DETENIDA LA CÚPULA DE BATASUNA
Garzón busca pruebas para actuar contra EHAK por su relación con Batasuna
La Policía registró durante tres horas y media la sede del partido comunista y se incautó de documentos, ordenadores y una caja fuerte Una de las arrestadas era responsable de finanzas de la formación legal
SOSPECHA. Permach, durante el registro de la sede de EHAK en San Sebastián. / DAVID APREA
La operación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que ha supuesto la detención de 19 miembros de la mesa nacional y otras cuatro personas vinculadas a la izquierda abertzale está alcanzando a EHAK, el partido comunista para el que Batasuna pidió el voto en las autonómicas de 2005 y que cuenta con nueve parlamentarios en la Cámara vasca. El magistrado ordenó ayer el registro de la sede de esta formación en San Sebastián y se incautó de abundante documentación -«de datos», precisaron fuentes jurídicas- que será examinada en los próximos días en busca de pruebas sobre la relación de este grupo con Batasuna. El análisis podría alargarse en el tiempo dado el volumen de información recogido por los funcionarios.
Según han señalado las citadas fuentes, el registro de ese local fue ordenado por Garzón ya que investigaciones previas habían revelado que servía de lugar de reunión habitual a miembros de Batasuna. Al inmueble -ubicado en el polígono de Belartza, en un edificio en el que Batasuna tuvo una sede hasta que fue cerrada en 2006 por el juez- acudían de forma regular los principales dirigentes de la formación ilegalizada para celebrar reuniones y mantener sesiones de trabajo con cargos del partido.
La operación se inició a primera hora de la mañana cuando tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía se apostaron junto a la puerta e impidieron el acceso de la parlamentaria de EHAK Nekane Erauskin, quien acudió acompañada por el abogado Iñigo Iruin. A las cuatro y cuarto de la tarde, la Policía trasladó hasta el local a Joseba Permach y a María Tomasa Alejandro, ambos detenidos el día anterior en la redada de Segura. Según fuentes de la investigación, el papel de Alejandro es clave en las pesquisas, ya que la mujer fue una de las responsables de las cuentas de Batasuna hasta que le encargaron la gestión económica de EHAK. La detenida, además, fue -junto con la también arrestada Joana Regueiro y la dirigente de la izquierda abertzale Marije Fullaondo (en libertad)- una de las impulsoras de ASB, las siglas con las que Batasuna pretendió presentarse en las autonómicas de 2007 y que fueron anuladas por el Tribunal Supremo.
Tanto Permach como María Tomasa estuvieron presentes durante las tres horas y media que duró el registro. En esta inspección los agentes se incautaron de 85 bultos, entre cajas de cartón, archivadores, bolsas y carpetas de documentos. Los policías también requisaron catorce ordenadores, cuatro de ellos portátiles, y una caja fuerte. Nekane Erauskin declaró tras el registro que las fuerzas de seguridad habían puesto los locales «patas arriba» para llevarse «prácticamente todo» el material de la sede.
Al finalizar la inspección, Permach y Alejandro fueron conducidos a una comisaría de San Sebastián. La Policía ha comenzado a trasladar a los arrestados a la sede de la Comisaría General de Información en Madrid, en el complejo de Canillas. A primera hora de la tarde de ayer ya se encontraban en los calabozos de la capital de España Ibon Arbulu, Ana Lizarralde y Egoitz Apaolaza. Fuentes jurídicas señalaron que la previsión del juez Baltasar Garzón es tomar declaración a los arrestados mañana, domingo, a partir de las 10.00 horas.
Reiteración delictiva
Las 23 detenciones se enmarcan en el sumario 35/02, que investiga la subordinación de Batasuna a ETA y su supuesta financiación a través de las herriko tabernas. En este sentido, fuentes jurídicas señalaron que el juez estudia la posibilidad de acusar a los arrestados de un delito de reiteración delictiva porque Batasuna, desde su ilegalización, tiene prohibido cualquier tipo de actividad como, por ejemplo, celebrar asambleas. La orden de detención, en este sentido, está dirigida sólo contra los asistentes a la reunión de Segura, por lo que miembros de la mesa nacional como el dirigente navarro Pernando Barrena o la abogada Jone Goirizelaia siguen en libertad al no haber asistido al encuentro.
Relevos previstos
La reunión que celebraron los dirigentes de Batasuna en Segura tenía como objetivo fijar la estrategia de la formación ilegalizada una vez roto el alto el fuego, así como comenzar a preparar la renovación de cargos internos, según han corroborado distintas fuentes. La agencia Colpisa informó ayer que en los registros llevados a cabo hasta el momento se ha encontrado un documento en el que se establece cómo debe ser el relevo dentro de la mesa nacional en el caso de que se produzcan detenciones o condenas en los sumarios pendientes de juicio existentes en la Audiencia Nacional. La Policía también se ha incautado de escritos sobre la línea de actuación que tiene que seguir la formación con respecto a la campaña contra las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).
Por otra parte, los portavoces del Ayuntamiento de Segura han señalado que la casa de cultura de la localidad en la que se estaba celebrando la reunión de Batasuna había sido cedida por el propio Consistorio para que se celebrarse la reunión, sin pedir explicaciones de cuál era el objetivo del encuentro.
El edificio -la casa Zurbano- es propiedad del Obispado de San Sebastián pero su gestión depende del municipio, gobernado por la candidatura independiente Segura Lantzen, integrada por miembros de PNV y EA. El Ayuntamiento hizo público ayer un comunicado en el que muestra «preocupación y desacuerdo» con la operación policial llevada a cabo en la localidad.
Según han señalado las citadas fuentes, el registro de ese local fue ordenado por Garzón ya que investigaciones previas habían revelado que servía de lugar de reunión habitual a miembros de Batasuna. Al inmueble -ubicado en el polígono de Belartza, en un edificio en el que Batasuna tuvo una sede hasta que fue cerrada en 2006 por el juez- acudían de forma regular los principales dirigentes de la formación ilegalizada para celebrar reuniones y mantener sesiones de trabajo con cargos del partido.
La operación se inició a primera hora de la mañana cuando tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía se apostaron junto a la puerta e impidieron el acceso de la parlamentaria de EHAK Nekane Erauskin, quien acudió acompañada por el abogado Iñigo Iruin. A las cuatro y cuarto de la tarde, la Policía trasladó hasta el local a Joseba Permach y a María Tomasa Alejandro, ambos detenidos el día anterior en la redada de Segura. Según fuentes de la investigación, el papel de Alejandro es clave en las pesquisas, ya que la mujer fue una de las responsables de las cuentas de Batasuna hasta que le encargaron la gestión económica de EHAK. La detenida, además, fue -junto con la también arrestada Joana Regueiro y la dirigente de la izquierda abertzale Marije Fullaondo (en libertad)- una de las impulsoras de ASB, las siglas con las que Batasuna pretendió presentarse en las autonómicas de 2007 y que fueron anuladas por el Tribunal Supremo.
Tanto Permach como María Tomasa estuvieron presentes durante las tres horas y media que duró el registro. En esta inspección los agentes se incautaron de 85 bultos, entre cajas de cartón, archivadores, bolsas y carpetas de documentos. Los policías también requisaron catorce ordenadores, cuatro de ellos portátiles, y una caja fuerte. Nekane Erauskin declaró tras el registro que las fuerzas de seguridad habían puesto los locales «patas arriba» para llevarse «prácticamente todo» el material de la sede.
Al finalizar la inspección, Permach y Alejandro fueron conducidos a una comisaría de San Sebastián. La Policía ha comenzado a trasladar a los arrestados a la sede de la Comisaría General de Información en Madrid, en el complejo de Canillas. A primera hora de la tarde de ayer ya se encontraban en los calabozos de la capital de España Ibon Arbulu, Ana Lizarralde y Egoitz Apaolaza. Fuentes jurídicas señalaron que la previsión del juez Baltasar Garzón es tomar declaración a los arrestados mañana, domingo, a partir de las 10.00 horas.
Reiteración delictiva
Las 23 detenciones se enmarcan en el sumario 35/02, que investiga la subordinación de Batasuna a ETA y su supuesta financiación a través de las herriko tabernas. En este sentido, fuentes jurídicas señalaron que el juez estudia la posibilidad de acusar a los arrestados de un delito de reiteración delictiva porque Batasuna, desde su ilegalización, tiene prohibido cualquier tipo de actividad como, por ejemplo, celebrar asambleas. La orden de detención, en este sentido, está dirigida sólo contra los asistentes a la reunión de Segura, por lo que miembros de la mesa nacional como el dirigente navarro Pernando Barrena o la abogada Jone Goirizelaia siguen en libertad al no haber asistido al encuentro.
Relevos previstos
La reunión que celebraron los dirigentes de Batasuna en Segura tenía como objetivo fijar la estrategia de la formación ilegalizada una vez roto el alto el fuego, así como comenzar a preparar la renovación de cargos internos, según han corroborado distintas fuentes. La agencia Colpisa informó ayer que en los registros llevados a cabo hasta el momento se ha encontrado un documento en el que se establece cómo debe ser el relevo dentro de la mesa nacional en el caso de que se produzcan detenciones o condenas en los sumarios pendientes de juicio existentes en la Audiencia Nacional. La Policía también se ha incautado de escritos sobre la línea de actuación que tiene que seguir la formación con respecto a la campaña contra las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).
Por otra parte, los portavoces del Ayuntamiento de Segura han señalado que la casa de cultura de la localidad en la que se estaba celebrando la reunión de Batasuna había sido cedida por el propio Consistorio para que se celebrarse la reunión, sin pedir explicaciones de cuál era el objetivo del encuentro.
El edificio -la casa Zurbano- es propiedad del Obispado de San Sebastián pero su gestión depende del municipio, gobernado por la candidatura independiente Segura Lantzen, integrada por miembros de PNV y EA. El Ayuntamiento hizo público ayer un comunicado en el que muestra «preocupación y desacuerdo» con la operación policial llevada a cabo en la localidad.
