
Durante la marcha, los asistentes -muchos llegados desde el País Vasco Asturias, Andalucía Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana- también reclamaron el consenso de todos los partidos en tonro a su situación. Consideran que el fruto de ese «gran y definitivo acuerdo» debería incluir, de forma «inexcusable», la restitución completa de sus inversiones perdidas, en vez de la «vergonzosa limosna» de los anticipos que concede hasta finales de año el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo a la indemnización que puedan recibir en su día a través de los tribunales.
A diferencia de otras convocatorias -más de una veintena en el casi año y medio transcurrido desde que la Audiencia Nacional ordenó intervenir las sedes y bienes de Fórum y Afinsa en mayo de 2006- esta vez todas las organizaciones de perjudicados acudieron de la mano, tanto la principal coordinadora de afectados particulares (Ceaffa) como las asociaciones de consumidores Adicae y Ausbanc. Su acusación compartida se dirigía hacia el Ejecutivo actual por no asumir sus responsabilidades tras la «negligencia» que el Estado ha demostrado en los más de 25 años que llevaban funcionando ambas empresas.
La tesis argumental de los afectados, reiterada durante la lectura del manifiesto final de la marcha, es que la Administración incumplió su obligación de control en defensa de los consumidores y, por tanto, si ha habido fraude, debe responder por su responsabilidad patrimonial.
Tras la protesta, el portavoz de Ceaffa, Francisco Berzosa anunció que la marcha de ayer fue «sólo el inicio de un otoño caliente», en el que realizarán una serie de concentraciones masivas.






