GENERAL
Un juez de Castro echa a una mujer de su casa 3 años por hacer la vida imposible a sus vecinos
La insólita sentencia defiende el «derecho a la tranquilidad» de los inquilinos, que han vivido un infierno de ruidos, suciedad y denuncias
07.10.07 -
SATISFECHOS. Maika Ramajo muestra la sentencia que ha echado a su vecina. / PEDRO URRESTI
Una comunidad de residentes de Castro Urdiales ha conseguido expulsar de su casa durante tres años a una vecina que les hacía «la vida imposible». En una insólita sentencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad cántabra ha privado a Ana Isabel P. R. del derecho a residir en su propio domicilio hasta 2010 ante su reiterado «comportamiento antisocial». El fallo constituye uno de los pocos casos en los que un magistrado aplica la máxima pena contemplada por la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 7.2 para castigar actividades molestas o insalubres. Lo hace, apunta, con el fin de garantizar «el derecho a la tranquilidad de los vecinos».
La novedosa resolución, a la que ha tenido acceso EL CORREO, no sólo prohíbe a la mujer acceder a la vivienda de su propiedad, sino también hacer uso del resto de elementos comunes del inmueble y votar en las juntas de la comunidad durante idéntico periodo. El juez constata en su fallo la existencia de «abundante documentación» que prueba la «insostenible situación que para la convivencia supone la conducta habitual de la demandada».
También reconoce el «infierno» padecido desde 2003 por los propietarios de los portales 5 y 7 de la calle Velázquez de Castro Urdiales debido al comportamiento «totalmente contrario a las más elementales normas de convivencia» demostrado por Ana Isabel P. R., resalta el representante legal de los demandantes, Gonzalo Juez. Según el abogado bilbaíno, la mujer se ha dedicado en los últimos cuatro años a «maquinar con mala fe estrategias» para «hacer insoportable» la vida a sus convecinos.
El juez, de hecho, reconoce en su escrito los «continuos y graves comportamientos incívicos» de la mujer. Uno de los más molestos para la comunidad deriva de su empeño por recoger gatos callejeros en su domicilio. «Ha llegado a tener hasta 20 animales», asegura Gonzalo Juez. Según el letrado, la mujer ha admitido que se dedicaba a «vacunar, desparasitar y medicar» a las mascotas «sin ninguna autorización municipal». «Los balcones aparecían llenos de pelos, por no hablar de los olores que salían de su vivienda o de los restos de comida que diseminaba por la escalera y el patio interior». Y, según los residentes, llegó a introducir «heces de gato en los buzones y el descansillo» y a «rajar bolsas de basura en el portal».
Además de la suciedad, la comunidad debía soportar «continuos ruidos» procedentes del domicilio que se llegaban a oír «dos pisos más abajo». Los residentes sufrían «fortísimos y constantes portazos, música a todo volumen a horas intempestivas -incluso de madrugada-, ladridos y maullidos... La Policía local llegó a medir más de 54 decibelios cuando el máximo permitido es 30», relata el letrado. Los demandantes también acusan a Ana Isabel de «agresiones e insultos», de «lanzar piedras y latas de cerveza» contra algunos residentes desde su terraza y de protagonizar «comportamientos infantiles», como «pulsar todos los botones del ascensor para retrasar su uso por el resto de inquilinos». Según la sentencia, estas actividades «afectan a vecinos que ven así lesionado su derecho al descanso o que tienen hijos menores de edad». También destaca el juez la «imposibilidad de llegar a entendimiento alguno con la demandada», que incumplió un auto previo de medidas cautelares.
Afición a pleitear
Otro de los comportamientos que más quebraderos de cabeza ha acarreado a la comunidad es su afición «patológica» por «pleitear infundadamente» con todos los propietarios. «Es la persona que más recursos de amparo tiene interpuestos en el Tribunal Constitucional», sostiene Gonzalo Juez.
Según el Colegio de Abogados de Vizcaya, entre los años 1997 y 2004 solicitó la designación de letrado de oficio en 145 ocasiones. Seis denuncias fueron interpuestas por la mujer contra otros tantos abogados por distintas cuestiones. Y otras ocho se refieren a la comunidad en la que residía entonces, en la calle Príncipe de Bilbao. «Ha presentado demandas de todo tipo contra los vecinos por cuestiones variopintas, hasta por acoso sexual. También denuncia a los abogados que le designan de oficio, al Ayuntamiento y hasta a la propia Guardia Civil. Es un ejemplo claro del abuso del turno de oficio», razona Juez.
Los vecinos ponen nombre a este comportamiento: 'Querulancia'; término que define «un ansia patológica por litigar», por «plantear denuncias en forma recurrente e irracional». «Los letrados del turno de oficio comunicaron al Colegio de Abogados que se negaban a asistirla, puesto que se dedicaba a interponer demandas insostenibles», describe Juez.
«Situación muy violenta»
La sentencia que obliga a Ana Isabel a abandonar su casa es firme. El pasado 19 de septiembre, agentes de la Guardia Civil y personal judicial acudieron al domicilio para proceder al lanzamiento. «Fue una situación muy violenta, porque se negaba a abrir la puerta y tuvo que intervenir un cerrajero», recuerda Juez. Finalmente, la mujer salió de la casa y descubrió el as que guardaba en la manga: había alquilado la casa a un amigo suyo. Para este abogado, se trata de una «artimaña legal» para poder seguir entrando en el domicilio. «Sospechamos que suele estar aquí, por lo que vamos a emprender nuevas acciones», anuncia.
Ana Isabel P.R. niega todas las acusaciones y califica la sentencia de «aberrante». «Puedo probar que todo son infundios», sostiene. De hecho, la mujer asegura que ha presentado la correspondente denuncia contra el juez «por prevaricación». «Si se me difama, tomaré las medidas oportunas», advirtió por último a este periódico en conversación telefónica.
La novedosa resolución, a la que ha tenido acceso EL CORREO, no sólo prohíbe a la mujer acceder a la vivienda de su propiedad, sino también hacer uso del resto de elementos comunes del inmueble y votar en las juntas de la comunidad durante idéntico periodo. El juez constata en su fallo la existencia de «abundante documentación» que prueba la «insostenible situación que para la convivencia supone la conducta habitual de la demandada».
También reconoce el «infierno» padecido desde 2003 por los propietarios de los portales 5 y 7 de la calle Velázquez de Castro Urdiales debido al comportamiento «totalmente contrario a las más elementales normas de convivencia» demostrado por Ana Isabel P. R., resalta el representante legal de los demandantes, Gonzalo Juez. Según el abogado bilbaíno, la mujer se ha dedicado en los últimos cuatro años a «maquinar con mala fe estrategias» para «hacer insoportable» la vida a sus convecinos.
El juez, de hecho, reconoce en su escrito los «continuos y graves comportamientos incívicos» de la mujer. Uno de los más molestos para la comunidad deriva de su empeño por recoger gatos callejeros en su domicilio. «Ha llegado a tener hasta 20 animales», asegura Gonzalo Juez. Según el letrado, la mujer ha admitido que se dedicaba a «vacunar, desparasitar y medicar» a las mascotas «sin ninguna autorización municipal». «Los balcones aparecían llenos de pelos, por no hablar de los olores que salían de su vivienda o de los restos de comida que diseminaba por la escalera y el patio interior». Y, según los residentes, llegó a introducir «heces de gato en los buzones y el descansillo» y a «rajar bolsas de basura en el portal».
Además de la suciedad, la comunidad debía soportar «continuos ruidos» procedentes del domicilio que se llegaban a oír «dos pisos más abajo». Los residentes sufrían «fortísimos y constantes portazos, música a todo volumen a horas intempestivas -incluso de madrugada-, ladridos y maullidos... La Policía local llegó a medir más de 54 decibelios cuando el máximo permitido es 30», relata el letrado. Los demandantes también acusan a Ana Isabel de «agresiones e insultos», de «lanzar piedras y latas de cerveza» contra algunos residentes desde su terraza y de protagonizar «comportamientos infantiles», como «pulsar todos los botones del ascensor para retrasar su uso por el resto de inquilinos». Según la sentencia, estas actividades «afectan a vecinos que ven así lesionado su derecho al descanso o que tienen hijos menores de edad». También destaca el juez la «imposibilidad de llegar a entendimiento alguno con la demandada», que incumplió un auto previo de medidas cautelares.
Afición a pleitear
Otro de los comportamientos que más quebraderos de cabeza ha acarreado a la comunidad es su afición «patológica» por «pleitear infundadamente» con todos los propietarios. «Es la persona que más recursos de amparo tiene interpuestos en el Tribunal Constitucional», sostiene Gonzalo Juez.
Según el Colegio de Abogados de Vizcaya, entre los años 1997 y 2004 solicitó la designación de letrado de oficio en 145 ocasiones. Seis denuncias fueron interpuestas por la mujer contra otros tantos abogados por distintas cuestiones. Y otras ocho se refieren a la comunidad en la que residía entonces, en la calle Príncipe de Bilbao. «Ha presentado demandas de todo tipo contra los vecinos por cuestiones variopintas, hasta por acoso sexual. También denuncia a los abogados que le designan de oficio, al Ayuntamiento y hasta a la propia Guardia Civil. Es un ejemplo claro del abuso del turno de oficio», razona Juez.
Los vecinos ponen nombre a este comportamiento: 'Querulancia'; término que define «un ansia patológica por litigar», por «plantear denuncias en forma recurrente e irracional». «Los letrados del turno de oficio comunicaron al Colegio de Abogados que se negaban a asistirla, puesto que se dedicaba a interponer demandas insostenibles», describe Juez.
«Situación muy violenta»
La sentencia que obliga a Ana Isabel a abandonar su casa es firme. El pasado 19 de septiembre, agentes de la Guardia Civil y personal judicial acudieron al domicilio para proceder al lanzamiento. «Fue una situación muy violenta, porque se negaba a abrir la puerta y tuvo que intervenir un cerrajero», recuerda Juez. Finalmente, la mujer salió de la casa y descubrió el as que guardaba en la manga: había alquilado la casa a un amigo suyo. Para este abogado, se trata de una «artimaña legal» para poder seguir entrando en el domicilio. «Sospechamos que suele estar aquí, por lo que vamos a emprender nuevas acciones», anuncia.
Ana Isabel P.R. niega todas las acusaciones y califica la sentencia de «aberrante». «Puedo probar que todo son infundios», sostiene. De hecho, la mujer asegura que ha presentado la correspondente denuncia contra el juez «por prevaricación». «Si se me difama, tomaré las medidas oportunas», advirtió por último a este periódico en conversación telefónica.
