender y garantizar los derechos humanos nunca es pernicioso», subrayó.

Por su parte, el portavoz de EA en la comisión, Rafael Larreina, comenzó su intervención con la afirmación de que «las torturas existen y existe la impunidad». «No lo digo yo, sino que lo aseguran las Naciones Unidas y Amnistía Internacional». En democracia, añadió, es «una irresponsabilidad sustituir la justicia por la venganza».

La portavoz de Aralar e impulsora de la propuesta, Aintzane Ezenarro, dijo que una situación como la creada tras la vuelta a las armas de ETA no se soluciona «con más policía sino con más democracia». Ezenarro insistió en que este tipo de cambios sirven «para reducir espacios de impunidad» y aumentar las garantías judiciales.