
La fundación atraviesa desde finales del año pasado una profunda crisis, que amenaza su futuro y que ha obligado a Educación a hacerse cargo de la nómina del personal. El descuerdo entre la partes -patronal, centrales y Ejecutivo autónomo tienen derecho de veto en las decisiones- ha impedido realizar las convocatorias de formación de este ejercicio, lo que supone dejar a la institución sin trabajo y sin presupuesto.
El anuncio a los miembros de la institución por parte del nuevo presidente -el viceconsejero de Formación Profesional, Iñaki Mujika- de que el Gobierno vasco acepta la normativa estatal ha producido una virulenta reacción de ELA y LAB, que han acusado al Gobierno vasco de convertir Hobetuz en «una sucursal de Madrid».
En la reunión de la fundación del pasado jueves, Educación propuso a los agentes sociales unos proyectos de convocatoria que fueron también rechazados de forma tajante por CC OO y UGT precisamente porque, en su opinión, no respetan la normativa estatal que el Ejecutivo vasco se ha comprometido a secundar para recibir la financiación.
Agentes sociales
Para estas centrales, el principal escollo de esa propuesta se encuentra, sobre todo, en que no acepta la principal condición de esa regulación nacional: que la gestión de los citados fondos sea realizada por los agentes sociales, según informó a este diario Felipe García, de UGT. En concreto, sólo reserva el 10% de los 20 millones para que sea administrado por sindicatos y patronales.
Sin embargo, Confebask, UGT y CC OO gestionan con la actual fórmula esos 20 millones por medio de contratos programa elaborados por el Inem para el País Vasco. El representante de UGT advirtió que su central está dispuesta a negociar las convocatorias, pero que no lo asumirá en las condiciones ofertadas. En cualquier caso, los trabajadores vascos seguirán beneficiándose del reciclaje a través de los citados contratos programa.






