
Izado de la ikurriña, la bandera española y la europea en el Ayuntamiento de Bilbao, durante la Aste Nagusia. /Archivo
Manos Limpias ha denunciado ante los tribunales vascos a los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, Iñaki Azkuna y Odón Elorza, respectivamente, por no colocar la bandera española en los consistorios que rigen. Además, ha hecho extensible la denuncia al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, por no obligar a estos primeros ediles a que lo hagan.
En su escrito, planteado en juzgados de las capitales vizcaína, guipuzcoana y alavesa, el colectivo de funcionarios públicos acusa a Azkuna y a Elorza de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo "que les obliga a ondear la bandera española en el Consistorio". En cuanto a Luesma, señala que debería haber obligado a los alcaldes a hacerlo. Manos Limpias adjunta, además, las declaraciones realizadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, en las que recordó que los políticos deben cumplir la Ley.
El colectivo demandante recuerda que, "con fecha del 24 de julio de 2007, la sentencia del Tribunal Supremo obliga a que la bandera nacional ondee diariamente con carácter de permanencia, no de excepcionalidad, no de coyuntura y, en todo momento, en los edificios públicos". En el caso del Ayuntamiento de San Sebastián, afirma que, "habiendo transcurrido un plazo más que prudencial, sin haber cumplido con su obligación, sin colaborar con la Administración de Justicia, permaneciendo" el Consistorio "en su reto, desafío al Estado de Derecho, es por lo que se produce el hilo conductor o nexo o 'iter criminis', para considerar" la conducta del alcalde como ilícito penal.
"Desafío"
En cuanto al Ayuntamiento de Bilbao, subraya que "el desafío al Estado de Derecho se consuma retirando, incluso, los mástiles de las banderas". Por ello, Manos Limpias cree que Odón Elorza e Iñaki Azkuna han incurrido en delitos de desobediencia y denegación de auxilio, previstos en los artículos 40 y 412 del Código penal. Además, les atribuye delitos de prevaricación y abandono de funciones al caer en "la omisión de la persecución de delitos". Estos mismos hechos, supuestamente delictivos, imputa a Paulino Luesma.
El Colectivo de funcionarios públicos rechaza que trate de "criminalizar la acción política", sino de "defender el Estado de Derecho". "Cuando, desde los poderes públicos, que deben ser los máximos garantes del Estado de Derecho, se producen conductas ilícitas que deben ser denunciadas para que no queden impunes". "No se puede, en modo alguno, justificar que razones de oportunismos y conveniencias políticas prevalezcan por encima del imperio de la Ley", añade.
Asimismo, considera que "no se trata de un debate político que se ha generado", sino "lisa y llanamente de que la Ley no se cumple, que las resoluciones judiciales son burladas y desobedecidas, que se produce una rebelión por parte de los poderes públicos y, finalmente, la alarma social que se está dando a la sociedad española". "La quiebra del Estado de Derecho es evidente", concluye.