MUNDO
Una pena adicional
La colocación en las principales calles de Bogotá de grandes vallas publicitarias con fotografías de pederastas condenados divide a la sociedad colombiana
ESCAPARATE DE CRIMINALES. Un operario coloca en un panel publicitario un cartel gigante con los rostros de dos pederastas. / AP
EN OTROS PAÍSES
Gracias al «ejemplo al mundo» que pretende dar el Ayuntamiento de Bogotá sus rostros compiten en las vallas publicitarias de la capital colombiana con Shakira y su loa a la puntualidad de un reloj suizo, la última miss Playboy Latino y su minúsculo bikini blanco o anuncios de 'celulares' y campañas electorales. Álvaro del Río, Litrardo Martínez o Pompilio Sánchez gozan desde primeros de mes de una fama hasta ahora sólo reservada a la actriz que encarna a la mala malísima en el culebrón de moda.
No son cantantes de ballenato, ni jugadores de fútbol triunfantes en Europa ni siquiera grandes capos de los cárteles de la droga, aunque con algunos de los últimos compartieron cárcel, que no celda. Se trata de cuarenta pederastas y asesinos infantiles condenados por la Justicia colombiana que protagonizan los 'muros de la infamia' que intentan 'completar' penas que desde el gobierno municipal de Bogotá se consideran insuficientes porque «el abuso sexual es tratado como un delito menor y debemos darle la dimensión que merece», asegura la concejal Gilma Jiménez.
Sus nombres, sus fotografías y sus crímenes decoran las principales avenidas de la ciudad coronados por el lema «condenados por abuso sexual» sobre el sexo y la edad de sus víctimas, todas menores de 13 años. La campaña materializada en paneles de treinta metros cuadrados «pretende reparar de alguna manera a los niños que fueron violados por estos sujetos».
La estrategia se pretende completar en un futuro inmediato con exposiciones e incluso con la utilización de grandes pantallas que proyecten de forma continua los rostros de los violadores, que también serán incluidos en los recibos municipales, volantes médicos, boletines publicitarios de centros comerciales y cines, paquetes de dulces, útiles escolares... Y hasta se contempla la emisión de anuncios con el mismo contenido en los principales canales de televisión con el único objetivo de «que permitan que menores y padres identifiquen al agresor y finalmente conducir hasta prisión perpetua a los que aprovechan la indefensión de los menores para cometer actos aberrantes», señala el alcalde, Luis Eduardo Garzón. Se abona, sin duda, al principio del profesor norteamericano Mark Skousen, defensor de la premisa que asegura que «el triunfo de la persuasión sobre la fuerza es lo que distingue a la sociedad civilizada».
Sin embargo, «el gran día para las víctimas, que por primera vez les hace más importantes que el resto de la humanidad», según Jiménez, topa con la Constitución del país sudamericano. De hecho, los tribunales han admitido a trámite 32 denuncias de los pederastas, que piden amparo para sus derechos fundamentales. Los jueces han incluso 'eximido' a Jorge Eliécer, que cumple una pena que le priva de libertad durante 108 meses por acceso carnal. Asimismo, algunos de los protagonistas han iniciado huelgas de hambre en los centros penitenciarios en los que cumplen las sentencias condenatorias.
«Ejercicio abusivo»
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos apoyan las protestas al considerar la 'iniciativa publicitaria' «un ejercicio abusivo de la información pública» que incluso «puede propiciar actos de agresión contra los condenados porque se invita a la población a tomar la justicia por sus propias manos» sin que, por contra, sea «disuasiva del delito», en opinión del legalista Juan Manuel Charry. «La sanción adicional para el infractor de la ley vulnera los derechos del delincuente, que tiene los mismos que cualquier persona. Se supone que con el cumplimiento de la condena queda en condiciones de normalidad para reinsertarse en la sociedad tras resocializarse y educarse. Publicar una fotografía no garantiza los derechos de los niños y sí genera una estigmatización. No porque aparezca su cara el criminal deja de serlo. Simplemente empleará estrategias más oscuras». «La lucha contra la pederastia requiere vigilancia y, sobre todo, educación y prevención. No sólo castigo», sentencia el legalista.
Pero suman más los colombianos que apoyan la iniciativa de Bogotá «porque los crímenes sexuales contra menores son cotidianos y pasan desapercibidos». Amparados en la máxima de que «los violadores generalmente reinciden», optan por defender los derechos de las víctimas antes de amparar los de los delincuentes, y hasta reclaman publicar «el domicilio» de los pederastas. «Un agresor no puede reinsertarse totalmente en la sociedad dadas las características de su personalidad. Estas personas son adictas sexuales y están siempre en recuperación. Reintegrarlos no debe ser una prioridad. Proteger a niños y niñas debe ser lo primordial y lo moralmente justo», opina Paola Francheschi, directora de una organización para protección al menor con siete años de experiencia en el apoyo a víctimas sexuales infantiles.
«Los derechos de los agresores deben pasar a segundo plano. Hay que provocar un efecto miedo en una sociedad que silencia y olvida los hechos violentos», sentencia. «La sanción moral es un poderoso instrumento que ni los más fuertes mafiosos han sido capaces de aguantar y además la gente se convierte en vigilantes activos, bien para proteger a los suyos o bien por solidaridad ciudadana o conciencia moral. Los violadores de menores son repudiados hasta por los demás delincuentes. Así de grave es la falta y, por tanto, es urgente que se publiquen sus fotografías», opina Francheschi.
Cadena perpetua
Desde la Fiscalía también se aboga por la mano dura. «Hay que pensar en penas fuertes porque cada menor agredido puede ser un agresor en un futuro. Hay que ir a cadenas perpetuas, sin reducciones, a la permanente vigilancia y a aislarlos», comenta Fabrio Andrés Humar. Las estadísticas parecen abonar su teoría. Un 30% de los menores colombianos víctimas de abuso sexual reproducen el delito en unos años o se convierten en padres permisivos.
«Que todo el mundo sepa lo que son y que cuando vayan por la calle tengan que ir cabizbajos. Ya que no hay leyes que les obliguen a podrirse en las cárceles, que todo el mundo los conozca y así se evite que reincidan. Si no somos capaces de adoptar la pena de muerte o la castración, tenemos que matarlos psicológicamente y moralmente sometiéndoles al escarnio público», dice Manuela Higuita, miembro de una familia especialmente afectada. En 2003 el caso de una sobrina de cuatro meses agredida sexualmente por su padrastro destapó un hecho deleznable. Otros cinco hermanos y hermanas habían sufrido antes el mismo abuso. La madre nunca denunció al pederasta por miedo. Fue condenado a sólo cuatro meses de cárcel y ya existen denuncias de vecinos que aseguran que ha reincidido. La única pega que ve Manuela «es que los pobres niños tengan que ver a sus agresores quieran o no». Y, además, siempre se puede recurrir al ejemplo estadounidense, «donde la población puede consultar por Internet si en su barrio vive alguien que haya sido condenado por pederastia», recomienda.
Entre la amplia población reclusa de Colombia sólo se cuentan 359 presos por delitos sexuales contra menores de edad, «una cifra ridícula que demuestra que existe un gran miedo a denunciar», lamenta María Consuelo del Río, directora del departamento municipal de Bogotá encargado de proteger los derechos humanos de sus habitantes. Otros datos alarmantes llegan desde la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, que señala que cada día cinco niños son víctimas de abusos en Colombia. Lo dramático es que los autores son padres, familiares o amigos.
No son cantantes de ballenato, ni jugadores de fútbol triunfantes en Europa ni siquiera grandes capos de los cárteles de la droga, aunque con algunos de los últimos compartieron cárcel, que no celda. Se trata de cuarenta pederastas y asesinos infantiles condenados por la Justicia colombiana que protagonizan los 'muros de la infamia' que intentan 'completar' penas que desde el gobierno municipal de Bogotá se consideran insuficientes porque «el abuso sexual es tratado como un delito menor y debemos darle la dimensión que merece», asegura la concejal Gilma Jiménez.
Sus nombres, sus fotografías y sus crímenes decoran las principales avenidas de la ciudad coronados por el lema «condenados por abuso sexual» sobre el sexo y la edad de sus víctimas, todas menores de 13 años. La campaña materializada en paneles de treinta metros cuadrados «pretende reparar de alguna manera a los niños que fueron violados por estos sujetos».
La estrategia se pretende completar en un futuro inmediato con exposiciones e incluso con la utilización de grandes pantallas que proyecten de forma continua los rostros de los violadores, que también serán incluidos en los recibos municipales, volantes médicos, boletines publicitarios de centros comerciales y cines, paquetes de dulces, útiles escolares... Y hasta se contempla la emisión de anuncios con el mismo contenido en los principales canales de televisión con el único objetivo de «que permitan que menores y padres identifiquen al agresor y finalmente conducir hasta prisión perpetua a los que aprovechan la indefensión de los menores para cometer actos aberrantes», señala el alcalde, Luis Eduardo Garzón. Se abona, sin duda, al principio del profesor norteamericano Mark Skousen, defensor de la premisa que asegura que «el triunfo de la persuasión sobre la fuerza es lo que distingue a la sociedad civilizada».
Sin embargo, «el gran día para las víctimas, que por primera vez les hace más importantes que el resto de la humanidad», según Jiménez, topa con la Constitución del país sudamericano. De hecho, los tribunales han admitido a trámite 32 denuncias de los pederastas, que piden amparo para sus derechos fundamentales. Los jueces han incluso 'eximido' a Jorge Eliécer, que cumple una pena que le priva de libertad durante 108 meses por acceso carnal. Asimismo, algunos de los protagonistas han iniciado huelgas de hambre en los centros penitenciarios en los que cumplen las sentencias condenatorias.
«Ejercicio abusivo»
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos apoyan las protestas al considerar la 'iniciativa publicitaria' «un ejercicio abusivo de la información pública» que incluso «puede propiciar actos de agresión contra los condenados porque se invita a la población a tomar la justicia por sus propias manos» sin que, por contra, sea «disuasiva del delito», en opinión del legalista Juan Manuel Charry. «La sanción adicional para el infractor de la ley vulnera los derechos del delincuente, que tiene los mismos que cualquier persona. Se supone que con el cumplimiento de la condena queda en condiciones de normalidad para reinsertarse en la sociedad tras resocializarse y educarse. Publicar una fotografía no garantiza los derechos de los niños y sí genera una estigmatización. No porque aparezca su cara el criminal deja de serlo. Simplemente empleará estrategias más oscuras». «La lucha contra la pederastia requiere vigilancia y, sobre todo, educación y prevención. No sólo castigo», sentencia el legalista.
Pero suman más los colombianos que apoyan la iniciativa de Bogotá «porque los crímenes sexuales contra menores son cotidianos y pasan desapercibidos». Amparados en la máxima de que «los violadores generalmente reinciden», optan por defender los derechos de las víctimas antes de amparar los de los delincuentes, y hasta reclaman publicar «el domicilio» de los pederastas. «Un agresor no puede reinsertarse totalmente en la sociedad dadas las características de su personalidad. Estas personas son adictas sexuales y están siempre en recuperación. Reintegrarlos no debe ser una prioridad. Proteger a niños y niñas debe ser lo primordial y lo moralmente justo», opina Paola Francheschi, directora de una organización para protección al menor con siete años de experiencia en el apoyo a víctimas sexuales infantiles.
«Los derechos de los agresores deben pasar a segundo plano. Hay que provocar un efecto miedo en una sociedad que silencia y olvida los hechos violentos», sentencia. «La sanción moral es un poderoso instrumento que ni los más fuertes mafiosos han sido capaces de aguantar y además la gente se convierte en vigilantes activos, bien para proteger a los suyos o bien por solidaridad ciudadana o conciencia moral. Los violadores de menores son repudiados hasta por los demás delincuentes. Así de grave es la falta y, por tanto, es urgente que se publiquen sus fotografías», opina Francheschi.
Cadena perpetua
Desde la Fiscalía también se aboga por la mano dura. «Hay que pensar en penas fuertes porque cada menor agredido puede ser un agresor en un futuro. Hay que ir a cadenas perpetuas, sin reducciones, a la permanente vigilancia y a aislarlos», comenta Fabrio Andrés Humar. Las estadísticas parecen abonar su teoría. Un 30% de los menores colombianos víctimas de abuso sexual reproducen el delito en unos años o se convierten en padres permisivos.
«Que todo el mundo sepa lo que son y que cuando vayan por la calle tengan que ir cabizbajos. Ya que no hay leyes que les obliguen a podrirse en las cárceles, que todo el mundo los conozca y así se evite que reincidan. Si no somos capaces de adoptar la pena de muerte o la castración, tenemos que matarlos psicológicamente y moralmente sometiéndoles al escarnio público», dice Manuela Higuita, miembro de una familia especialmente afectada. En 2003 el caso de una sobrina de cuatro meses agredida sexualmente por su padrastro destapó un hecho deleznable. Otros cinco hermanos y hermanas habían sufrido antes el mismo abuso. La madre nunca denunció al pederasta por miedo. Fue condenado a sólo cuatro meses de cárcel y ya existen denuncias de vecinos que aseguran que ha reincidido. La única pega que ve Manuela «es que los pobres niños tengan que ver a sus agresores quieran o no». Y, además, siempre se puede recurrir al ejemplo estadounidense, «donde la población puede consultar por Internet si en su barrio vive alguien que haya sido condenado por pederastia», recomienda.
Entre la amplia población reclusa de Colombia sólo se cuentan 359 presos por delitos sexuales contra menores de edad, «una cifra ridícula que demuestra que existe un gran miedo a denunciar», lamenta María Consuelo del Río, directora del departamento municipal de Bogotá encargado de proteger los derechos humanos de sus habitantes. Otros datos alarmantes llegan desde la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, que señala que cada día cinco niños son víctimas de abusos en Colombia. Lo dramático es que los autores son padres, familiares o amigos.
