OPERACIÓN POLICIAL
La Fiscalía cree que la redada no aporta datos de peso contra ANV y EHAK
La investigación no halla pruebas para detener a los miembros de la mesa nacional que siguen en libertad
María Tomasa Alejandro, una de las detenidas, tras el registro de la sede de EHAK. / AFP
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la documentación y los datos obtenidos en la redada que ha llevado a la cárcel a 17 de los principales dirigentes de Batasuna no aportan indicios de peso que justifiquen una suspensión judicial de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) o del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK).
El verdadero alcance del material requisado, que todavía analiza la Comisaría General de Información, no se conocerá hasta dentro de unos días, cuando la Policía remita un completo informe al juez Baltasar Garzón. No obstante, las conclusiones adelantadas por los investigadores a la Fiscalía y al juez instructor no contienen elementos bastantes para mantener que ANV, desde las pasadas elecciones locales, y EHAK, desde las autonómicas vascas de 2005, son en realidad instrumentos de Batasuna para burlar su ilegalización, a las órdenes de ETA. Fuentes fiscales coinciden en que la actuación penal contra estas organizaciones no es inminente.
El destino de los indicios hallados -resguardos bancarios, documentos para estrategias comunes, uso compartido de sedes, etcétera- será enriquecer las diligencias previas abiertas contra ambas organizaciones en el juzgado de Baltasar Garzón, por si en su día, sumados a otros datos nuevos y antiguos, se estiman suficientes para adoptar la suspensión de actividades. La Policía Nacional y la Guardia Civil no han dejado de informar al juez de todos sus investigaciones sobre la relación de ambas organizaciones con Batasuna desde que comenzaron a investigarlas.
El auto dictado el domingo pasado por Garzón explica que no hay que confundir izquierda abertzale con Batasuna, pese a que reconozca que el partido prohibido es el «frente institucional» de ETA y por tanto «actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo este espectro político» y procura «instrumentalizar» al resto de las organizaciones hasta «absorber a la denominada izquierda abertzale, anulando así cualquier opción de discrepancia o independencia».
El sumario sobre Batasuna nació en 2002, y en él están procesados los miembros de todas las direcciones históricas del partido ilegalizado. El pasado 1 de octubre, el magistrado desgajó una nueva pieza -diligencias previas 320/07-, abierta para perseguir el intento de la «nueva mesa nacional de Batasuna», la nombrada en marzo de 2006, de reorganizarse y pasar a una política de «confrontación» para arropar a ETA en su vuelta a los atentados, la extorsión y los asesinatos.
Ese presunto delito de pertenencia o colaboración con banda armada se habría cometido en la reunión de Segura (Guipúzcoa), y del mismo ya están imputados los quince detenidos en la redada del jueves que no estaban procesados en sumarios anteriores.
Fuentes jurídicas explicaron que, como el supuesto delito fue el cometido en aquel cónclave y sólo por los que asistieron al encuentro, no cabe esperar que en los próximos días sean detenidos los restantes miembros de la Mesa Nacional que aún no están encarcelados.
Tanto el juez Garzón como la Fiscalía coinciden en que el sólo hecho de formar parte de la dirección de Batasuna no es por sí un delito, salvo que, como ocurrió el jueves, vaya acompañado de otros elementos y del «delito flagrante» de participar en una reunión prohibida.
De hecho, a la hora de solicitar la prisión preventiva para los detenidos, la Fiscalía valoró que sólo podía hacerlo para aquellos que cumpliesen al menos tres de cuatro indicios: formar parte de la mesa nacional, haber asistido a la reunión de Segura o a la que se celebró 15 días antes en Salvatierra (Álava), tener causas previas por delitos de terrorismo y tener en su poder documentación de relevancia penal.
Un elemento que podría provocar nuevas detenciones son las conclusiones a las que la Policía llegue tras el análisis de todas los documentos obtenidos en los registros que, en su conjunto, según afirmó ayer el director general de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, ponen de manifiesto «una reestructuración de Batasuna para apoyar la estrategia de la violencia». La última resolución del juez Garzón contiene es un aviso cristalino: enterrada la tregua, cualquier intento de actuar en nombre de Batasuna o de organizar acciones a favor de ETA conducirá a la cárcel.
El verdadero alcance del material requisado, que todavía analiza la Comisaría General de Información, no se conocerá hasta dentro de unos días, cuando la Policía remita un completo informe al juez Baltasar Garzón. No obstante, las conclusiones adelantadas por los investigadores a la Fiscalía y al juez instructor no contienen elementos bastantes para mantener que ANV, desde las pasadas elecciones locales, y EHAK, desde las autonómicas vascas de 2005, son en realidad instrumentos de Batasuna para burlar su ilegalización, a las órdenes de ETA. Fuentes fiscales coinciden en que la actuación penal contra estas organizaciones no es inminente.
El destino de los indicios hallados -resguardos bancarios, documentos para estrategias comunes, uso compartido de sedes, etcétera- será enriquecer las diligencias previas abiertas contra ambas organizaciones en el juzgado de Baltasar Garzón, por si en su día, sumados a otros datos nuevos y antiguos, se estiman suficientes para adoptar la suspensión de actividades. La Policía Nacional y la Guardia Civil no han dejado de informar al juez de todos sus investigaciones sobre la relación de ambas organizaciones con Batasuna desde que comenzaron a investigarlas.
El auto dictado el domingo pasado por Garzón explica que no hay que confundir izquierda abertzale con Batasuna, pese a que reconozca que el partido prohibido es el «frente institucional» de ETA y por tanto «actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo este espectro político» y procura «instrumentalizar» al resto de las organizaciones hasta «absorber a la denominada izquierda abertzale, anulando así cualquier opción de discrepancia o independencia».
El sumario sobre Batasuna nació en 2002, y en él están procesados los miembros de todas las direcciones históricas del partido ilegalizado. El pasado 1 de octubre, el magistrado desgajó una nueva pieza -diligencias previas 320/07-, abierta para perseguir el intento de la «nueva mesa nacional de Batasuna», la nombrada en marzo de 2006, de reorganizarse y pasar a una política de «confrontación» para arropar a ETA en su vuelta a los atentados, la extorsión y los asesinatos.
Ese presunto delito de pertenencia o colaboración con banda armada se habría cometido en la reunión de Segura (Guipúzcoa), y del mismo ya están imputados los quince detenidos en la redada del jueves que no estaban procesados en sumarios anteriores.
Fuentes jurídicas explicaron que, como el supuesto delito fue el cometido en aquel cónclave y sólo por los que asistieron al encuentro, no cabe esperar que en los próximos días sean detenidos los restantes miembros de la Mesa Nacional que aún no están encarcelados.
Tanto el juez Garzón como la Fiscalía coinciden en que el sólo hecho de formar parte de la dirección de Batasuna no es por sí un delito, salvo que, como ocurrió el jueves, vaya acompañado de otros elementos y del «delito flagrante» de participar en una reunión prohibida.
De hecho, a la hora de solicitar la prisión preventiva para los detenidos, la Fiscalía valoró que sólo podía hacerlo para aquellos que cumpliesen al menos tres de cuatro indicios: formar parte de la mesa nacional, haber asistido a la reunión de Segura o a la que se celebró 15 días antes en Salvatierra (Álava), tener causas previas por delitos de terrorismo y tener en su poder documentación de relevancia penal.
Un elemento que podría provocar nuevas detenciones son las conclusiones a las que la Policía llegue tras el análisis de todas los documentos obtenidos en los registros que, en su conjunto, según afirmó ayer el director general de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, ponen de manifiesto «una reestructuración de Batasuna para apoyar la estrategia de la violencia». La última resolución del juez Garzón contiene es un aviso cristalino: enterrada la tregua, cualquier intento de actuar en nombre de Batasuna o de organizar acciones a favor de ETA conducirá a la cárcel.
