ECONOMÍA
El Gobierno vasco cree «desproporcionada» la multa a las cajas, que «pagarán los ciudadanos»
El órgano regulador subraya que las entidades acordaron en los 90 mantener el «'status quo' territorial»
LAS FRASES
LOS ARGUMENTOS DE LA CNC: HECHOS ACREDITADOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA
La multa de 24 millones impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a la BBK, la Vital, la Kutxa y Caja Navarra por actuar como un «cártel» durante 15 años provocó ayer una tormenta política y desató una avalancha de reacciones. Las más duras procedieron de los gobiernos vasco y navarro, que no dudaron en salir en defensa de las entidades y calificar la sanción como «desproporcionada» y «fuera de lugar».
Los argumentos esgrimidos por el órgano regulador de la competencia para justificar el severo correctivo impuesto a las cuatro cajas -repartirse el mercado entre 1990 y 2005 a través de un pacto de no agresión mutua en sus respectivos territorios y coordinar de forma ilícita sus estrategias comerciales frente a terceros- no convencen al Ejecutivo autónomo vasco. Su portavoz, Miren Azkarate, fue tajante al calificar de «desproporcionada» la multa de 18 millones impuesta a la BBK, la Kutxa (a razón de siete millones cada una) y la Vital (cuatro millones), y aseguró que si esa cuantía se mantiene será «la mayoría de los ciudadanos quienes terminarán pagándola». No se trata de entidades «estrictamente privadas», enfatizó.
Más allá de la cuantía, Azkarate cuestionó el fondo de la decisión adoptada por la CNC. Tras señalar que «prestigiosos expertos» niegan que las cajas hayan vulnerado la competencia, trasladó que para el Gobierno vasco «no está nada claro» que los acuerdos de colaboración que hayan mantenidos las cuatro entidades multadas hayan influido negativamente sobre el mercado o sobre la clientela.
Quien tampoco ahorro críticas a la decisión de la CNC fue el presidente de Navarra y de Caja Navarra. El regionalista Miguel Sanz calificó la sanción -seis millones en su caso- como «algo extemporáneo y fuera de lugar» y defendió que en los 90 la CAN no estuviera presente en Euskadi porque «no había previsión ni intereses -comerciales, financieros ni económicos- para estar presentes» en el mercado vasco.
Defensa de la CNC
En la otra cara de la moneda, el presidente de la Comisión de la Competencia, Luis Berenger, defendió ayer la actuación y aseguró que no se ha dado a las cajas vasco navarras un trato diferente al que en su día se dispensó a otras entidades sancionadas, a las que no obstante se impusieron multas mucho menos cuantiosas: 30 millones de pesetas a la Asociación Española de Cajas Rurales y 110, también de pesetas, a las de Baleares, Tarragona, Tarrasa y Manresa.
Al respecto, Berenger, que compareció ante la Comisión de Economía del Congreso, aseguró que la BBK, la Vital, la Kutxa y Caja Navarra han actuado como un «cártel horizontal», algo que calificó como «muy grave». Durante su comparecencia, el diputado del PNV Pedro Azpiazu, que mostró su desacuerdo con la sanción, propuso que, de mantenerla, sea ingresada en las haciendas forales vascas y navarra.
Fuentes de las cajas multadas consultadas por este periódico aseguraron que «nunca» ha existido acuerdo «expreso o firmado» de no agresión para repartirse el mercado. «Lo que ocurría con la estrategia de apertura de sucursales obedecía a una práctica de sentido común y no a ningún pacto concreto», aseguraron los citados medios, que añadieron que en la Federación Vasco Navarra de Cajas de Ahorro «se hablaba y deliberaba sobre las oficinas, pero nunca se concertó ninguna estrategia».
Las actas
La resolución de la CNC, difundida ayer, pone en entredicho esa afirmación. Según las actas de la Federación recogidas en el documento, los responsables de las instituciones financieras acordaron en los años 90 mantener el «'status quo' territorial» existente. A modo de ejemplo, en una de las citadas actas se hace alusión textualmente a la necesidad de «respetar al máximo el principio de respeto a los territorios históricos en los que cada entidad debe ejercer su actividad».
En otra se afirma que «los máximos representantes de las cajas de ahorro vascas y también de las navarras han reafirmado su compromiso de mantener el 'status quo' territorial actual en cuanto al ámbito de actuación de cada caja, evitando así la competencia entre ellas». En ese mismo documento se explicita que «la Federación continúe siendo el foro de información y de compartir decisiones en materia de expansión, tanto en la forma tradicional de apertura de nuevas oficinas como en las formas actuales relacionadas con sociedades filiales especializadas».
La mayor parte de las actas recogidas se limitan a 1990, año en el que se produjo las fusión de las cajas de ahorro municipales y provinciales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. El contenido de esos documentos, junto a un análisis que demuestra que entre 1990 y 2005 ninguna de las cuatro entidades multadas que integran la Federación abrió sucursales en los mercados naturales de las otras, conforman la parte sustancial de la resolución.
Más alla de la distribución territorial, el expediente de la Comisión de la Competencia demuestra que, ya en en el año 2000, la BBK, la Kutxa, la Vital y CAN pactaron actuaciones conjuntas con el objetivo de crear un frente común contra rivales. Así, el acta de una reunión celebra ese año hace alusión a «una propuesta de modelo de participación en la intermediación inmobiliaria que persigue como objetivos estratégicos generar barreras de entrada para nuevos competidores».
Los argumentos esgrimidos por el órgano regulador de la competencia para justificar el severo correctivo impuesto a las cuatro cajas -repartirse el mercado entre 1990 y 2005 a través de un pacto de no agresión mutua en sus respectivos territorios y coordinar de forma ilícita sus estrategias comerciales frente a terceros- no convencen al Ejecutivo autónomo vasco. Su portavoz, Miren Azkarate, fue tajante al calificar de «desproporcionada» la multa de 18 millones impuesta a la BBK, la Kutxa (a razón de siete millones cada una) y la Vital (cuatro millones), y aseguró que si esa cuantía se mantiene será «la mayoría de los ciudadanos quienes terminarán pagándola». No se trata de entidades «estrictamente privadas», enfatizó.
Más allá de la cuantía, Azkarate cuestionó el fondo de la decisión adoptada por la CNC. Tras señalar que «prestigiosos expertos» niegan que las cajas hayan vulnerado la competencia, trasladó que para el Gobierno vasco «no está nada claro» que los acuerdos de colaboración que hayan mantenidos las cuatro entidades multadas hayan influido negativamente sobre el mercado o sobre la clientela.
Quien tampoco ahorro críticas a la decisión de la CNC fue el presidente de Navarra y de Caja Navarra. El regionalista Miguel Sanz calificó la sanción -seis millones en su caso- como «algo extemporáneo y fuera de lugar» y defendió que en los 90 la CAN no estuviera presente en Euskadi porque «no había previsión ni intereses -comerciales, financieros ni económicos- para estar presentes» en el mercado vasco.
Defensa de la CNC
En la otra cara de la moneda, el presidente de la Comisión de la Competencia, Luis Berenger, defendió ayer la actuación y aseguró que no se ha dado a las cajas vasco navarras un trato diferente al que en su día se dispensó a otras entidades sancionadas, a las que no obstante se impusieron multas mucho menos cuantiosas: 30 millones de pesetas a la Asociación Española de Cajas Rurales y 110, también de pesetas, a las de Baleares, Tarragona, Tarrasa y Manresa.
Al respecto, Berenger, que compareció ante la Comisión de Economía del Congreso, aseguró que la BBK, la Vital, la Kutxa y Caja Navarra han actuado como un «cártel horizontal», algo que calificó como «muy grave». Durante su comparecencia, el diputado del PNV Pedro Azpiazu, que mostró su desacuerdo con la sanción, propuso que, de mantenerla, sea ingresada en las haciendas forales vascas y navarra.
Fuentes de las cajas multadas consultadas por este periódico aseguraron que «nunca» ha existido acuerdo «expreso o firmado» de no agresión para repartirse el mercado. «Lo que ocurría con la estrategia de apertura de sucursales obedecía a una práctica de sentido común y no a ningún pacto concreto», aseguraron los citados medios, que añadieron que en la Federación Vasco Navarra de Cajas de Ahorro «se hablaba y deliberaba sobre las oficinas, pero nunca se concertó ninguna estrategia».
Las actas
La resolución de la CNC, difundida ayer, pone en entredicho esa afirmación. Según las actas de la Federación recogidas en el documento, los responsables de las instituciones financieras acordaron en los años 90 mantener el «'status quo' territorial» existente. A modo de ejemplo, en una de las citadas actas se hace alusión textualmente a la necesidad de «respetar al máximo el principio de respeto a los territorios históricos en los que cada entidad debe ejercer su actividad».
En otra se afirma que «los máximos representantes de las cajas de ahorro vascas y también de las navarras han reafirmado su compromiso de mantener el 'status quo' territorial actual en cuanto al ámbito de actuación de cada caja, evitando así la competencia entre ellas». En ese mismo documento se explicita que «la Federación continúe siendo el foro de información y de compartir decisiones en materia de expansión, tanto en la forma tradicional de apertura de nuevas oficinas como en las formas actuales relacionadas con sociedades filiales especializadas».
La mayor parte de las actas recogidas se limitan a 1990, año en el que se produjo las fusión de las cajas de ahorro municipales y provinciales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. El contenido de esos documentos, junto a un análisis que demuestra que entre 1990 y 2005 ninguna de las cuatro entidades multadas que integran la Federación abrió sucursales en los mercados naturales de las otras, conforman la parte sustancial de la resolución.
Más alla de la distribución territorial, el expediente de la Comisión de la Competencia demuestra que, ya en en el año 2000, la BBK, la Kutxa, la Vital y CAN pactaron actuaciones conjuntas con el objetivo de crear un frente común contra rivales. Así, el acta de una reunión celebra ese año hace alusión a «una propuesta de modelo de participación en la intermediación inmobiliaria que persigue como objetivos estratégicos generar barreras de entrada para nuevos competidores».
