ECONOMÍA
La semana más trágica
La veintena de muertes en accidente laboral de los últimos días pone de manifiesto la urgencia de abordar nuevas medidas contra la siniestralidad, que serán aprobadas el próximo día 18
09.09.07 -
Rescate del cadáver del trabajador fallecido el viernes en las obras del AVE, en Carballino (Orense). /EFE
VEINTE VIDAS
La que finaliza hoy es la semana más trágica del año en accidentes laborales mortales. Aunque es pronto para cuantificar con exactitud las víctimas totales, sólo los casos aparecidos en los medios de comunicación durante los primeros siete días de septiembre suman una veintena, incluidos los ocho tripulantes del pesquero de Barbate que perdieron la vida el pasado miércoles. A esa cifra hay que añadir los siniestros que no han trascendido -fallecimientos no traumáticos en el puesto de trabajo, en accidente de circulación de camino al tajo...-, los sufridos por autónomos -que no figuran en las estadísticas oficiales-, los fenecidos varios días después de producido el percance, que generalmente tampoco se incluyen, y otros.
En el primer semestre, los datos oficiales apuntan la existencia en España de 580 muertos -incluidos los registrados 'in itinere'-, que equivalen a 22 por semana, cifras que son un 13% inferiores a las registradas en el mismo periodo del año pasado. Los sindicalistas lamentan la que creen escasa resonancia de estos fallecimientos que, a su juicio, serían evitables en su mayoría si se adoptaran las medidas de prevención -y de control por parte de las instituciones- que son exigibles a un país avanzado. Y apuntan que si se trasladara una tragedia similar a otros ámbitos de la vida diaria -violencia de género, terrorismo, delincuencia...-, la repercusión social y mediática sería tan impactante que el problema se convertiría de la noche a la mañana en prioridad absoluta de los gobiernos, cuyo propio futuro se vería amenazado por tal desastre. Pero -lamentan- la sociedad parece haberse conformado con la idea de que ir a trabajar puede costar la vida, lesiones invalidantes o, con mucha frecuencia, varias semanas de baja.
Un alto coste
Reducir esta sangría, que además del coste humano, familiar y social tiene consecuencias muy importantes para la economía en general y las empresas en particular -CC OO las ha llegado a cifrar en 13.000 millones de euros, el 1,75% de la riqueza nacional en 2003- es desde hace una semanas un objetivo más nítido para las partes implicadas. Gobierno, sindicatos y patronales se han conjurado en un ambicioso plan -'Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (207-2012)- que pretende rebajar la siniestralidad laboral en un 30% en cinco años, meta que puede cumplirse perfectamente si se tiene en cuenta la caída del 4% de los accidentes con baja registrada entre enero y junio, antes de comenzar a aplicarse la nueva iniciativa.
El proyecto fue ya aprobado por el Ejecutivo a comienzos del verano, pero falta aún por desarrollar el centenar de medidas que contempla. El próximo día 18 la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Laborales se reunirá en Cádiz para aprobar las actuaciones concretas contenidas en un plan de acción remitido por el Gobierno, cuyas primeras medidas se aplicarán hasta el próximo abril y que deben servir para acelerar la reducción de la siniestralidad ya iniciada, un capítulo en el que España se encuentra a la cola de Europa.
Para abordar los objetivos perseguidos con la nueva estrategia, la Fundación de Riesgos Laborales va a duplicar su presupuesto, por lo que rebasará con facilidad los 50 millones de euros en las partidas que destina a actuaciones territoriales -emanadas de los órganos tripartitos autonómicos- y a las sectoriales. Serán precisamente los programas de actuación sectoriales -abordados por los agentes sociales- y territoriales -con la participación añadida de las administraciones autonómicas- dos de las grandes iniciativas que protagonizarán las actuaciones en prevención.
Dentro de ellas, tiene especial relevancia la creación de la figura del 'agente sectorial de prevención' -dos por provincia-, cuya misión será la prevención de riesgos en las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores, precisamente en las que no existe la figura de delegado de prevención.
El plan de acción propuesto por el Ejecutivo contempla la puesta en marcha de una cincuentena de medidas, muchas de las cuales se prolongarán más allá de abril, durante toda la vigencia de la nueva estrategia. Tales actuaciones, a las que se ha puesto fecha y departamento responsable, tendrán lugar en los campos de la calidad de la prevención, el cumplimiento de la normativa vigente, la cultura de la prevención, el sistema de información e investigación de los siniestros, el reforzamiento de la Inspección de Trabajo, la coordinación entre las administraciones públicas, el fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y la potenciación de la formación en prevención de riesgos laborales.
Sistema de 'bonus'
Medidas más concretas, dentro de estos apartados, serán, por ejemplo, la entrega a las 'pymes' de material de primeros auxilios; la aprobación del real decreto de subcontratación en la construcción o el inicio del estudio del sistema de 'bonus' para reducir las cotizaciones sociales a las empresas con mejor historial en accidentes. Además, contempla la mejora de la protección de los trabajadores autónomos y la puesta en marcha de un 'plan renove' de equipos de trabajo obsoletos.
También se prevén la organización de marcos de colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación para consolidar la cultura de la prevención; la puesta en marcha de un observatorio estatal de condiciones de trabajo; la elaboración de guías de los síntomas y patologías relacionados con las enfermedades profesionales, y la creación de una red de Institutos públicos para la investigación de la prevención.
La extensión de prevención a todo el sistema educativo, la intensificación de la coordinación entre la Fiscalía, autoridades laborales, autonomías e Inspección de Trabajo son otras aportaciones, que se complementan con una oferta empleo de empleo público para incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo en 70 inspectores y 50 subinspectores.
Plan vasco propio
De forma paralela, el Gobierno vasco pondrá en marcha su propia estrategia -el plan de seguridad laboral para cuatro años, que pretende reducir un 17% los accidentes-, que ha sido criticada por los sindicatos al no haber contado con su consenso y que será comunicada en breve al Parlamento, pero no debatida.
Hasta la fecha, Euskadi no ha participado de la financiación de los planes territoriales al rechazar las subvenciones de la Fundación nacional de Riesgos Laborales por motivos políticos. Entienden el Ejecutivo de Vitoria y las centrales nacionalistas que tales partidas económicas corresponden al País Vasco sin necesidad de tener que justificar su gasto con los correspondientes planes de actuación.
En el primer semestre, los datos oficiales apuntan la existencia en España de 580 muertos -incluidos los registrados 'in itinere'-, que equivalen a 22 por semana, cifras que son un 13% inferiores a las registradas en el mismo periodo del año pasado. Los sindicalistas lamentan la que creen escasa resonancia de estos fallecimientos que, a su juicio, serían evitables en su mayoría si se adoptaran las medidas de prevención -y de control por parte de las instituciones- que son exigibles a un país avanzado. Y apuntan que si se trasladara una tragedia similar a otros ámbitos de la vida diaria -violencia de género, terrorismo, delincuencia...-, la repercusión social y mediática sería tan impactante que el problema se convertiría de la noche a la mañana en prioridad absoluta de los gobiernos, cuyo propio futuro se vería amenazado por tal desastre. Pero -lamentan- la sociedad parece haberse conformado con la idea de que ir a trabajar puede costar la vida, lesiones invalidantes o, con mucha frecuencia, varias semanas de baja.
Un alto coste
Reducir esta sangría, que además del coste humano, familiar y social tiene consecuencias muy importantes para la economía en general y las empresas en particular -CC OO las ha llegado a cifrar en 13.000 millones de euros, el 1,75% de la riqueza nacional en 2003- es desde hace una semanas un objetivo más nítido para las partes implicadas. Gobierno, sindicatos y patronales se han conjurado en un ambicioso plan -'Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (207-2012)- que pretende rebajar la siniestralidad laboral en un 30% en cinco años, meta que puede cumplirse perfectamente si se tiene en cuenta la caída del 4% de los accidentes con baja registrada entre enero y junio, antes de comenzar a aplicarse la nueva iniciativa.
El proyecto fue ya aprobado por el Ejecutivo a comienzos del verano, pero falta aún por desarrollar el centenar de medidas que contempla. El próximo día 18 la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Laborales se reunirá en Cádiz para aprobar las actuaciones concretas contenidas en un plan de acción remitido por el Gobierno, cuyas primeras medidas se aplicarán hasta el próximo abril y que deben servir para acelerar la reducción de la siniestralidad ya iniciada, un capítulo en el que España se encuentra a la cola de Europa.
Para abordar los objetivos perseguidos con la nueva estrategia, la Fundación de Riesgos Laborales va a duplicar su presupuesto, por lo que rebasará con facilidad los 50 millones de euros en las partidas que destina a actuaciones territoriales -emanadas de los órganos tripartitos autonómicos- y a las sectoriales. Serán precisamente los programas de actuación sectoriales -abordados por los agentes sociales- y territoriales -con la participación añadida de las administraciones autonómicas- dos de las grandes iniciativas que protagonizarán las actuaciones en prevención.
Dentro de ellas, tiene especial relevancia la creación de la figura del 'agente sectorial de prevención' -dos por provincia-, cuya misión será la prevención de riesgos en las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores, precisamente en las que no existe la figura de delegado de prevención.
El plan de acción propuesto por el Ejecutivo contempla la puesta en marcha de una cincuentena de medidas, muchas de las cuales se prolongarán más allá de abril, durante toda la vigencia de la nueva estrategia. Tales actuaciones, a las que se ha puesto fecha y departamento responsable, tendrán lugar en los campos de la calidad de la prevención, el cumplimiento de la normativa vigente, la cultura de la prevención, el sistema de información e investigación de los siniestros, el reforzamiento de la Inspección de Trabajo, la coordinación entre las administraciones públicas, el fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y la potenciación de la formación en prevención de riesgos laborales.
Sistema de 'bonus'
Medidas más concretas, dentro de estos apartados, serán, por ejemplo, la entrega a las 'pymes' de material de primeros auxilios; la aprobación del real decreto de subcontratación en la construcción o el inicio del estudio del sistema de 'bonus' para reducir las cotizaciones sociales a las empresas con mejor historial en accidentes. Además, contempla la mejora de la protección de los trabajadores autónomos y la puesta en marcha de un 'plan renove' de equipos de trabajo obsoletos.
También se prevén la organización de marcos de colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación para consolidar la cultura de la prevención; la puesta en marcha de un observatorio estatal de condiciones de trabajo; la elaboración de guías de los síntomas y patologías relacionados con las enfermedades profesionales, y la creación de una red de Institutos públicos para la investigación de la prevención.
La extensión de prevención a todo el sistema educativo, la intensificación de la coordinación entre la Fiscalía, autoridades laborales, autonomías e Inspección de Trabajo son otras aportaciones, que se complementan con una oferta empleo de empleo público para incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo en 70 inspectores y 50 subinspectores.
Plan vasco propio
De forma paralela, el Gobierno vasco pondrá en marcha su propia estrategia -el plan de seguridad laboral para cuatro años, que pretende reducir un 17% los accidentes-, que ha sido criticada por los sindicatos al no haber contado con su consenso y que será comunicada en breve al Parlamento, pero no debatida.
Hasta la fecha, Euskadi no ha participado de la financiación de los planes territoriales al rechazar las subvenciones de la Fundación nacional de Riesgos Laborales por motivos políticos. Entienden el Ejecutivo de Vitoria y las centrales nacionalistas que tales partidas económicas corresponden al País Vasco sin necesidad de tener que justificar su gasto con los correspondientes planes de actuación.
