ECONOMÍA
Una juez ordena el embargo de bienes de los principales directivos de Afinsa
Les considera «culpables» de haber cometido numerosas irregularidades contables
13.10.07 -
BILBAO. Afectados por la estafa, durante la manifestación celebrada esta semana. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
La justicia estrecha cada vez más su cerco sobre los antiguos responsables de Afinsa y Fórum Filatélico, quienes parecen abocados a sentarse en el banquillo de los acusados -quizá habrá que esperar hasta 2009 para que finalice la instrucción- por una posible estafa de 6.203 millones de euros a unos 460.000 inversores. El último golpe lo han recibido los tres principales directivos de Afinsa, después de que la jueza Purificación Pujol haya ordenado el «embargo preventivo» de los bienes de Juan Antonio Cano, presidente de la compañía y propietario del 50% de las acciones; de Vicente Martín Peña, consejero delegado, y de Carlos de Figueiredo, consejero y ejecutivo de Escala Group, filial de la sociedad en Estados Unidos.
Entre los tres deberían cubrir con sus bienes una suma de 1.823 millones de euros. Esta es la estimación del 'agujero' financiero que, según los actuales administradores, dejaron en la compañía. Según las últimas valoraciones patrimoniales, los activos de Afinsa están valorados en 613 millones de euros, lo que apenas llegaría para cubrir una cuarta parte de las deudas de la sociedad, estimadas en 2.436 millones.
No obstante, esta decisión judicial aporta más fuerza oral que efectividad práctica, ya que la Audiencia Nacional no ha sido capaz hasta ahora de localizar bienes cuantiosos vinculados a los acusados, pese a que sospecha que sí podrían ocultarlos bajo la identidad de testaferros o en el extranjero.
Camino de la liquidación
Según la magistrada, los tres ejecutivos citados son «culpables» de la «insolvencia» de la empresa, que presumiblemente acabará con su liquidación por una situación de quiebra «irrecuperable». La posibilidad de rescatar la sociedad es una hipótesis que la jueza ni siquiera se ha planteado.
Con un déficit patrimonial tan elevado y más de 190.000 clientes que hacen cola para intentar recuperar sus inversiones, es sólo cuestión de tiempo que Afinsa quede finiquitada como empresa. La situación, advierte la juez, es una consecuencia de la mala gestión de sus administradores, a quienes considera culpables por incurrir en «irregularidades contables» y «descapitalización», además de agravar el mal estado económico de la sociedad al no haber solicitado la suspensión de pagos ante los primeros indicios de insolvencia.
Sugiere la jueza Pujol que de haber iniciado ese proceso antes no sólo se habría recuperado más dinero, sino que incluso se podría haber salvado la propia empresa, aunque tampoco lo afirma. Y es que, advierte, las «irregularidades contables» encontradas son muchas. Como ejemplo, señala las transacciones entre Afinsa y su filial inmobiliaria, Oikia Real Estate, «a la que se aportaron importantes y numerosos inmuebles hasta entonces propiedad» de la primera, para que después se los arrendase a la propia matriz filatélica, en una posible «descapitalización injustificada» del dinero invertido por los clientes.
Mientras, algunos afectados ya han pedido que el embargo cautelar se extienda también a otros responsables de Afinsa, como el socio de la misma, Albertino de Figueiredo, el ex consejero y asesor Tomás Olalde, y el secretario del consejo y responsable jurídico, Joaquín Abajo.
Entre los tres deberían cubrir con sus bienes una suma de 1.823 millones de euros. Esta es la estimación del 'agujero' financiero que, según los actuales administradores, dejaron en la compañía. Según las últimas valoraciones patrimoniales, los activos de Afinsa están valorados en 613 millones de euros, lo que apenas llegaría para cubrir una cuarta parte de las deudas de la sociedad, estimadas en 2.436 millones.
No obstante, esta decisión judicial aporta más fuerza oral que efectividad práctica, ya que la Audiencia Nacional no ha sido capaz hasta ahora de localizar bienes cuantiosos vinculados a los acusados, pese a que sospecha que sí podrían ocultarlos bajo la identidad de testaferros o en el extranjero.
Camino de la liquidación
Según la magistrada, los tres ejecutivos citados son «culpables» de la «insolvencia» de la empresa, que presumiblemente acabará con su liquidación por una situación de quiebra «irrecuperable». La posibilidad de rescatar la sociedad es una hipótesis que la jueza ni siquiera se ha planteado.
Con un déficit patrimonial tan elevado y más de 190.000 clientes que hacen cola para intentar recuperar sus inversiones, es sólo cuestión de tiempo que Afinsa quede finiquitada como empresa. La situación, advierte la juez, es una consecuencia de la mala gestión de sus administradores, a quienes considera culpables por incurrir en «irregularidades contables» y «descapitalización», además de agravar el mal estado económico de la sociedad al no haber solicitado la suspensión de pagos ante los primeros indicios de insolvencia.
Sugiere la jueza Pujol que de haber iniciado ese proceso antes no sólo se habría recuperado más dinero, sino que incluso se podría haber salvado la propia empresa, aunque tampoco lo afirma. Y es que, advierte, las «irregularidades contables» encontradas son muchas. Como ejemplo, señala las transacciones entre Afinsa y su filial inmobiliaria, Oikia Real Estate, «a la que se aportaron importantes y numerosos inmuebles hasta entonces propiedad» de la primera, para que después se los arrendase a la propia matriz filatélica, en una posible «descapitalización injustificada» del dinero invertido por los clientes.
Mientras, algunos afectados ya han pedido que el embargo cautelar se extienda también a otros responsables de Afinsa, como el socio de la misma, Albertino de Figueiredo, el ex consejero y asesor Tomás Olalde, y el secretario del consejo y responsable jurídico, Joaquín Abajo.
