Entre las críticas del TVCP al Guggenheim también se citaban unos contratos de servicios que excedían la cantidad fijada por la ley, 60.000 euros, a partir de la cual tienen que seguir unas reglas similares a las del concurso público para garantizar los principios de publicidad y concurrencia y, por tanto, deben publicarse en el boletín oficial correspondiente.
Azkarate recordó que la Fundación Guggenheim es de carácter privado, aunque sus socios sean el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya, y no tiene por qué seguir esa norma que se aplica a las administraciones públicas. Fernando Maura se extrañó con ironía de que «para ingresar dinero, el museo es público; para controlarlo, no».