398 afectados
Compradores de una promoción paralizada en Piélagos intentan recuperar su dinero
El Ejecutivo regional trabaja en un nuevo plan parcial que legalice parte de las casas
La incertidumbre que sufren desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ilegalizara el pasado 2 de abril sus viviendas de la urbanización Costa Verde, en Piélagos, ha empujado a algunos de los 398 afectados a ejecutar sus avales para recuperar el dinero que invirtieron en la compra de las casas. El Gobierno regional, por su parte, trabaja para sacar adelante en breve un nuevo plan parcial que permita normalizar la situación urbanística de este enclave cántabro conocido como el Alto del Cuco.
Mientras buena parte de las familias confían en que la consejería de Obras Públicas logre la fórmula para legalizar sus viviendas, un grupo de afectados ya han empezado a tramitar la ejecución de los avales para recuperar su dinero. Ahora bien, no todos han tenido la misma fortuna. De hecho, algunos han encontrado dificultades para que una entidad bancaria les reintegre su inversión.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC acordó en abril la paralización cautelar de las obras de la urbanización Costa Verde. Según el tribunal, la promoción incumplía la Ley del Suelo provincial y había sido declarada ilegal unos días antes, a fin de evitar que se «agravara el deterioro ambiental ya producido» y la «inseguridad jurídica» que provocaría su continuación en los compradores. El fallo respondió a una petición del Gobierno cántabro.
200 viviendas
Ahora, los responsables regionales aspiran a redactar un plan parcial «más respetuoso» con el medio ambiente que permita la construcción de una urbanización de 200 casas en la parte inferior de la montaña en lugar de las 400 que propone Fadesa, la promotora. Así, el área superior se reservaría a zonas verdes.
Los afectados, decenas de ellos vizcaínos, han convocado una asamblea para el próximo día 11 a fin de estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa, a la que acusan de tenerles de «rehenes». A su juicio, Fadesa les «utiliza» para presionar al Ejecutivo y conseguir un plan que le sea favorable.
Mientras buena parte de las familias confían en que la consejería de Obras Públicas logre la fórmula para legalizar sus viviendas, un grupo de afectados ya han empezado a tramitar la ejecución de los avales para recuperar su dinero. Ahora bien, no todos han tenido la misma fortuna. De hecho, algunos han encontrado dificultades para que una entidad bancaria les reintegre su inversión.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC acordó en abril la paralización cautelar de las obras de la urbanización Costa Verde. Según el tribunal, la promoción incumplía la Ley del Suelo provincial y había sido declarada ilegal unos días antes, a fin de evitar que se «agravara el deterioro ambiental ya producido» y la «inseguridad jurídica» que provocaría su continuación en los compradores. El fallo respondió a una petición del Gobierno cántabro.
200 viviendas
Ahora, los responsables regionales aspiran a redactar un plan parcial «más respetuoso» con el medio ambiente que permita la construcción de una urbanización de 200 casas en la parte inferior de la montaña en lugar de las 400 que propone Fadesa, la promotora. Así, el área superior se reservaría a zonas verdes.
Los afectados, decenas de ellos vizcaínos, han convocado una asamblea para el próximo día 11 a fin de estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa, a la que acusan de tenerles de «rehenes». A su juicio, Fadesa les «utiliza» para presionar al Ejecutivo y conseguir un plan que le sea favorable.
