defectos de fabricación
Un nuevo derrumbe obliga a cerrar el acceso principal a 48 pisos protegidos en Muskiz
La promotora tiene tres meses para reparar los daños, que aparecen en el edificio desde hace dos años
LOS BOMBEROS han apuntalado el edificio. / P. URRESTI
Viven con los soportales apuntalados y el miedo en el cuerpo desde hace dos años. Cada día que pasa, 48 familias de Muskiz detectan nuevas deficiencias en su bloque de pisos protegidos. El último susto llegó en la madrugada de ayer, cuando el techo del pasadizo principal que da acceso a los portales se desprendió parcialmente. No hubo daños personales. Eran las 00.15 horas y la travesía se encontraba vacía, pero el derrumbe obligó a intervenir a los Bomberos, que apuntalaron la zona deteriorada. El resto de la cubierta, sujetada por una estructura de madera, corre ahora peligro. «Está abombada, a punto de ceder», avisan los afectados.
Después de examinar el terreno, el Ayuntamiento ha decidido cortar el paso en el callejón «para evitar males mayores». Las vallas rodean ya la entrada a los cinco portales y los locales comerciales enclavados en este edificio de la calle Errota Zahar del polígono de San Juan. Grietas aparte, el bloque sufrió el 26 de agosto un desplome similar. Como ahora, en aquella ocasión varios cascotes de ladrillo y cemento cayeron a la vía pública, si bien entonces la calle estaba atestada de gente.
«¿Cualquier día va a pasar una desgracia!», claman los residentes. Temen que sus viviendas dejen de ser habitables y deban ser realojados en otro lugar ante la infinidad de defectos que emergen a medida que pasan las horas. «Sólo en el salón tenemos varias grietas en un edificio que tiene menos de diez años», relatan Ainhoa Villafría y Mario Bustamante.
Sentencia judicial
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de condenar a la promotora del edificio a reparar las deficiencias y ha exculpado al Gobierno vasco de toda responsabilidad. El auto de ejecución de la sentencia recoge, en este sentido, que la constructora tiene un plazo de tres meses para realizar la reforma. «En el caso de que no cumplan, la propia comunidad de propietarios deberá contratar a una empresa y pasar la factura a la promotora», reveló el edil de Urbanismo, el socialista Fernando Martín, que visitó a los vecinos alertado por la situación.
En cualquier caso, los afectados no se fían de la constructora. Más que nada, porque puede declararse insolvente o alargar el pago 'sine die'. Nadie les garantiza, además, que mientras tanto «esto no se venga abajo» y piden ayuda inmediata al Ejecutivo autónomo. El Consistorio le ha instado también a tomar cartas en el asunto. «No puede decir que no tiene responsabilidades en unas VPO», dijo el edil.
Después de examinar el terreno, el Ayuntamiento ha decidido cortar el paso en el callejón «para evitar males mayores». Las vallas rodean ya la entrada a los cinco portales y los locales comerciales enclavados en este edificio de la calle Errota Zahar del polígono de San Juan. Grietas aparte, el bloque sufrió el 26 de agosto un desplome similar. Como ahora, en aquella ocasión varios cascotes de ladrillo y cemento cayeron a la vía pública, si bien entonces la calle estaba atestada de gente.
«¿Cualquier día va a pasar una desgracia!», claman los residentes. Temen que sus viviendas dejen de ser habitables y deban ser realojados en otro lugar ante la infinidad de defectos que emergen a medida que pasan las horas. «Sólo en el salón tenemos varias grietas en un edificio que tiene menos de diez años», relatan Ainhoa Villafría y Mario Bustamante.
Sentencia judicial
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de condenar a la promotora del edificio a reparar las deficiencias y ha exculpado al Gobierno vasco de toda responsabilidad. El auto de ejecución de la sentencia recoge, en este sentido, que la constructora tiene un plazo de tres meses para realizar la reforma. «En el caso de que no cumplan, la propia comunidad de propietarios deberá contratar a una empresa y pasar la factura a la promotora», reveló el edil de Urbanismo, el socialista Fernando Martín, que visitó a los vecinos alertado por la situación.
En cualquier caso, los afectados no se fían de la constructora. Más que nada, porque puede declararse insolvente o alargar el pago 'sine die'. Nadie les garantiza, además, que mientras tanto «esto no se venga abajo» y piden ayuda inmediata al Ejecutivo autónomo. El Consistorio le ha instado también a tomar cartas en el asunto. «No puede decir que no tiene responsabilidades en unas VPO», dijo el edil.
