GENERAL
El Ararteko cuestiona la adjudicación a los jóvenes de pisos protegidos en propiedad
INFORME. El Ararteko, Íñigo Lamarca, muestra un documento durante una comparecencia en el Parlamento. / IOSU ONANDIA
Más pisos públicos de alquiler y menos adjudicaciones para toda la vida. El Ararteko, Íñigo Lamarca, reclamó ayer un «cambio de mentalidad» a las administraciones vascas para favorecer la creación de un parque de vivienda pública en régimen de arrendamiento y arrinconar la entrega de pisos protegidos en propiedad o en derecho de superficie por 75 años, la fórmula que se viene impulsando «de forma preferente» en Euskadi y en el conjunto de España. «¿Por qué hay que dar un piso protegido a un chaval de 24 años cuando pasados unos años puede tener un buen sueldo que le permita acceder por sí mismo al mercado?», se preguntó Lamarca. «El derecho constitucional a la vivienda no se refiere a venderlas en propiedad, sino a procurar un techo a quien lo necesita. Y eso se consigue de forma más eficaz con el alquiler, una fórmula más flexible para que la Administración responda a las necesidades emergentes en cada momento», apuntó.
El Defensor del Pueblo presentó ayer ante el Parlamento vasco su último informe monográfico, dedicado al análisis de las políticas de vivienda dirigidas a los jóvenes en la comunidad autónoma. La Cámara consideró «muy oportuno» el estudio, dado el intenso debate social y las iniciativas legislativas surgidas en torno a este asunto, como la futura Ley de Vivienda vasca, ahora en preparación. Lamarca centró buena parte de su intervención en la defensa de una política pública de alquiler que reconoció «poco asentada» en los países del sur de Europa, en contraposición con los altos porcentajes de pisos en arrendamiento protegido que su oficina ha recogido en países como Alemania, Holanda, Francia, Suecia o Inglaterra.
El Ararteko aportó un dato. De las 47.000 viviendas impulsadas en Euskadi por las Administraciones entre 1990 y 2004, un 87% se destinaron a la venta y «tan sólo» un 13% al alquiler. Y agregó otro. En España, sólo el 1,6% del parque total de viviendas están destinadas a alquiler social, el enfocado a las personas con menos recursos. En Suecia y Dinamarca, este porcentaje supera el 30%. En conjunto, no existe ningún país en la Europa Occidental con un mayor índice de viviendas en propiedad que en España, donde esta forma de tenencia alcanza el 81%.
El Ombudsman vasco reconoció que éste es un asunto en el que hay que luchar contra la costumbre. A su juicio, el predominio de la adjudicación en propiedad de las viviendas impulsadas gracias al esfuerzo económico de la Administración «es herencia de una tradición española que se origina en tiempos preconstitucionales y que no encuentra parangón en Europa», indicó, «donde predomina el modelo de la vivienda social en alquiler».
Lamarca reclamó por ello que el esfuerzo público se encamine «de forma preferente» a la creación de un parque de pisos públicos en arrendamiento, que los inquilinos deban abandonar cuando superen los requisitos económicos marcados por la Administración. Es la única forma, advirtió, de «garantizar que el interés público» esté siempre salvaguardado y las viviendas den cobertura de continuo la «función social» con las que se edifican. Lamarca alabó, en este sentido, la experimentación iniciada por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco en el desarrollo de 'alojamientos dotacionales', bloques de pequeñas viviendas en alquiler -similares a residencias de estudiantes- que se pueden levantar en suelos reservados para equipamientos.
400 euros de media
En su catálogo de recomendaciones trasladadas a las diferentes Administraciones, el Defensor del Pueblo Vasco recoge el desarrollo de ayudas fiscales directas e indirectas para el alquiler, así como una política de «rentas más bajas» que haga «más atractiva» esta fórmula para los jóvenes. En la actualidad, la renta media en Euskadi ronda los 400 euros en un piso protegido, lo que representa un esfuerzo «de un 40% para la población 'mileurista', más de lo que se considera recomendable», lo que Lamarca consideró «aún más desolador». En el mercado libre, el alquiler medio se dispara a 820 euros de media.
El Ararteko indicó que algunas de sus recomendaciones fueron incorporadas por el Departamento de Javier Madrazo (EB) al Plan de Director de Vivienda aprobado en diciembre -que prevé 8.500 nuevos pisos en alquiler y 18.500 en propiedad hasta 2009-, por lo que valoró que «se está en el buen camino». Para 2012, el borrador de la Ley de Vivienda prevé que se pueda garantizar a todos los jóvenes un piso de alquiler con una renta que suponga el 30% de su salario.
El Defensor del Pueblo presentó ayer ante el Parlamento vasco su último informe monográfico, dedicado al análisis de las políticas de vivienda dirigidas a los jóvenes en la comunidad autónoma. La Cámara consideró «muy oportuno» el estudio, dado el intenso debate social y las iniciativas legislativas surgidas en torno a este asunto, como la futura Ley de Vivienda vasca, ahora en preparación. Lamarca centró buena parte de su intervención en la defensa de una política pública de alquiler que reconoció «poco asentada» en los países del sur de Europa, en contraposición con los altos porcentajes de pisos en arrendamiento protegido que su oficina ha recogido en países como Alemania, Holanda, Francia, Suecia o Inglaterra.
El Ararteko aportó un dato. De las 47.000 viviendas impulsadas en Euskadi por las Administraciones entre 1990 y 2004, un 87% se destinaron a la venta y «tan sólo» un 13% al alquiler. Y agregó otro. En España, sólo el 1,6% del parque total de viviendas están destinadas a alquiler social, el enfocado a las personas con menos recursos. En Suecia y Dinamarca, este porcentaje supera el 30%. En conjunto, no existe ningún país en la Europa Occidental con un mayor índice de viviendas en propiedad que en España, donde esta forma de tenencia alcanza el 81%.
El Ombudsman vasco reconoció que éste es un asunto en el que hay que luchar contra la costumbre. A su juicio, el predominio de la adjudicación en propiedad de las viviendas impulsadas gracias al esfuerzo económico de la Administración «es herencia de una tradición española que se origina en tiempos preconstitucionales y que no encuentra parangón en Europa», indicó, «donde predomina el modelo de la vivienda social en alquiler».
Lamarca reclamó por ello que el esfuerzo público se encamine «de forma preferente» a la creación de un parque de pisos públicos en arrendamiento, que los inquilinos deban abandonar cuando superen los requisitos económicos marcados por la Administración. Es la única forma, advirtió, de «garantizar que el interés público» esté siempre salvaguardado y las viviendas den cobertura de continuo la «función social» con las que se edifican. Lamarca alabó, en este sentido, la experimentación iniciada por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco en el desarrollo de 'alojamientos dotacionales', bloques de pequeñas viviendas en alquiler -similares a residencias de estudiantes- que se pueden levantar en suelos reservados para equipamientos.
400 euros de media
En su catálogo de recomendaciones trasladadas a las diferentes Administraciones, el Defensor del Pueblo Vasco recoge el desarrollo de ayudas fiscales directas e indirectas para el alquiler, así como una política de «rentas más bajas» que haga «más atractiva» esta fórmula para los jóvenes. En la actualidad, la renta media en Euskadi ronda los 400 euros en un piso protegido, lo que representa un esfuerzo «de un 40% para la población 'mileurista', más de lo que se considera recomendable», lo que Lamarca consideró «aún más desolador». En el mercado libre, el alquiler medio se dispara a 820 euros de media.
El Ararteko indicó que algunas de sus recomendaciones fueron incorporadas por el Departamento de Javier Madrazo (EB) al Plan de Director de Vivienda aprobado en diciembre -que prevé 8.500 nuevos pisos en alquiler y 18.500 en propiedad hasta 2009-, por lo que valoró que «se está en el buen camino». Para 2012, el borrador de la Ley de Vivienda prevé que se pueda garantizar a todos los jóvenes un piso de alquiler con una renta que suponga el 30% de su salario.
