ECONOMÍA
Euskadi pretende crear un 'lobby' europeo para defender una fiscalidad propia en la UE
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y Pedro Solbes, en un encuentro en Madrid. / CHEMA BARROSO
CRONOLOGÍA
El Gobierno vasco y las diputaciones han dado los primeros pasos para crear un grupo de presión de regiones europeas con competencias en materia fiscal con el objetivo de influir en la UE y defender una mayor descentralización en esa materia. Sus gestiones se producen cuando apenas faltan cuatro meses para que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncie en enero sobre los límites de las atribuciones de ese tipo que el Concierto Económico atribuye a los territorios históricos. Mientras tanto, las haciendas forales han remitido a Bruselas el listado y los expedientes de las aproximadamente 300 empresas de Euskadi que se vieron favorecidas por ayudas que la Comisión Europea declaró ilegales y que fueron aplicadas entre 1993 y 1999 como deducciones en el Impuesto de Sociedades.
La Administración vasca ya ha recibido algunas impresiones positivas a su intento de constituir un 'lobby' de influencia fiscal ante el Ejecutivo comunitario. Éste es el caso de las autoridades de Azores, la región portuguesa que ha mantenido importantes disputas con la UE y que incluso ha sido sancionada por la Corte de Luxemburgo por la aplicación de desgravaciones en su territorio que vulneraban la libre competencia.
Los contactos, según ha podido saber EL CORREO, se extenderán en los próximos meses a otras áreas que cuentan con algunas competencias tributarias o aspiran a tenerlas. Entre ellas figuran Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Uniformidad
El Gobierno vasco y las diputaciones creen que es necesario contraponer alguna fuerza a la corriente de opinión mayoritaria en el seno de la Comisión, que aspira a la uniformidad fiscal de Europa y que ve con muy malos ojos cualquier cesión de competencias que pueda poner en peligro sus deseos armonizadores.
Al margen de la escasa receptividad de la UE, el empeño de la Hacienda vasca se encuentra con un problema añadido en este intento de sumar fuerzas, ya que ninguna región europea dispone del grado de competencias fiscales que poseen las diputaciones. En el mejor de los casos, algunas tienen capacidad para incrementar o disminuir dentro de un estrecho margen los tipos impositivos estatales de sus respectivos impuestos sobre la renta. Por ejemplo, Escocia los pueden modificar hasta un máximo del 3%. Las autoridades vascas creen que su objetivo -defender la amplia capacidad normativa recogida en el Concierto- puede encontrar apoyo en regiones que aspiran a una situación similar.
Por otra parte, las haciendas vascas confirmaron ayer que ya han remitido a la Comisión los expedientes de los tres centenares de empresas afectadas por las ayudas fiscales ilegales. Los ejecutivos forales han pedido a Bruselas que analice cada caso, uno por uno, y que determine qué parte de las deducciones que aplicaron estas compañías -entre ellas figura la mayoría de las grandes firmas de Euskadi- tiene que ser devuelta a las arcas públicas. Además, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, las diputaciones y el Gobierno autónomo quieren proponer una negociación final, que permita dar por zanjada la persecución de estos incentivos.
La Administración vasca ya ha recibido algunas impresiones positivas a su intento de constituir un 'lobby' de influencia fiscal ante el Ejecutivo comunitario. Éste es el caso de las autoridades de Azores, la región portuguesa que ha mantenido importantes disputas con la UE y que incluso ha sido sancionada por la Corte de Luxemburgo por la aplicación de desgravaciones en su territorio que vulneraban la libre competencia.
Los contactos, según ha podido saber EL CORREO, se extenderán en los próximos meses a otras áreas que cuentan con algunas competencias tributarias o aspiran a tenerlas. Entre ellas figuran Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Uniformidad
El Gobierno vasco y las diputaciones creen que es necesario contraponer alguna fuerza a la corriente de opinión mayoritaria en el seno de la Comisión, que aspira a la uniformidad fiscal de Europa y que ve con muy malos ojos cualquier cesión de competencias que pueda poner en peligro sus deseos armonizadores.
Al margen de la escasa receptividad de la UE, el empeño de la Hacienda vasca se encuentra con un problema añadido en este intento de sumar fuerzas, ya que ninguna región europea dispone del grado de competencias fiscales que poseen las diputaciones. En el mejor de los casos, algunas tienen capacidad para incrementar o disminuir dentro de un estrecho margen los tipos impositivos estatales de sus respectivos impuestos sobre la renta. Por ejemplo, Escocia los pueden modificar hasta un máximo del 3%. Las autoridades vascas creen que su objetivo -defender la amplia capacidad normativa recogida en el Concierto- puede encontrar apoyo en regiones que aspiran a una situación similar.
Por otra parte, las haciendas vascas confirmaron ayer que ya han remitido a la Comisión los expedientes de los tres centenares de empresas afectadas por las ayudas fiscales ilegales. Los ejecutivos forales han pedido a Bruselas que analice cada caso, uno por uno, y que determine qué parte de las deducciones que aplicaron estas compañías -entre ellas figura la mayoría de las grandes firmas de Euskadi- tiene que ser devuelta a las arcas públicas. Además, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, las diputaciones y el Gobierno autónomo quieren proponer una negociación final, que permita dar por zanjada la persecución de estos incentivos.
