ECONOMÍA
Armonización sin alternativa
09.09.07 -
La noticia de la ruptura de la unidad fiscal vasca se presta a hacer un análisis sintáctico de urgencia separando tres elementos: sujeto, complemento directo y complemento circunstancial. Dicho de otro modo, quién rompe, qué se rompe y en qué circunstancias.
Que sea Guipúzcoa el territorio dispuesto a quebrar la armonía fiscal vasca y EA el partido político que incita a la ruptura no dejan de ser paradojas que ilustran el ritmo vivo con que transcurre la pequeña historia de la Euskadi democrática. En un dibujo a trazos gruesos de los parámetros económicos del país (población, renta, recaudación fiscal...), Vizcaya representa aproximadamente la mitad, Guipúzcoa alrededor de un tercio y Álava un sexto. Este peso asimétrico de los tres territorios ha sido fuente de indudables dificultades en la configuración institucional de la comunidad autónoma, que ha querido integrar determinados elementos de corte confederal en el diseño (así, la composición del Parlamento vasco o la preservación de una foralidad residenciada en las antiguas provincias). Pero, además, ha dado una coloración específica al comportamiento de las propias instituciones forales, especialmente de las diputaciones. Lo cual fue más visible, a veces ostentoso, en el arranque de la autonomía: mientras que Vizcaya pecaba fácilmente de prepotencia y se embarcaba en guerras abiertas, Álava prefería la guerrilla, a la vez que mantenía ciertos vínculos 'clandestinos' con la Administración central, tejidos a lo largo de cuarenta años de Concierto alavés. En aquellos años de fuerte sarpullido foralista desarmonizador, ese tercio preciso de tres, llamado Guipúzcoa, representó siempre el equilibrio, la cordura, la disposición a la coordinación y, en definitiva, el sentido de país. ¿Se ha perdido todo ello? No es posible.
Por otro lado, si algún partido, dentro del espectro nacionalista, había apostado nítidamente desde sus traumáticos comienzos por la coordinación de las políticas públicas, la eliminación de las injerencias y las duplicidades competenciales, la armonización fiscal y el liderazgo de las instituciones comunes sobre las forales, ese partido fue Eusko Alkartasuna. Con el tiempo, lo que había sido un debate conflictivo parecía apaciguado, siendo un valor entendido para las instituciones, los partidos y la ciudadanía que la fiscalidad debía ser similar en todo el país. ¿Se ha producido en EA algún cambio estratégico o de principios? No consta.
La víctima del atropello ha sido el Impuesto de Sociedades, tal vez la peor elección desarmonizadora imaginable en términos de coste/beneficio. En efecto, la operación presenta unos elevadísimos costes -ciertamente, de naturaleza no económica, sino política y simbólica-, que no guardan proporción con los menguados resultados financieros esperables. Empecemos por lo segundo. Ante todo, hay que constatar que el efecto de la aplicación de dos puntos diferenciales en el tipo impositivo es irrelevante tanto para el que recauda como para que el que paga (probablemente menos de un 5 por mil sobre la recaudación total del primero y sobre la cifra de ventas del segundo). Más perturbadora puede ser la desarmonización en el cálculo de las bases imponibles (atención a la amortización) o en el régimen de deducciones (especialmente en las fases cíclicas de inversión elevada). Con la diferencia de tipos, en definitiva, ni las arcas de unos y otros se van a ver sensiblemente afectadas, ni la inversión industrial desincentivada ni la localización guipuzcoana de proyectos amenazada, máxime cuando la presión fiscal efectiva se presenta pareja a la de los otros territorios. Y entonces aumenta aún más la perplejidad: ¿a cuento de qué la diferencia?
Porque los costes, aún de difícil cuantificación por su carácter no tangible y no cortoplacista, son ciertos y variados. Con respecto al empresariado, se crea un clima de agravio comparativo -quizás no bien fundado- y, sobre todo, de inseguridad y arbitrariedad jurídicas. Las instituciones sufren un desgaste injustificado, pareciendo gobernadas por unos dirigentes incapaces de acordar hasta lo fácil. La clase política pierde toda credibilidad al falsear gratuitamente el sentimiento de la sociedad, que se limita a pedir sentido común. Se coloca la foralidad al borde del ridículo, transmitiendo la impresión de que el ejercicio irresponsable y caótico de las capacidades forales es posible y hasta deseable. Se desautoriza el trabajo de los órganos de coordinación. Se ofrece una imagen distorsionada y lamentable de lo que significa el Concierto Económico y la autonomía responsable que requiere. Se llega, incluso, a dificultar la acumulación de fuerzas en su necesitada defensa ante las autoridades tributarias españolas, las instituciones europeas y los tribunales de Justicia. Y se contribuye a la desestruturación del país, ahora en lo fiscal, apremiantemente necesitado de ser vertebrado institucional, política, social y culturalmente.
Como puede verse, el complemento circunstancial de la oración tiene en nuestro caso una importancia decisiva. No somos un país bien trabado o suficientemente cuajado que goce de unas instituciones consolidadas. En este sentido, la conciencia del tiempo histórico que nos toca vivir, cuya consideración requeriría un marco de análisis que excede el propósito de estas líneas, debe guiar firmemente la orientación de las políticas públicas autonómicas. De todos modos, y a título de ejemplo, interesa mencionar dos hechos circunstanciales, uno de tiempo y otro de lugar, el primero alentador y el segundo admonitorio, que pueden ayudarnos a caminar con determinación en la dirección apropiada. Uno: el Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 12 de julio de este año estimando los recursos de la Diputación de Vizcaya, Juntas Generales y Cámara de Comercio contra autos del Tribunal de Justicia del País Vasco que habían suspendido cautelarmente la aplicación del tipo del 32,5% en el Impuesto de Sociedades para el ejercicio de 2005. Este hecho en sí mismo, recién notificado a las partes, más la invocación de la propia sentencia a la 'doctrina Azores', proyectan en el debate sobre la sostenibilidad del Concierto, después de años penosos de incertidumbre y oscuridad, un esperanzador chorro de luz. Y dos: algunos gobiernos europeos han anunciado ya para el 2008 disminuciones del tipo general de gravamen en sus respectivos Impuestos de Sociedades.
Nadie duda hoy en Euskadi acerca de la necesidad de reconstruir la normativa del Impuesto de Sociedades. Y hay que admitir que, más importante que los tipos, es el diseño de una política de deducciones coherente con las urgencias de la competitividad y del bienestar de la sociedad (la innovación, la calidad, la formación, el empleo y su cualificación, la tecnología... y la dimensión). Pero no es ésta la cuestión que aquí se dilucida. Una foralidad responsable no debe acometer esta compleja tarea sino en diálogo con los interlocutores sociales y de manera coordinada con las restantes instituciones tributarias competentes. ¿Puede imaginar alguien tres políticas fiscales distintas? No cabe alternativa a un Impuesto de Sociedades armonizado. Y esto, que Guipúzcoa y EA han predicado y practicado históricamente, será, después de tanto derroche estéril de energías y prestigio, una sencilla realidad.
Que sea Guipúzcoa el territorio dispuesto a quebrar la armonía fiscal vasca y EA el partido político que incita a la ruptura no dejan de ser paradojas que ilustran el ritmo vivo con que transcurre la pequeña historia de la Euskadi democrática. En un dibujo a trazos gruesos de los parámetros económicos del país (población, renta, recaudación fiscal...), Vizcaya representa aproximadamente la mitad, Guipúzcoa alrededor de un tercio y Álava un sexto. Este peso asimétrico de los tres territorios ha sido fuente de indudables dificultades en la configuración institucional de la comunidad autónoma, que ha querido integrar determinados elementos de corte confederal en el diseño (así, la composición del Parlamento vasco o la preservación de una foralidad residenciada en las antiguas provincias). Pero, además, ha dado una coloración específica al comportamiento de las propias instituciones forales, especialmente de las diputaciones. Lo cual fue más visible, a veces ostentoso, en el arranque de la autonomía: mientras que Vizcaya pecaba fácilmente de prepotencia y se embarcaba en guerras abiertas, Álava prefería la guerrilla, a la vez que mantenía ciertos vínculos 'clandestinos' con la Administración central, tejidos a lo largo de cuarenta años de Concierto alavés. En aquellos años de fuerte sarpullido foralista desarmonizador, ese tercio preciso de tres, llamado Guipúzcoa, representó siempre el equilibrio, la cordura, la disposición a la coordinación y, en definitiva, el sentido de país. ¿Se ha perdido todo ello? No es posible.
Por otro lado, si algún partido, dentro del espectro nacionalista, había apostado nítidamente desde sus traumáticos comienzos por la coordinación de las políticas públicas, la eliminación de las injerencias y las duplicidades competenciales, la armonización fiscal y el liderazgo de las instituciones comunes sobre las forales, ese partido fue Eusko Alkartasuna. Con el tiempo, lo que había sido un debate conflictivo parecía apaciguado, siendo un valor entendido para las instituciones, los partidos y la ciudadanía que la fiscalidad debía ser similar en todo el país. ¿Se ha producido en EA algún cambio estratégico o de principios? No consta.
La víctima del atropello ha sido el Impuesto de Sociedades, tal vez la peor elección desarmonizadora imaginable en términos de coste/beneficio. En efecto, la operación presenta unos elevadísimos costes -ciertamente, de naturaleza no económica, sino política y simbólica-, que no guardan proporción con los menguados resultados financieros esperables. Empecemos por lo segundo. Ante todo, hay que constatar que el efecto de la aplicación de dos puntos diferenciales en el tipo impositivo es irrelevante tanto para el que recauda como para que el que paga (probablemente menos de un 5 por mil sobre la recaudación total del primero y sobre la cifra de ventas del segundo). Más perturbadora puede ser la desarmonización en el cálculo de las bases imponibles (atención a la amortización) o en el régimen de deducciones (especialmente en las fases cíclicas de inversión elevada). Con la diferencia de tipos, en definitiva, ni las arcas de unos y otros se van a ver sensiblemente afectadas, ni la inversión industrial desincentivada ni la localización guipuzcoana de proyectos amenazada, máxime cuando la presión fiscal efectiva se presenta pareja a la de los otros territorios. Y entonces aumenta aún más la perplejidad: ¿a cuento de qué la diferencia?
Porque los costes, aún de difícil cuantificación por su carácter no tangible y no cortoplacista, son ciertos y variados. Con respecto al empresariado, se crea un clima de agravio comparativo -quizás no bien fundado- y, sobre todo, de inseguridad y arbitrariedad jurídicas. Las instituciones sufren un desgaste injustificado, pareciendo gobernadas por unos dirigentes incapaces de acordar hasta lo fácil. La clase política pierde toda credibilidad al falsear gratuitamente el sentimiento de la sociedad, que se limita a pedir sentido común. Se coloca la foralidad al borde del ridículo, transmitiendo la impresión de que el ejercicio irresponsable y caótico de las capacidades forales es posible y hasta deseable. Se desautoriza el trabajo de los órganos de coordinación. Se ofrece una imagen distorsionada y lamentable de lo que significa el Concierto Económico y la autonomía responsable que requiere. Se llega, incluso, a dificultar la acumulación de fuerzas en su necesitada defensa ante las autoridades tributarias españolas, las instituciones europeas y los tribunales de Justicia. Y se contribuye a la desestruturación del país, ahora en lo fiscal, apremiantemente necesitado de ser vertebrado institucional, política, social y culturalmente.
Como puede verse, el complemento circunstancial de la oración tiene en nuestro caso una importancia decisiva. No somos un país bien trabado o suficientemente cuajado que goce de unas instituciones consolidadas. En este sentido, la conciencia del tiempo histórico que nos toca vivir, cuya consideración requeriría un marco de análisis que excede el propósito de estas líneas, debe guiar firmemente la orientación de las políticas públicas autonómicas. De todos modos, y a título de ejemplo, interesa mencionar dos hechos circunstanciales, uno de tiempo y otro de lugar, el primero alentador y el segundo admonitorio, que pueden ayudarnos a caminar con determinación en la dirección apropiada. Uno: el Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 12 de julio de este año estimando los recursos de la Diputación de Vizcaya, Juntas Generales y Cámara de Comercio contra autos del Tribunal de Justicia del País Vasco que habían suspendido cautelarmente la aplicación del tipo del 32,5% en el Impuesto de Sociedades para el ejercicio de 2005. Este hecho en sí mismo, recién notificado a las partes, más la invocación de la propia sentencia a la 'doctrina Azores', proyectan en el debate sobre la sostenibilidad del Concierto, después de años penosos de incertidumbre y oscuridad, un esperanzador chorro de luz. Y dos: algunos gobiernos europeos han anunciado ya para el 2008 disminuciones del tipo general de gravamen en sus respectivos Impuestos de Sociedades.
Nadie duda hoy en Euskadi acerca de la necesidad de reconstruir la normativa del Impuesto de Sociedades. Y hay que admitir que, más importante que los tipos, es el diseño de una política de deducciones coherente con las urgencias de la competitividad y del bienestar de la sociedad (la innovación, la calidad, la formación, el empleo y su cualificación, la tecnología... y la dimensión). Pero no es ésta la cuestión que aquí se dilucida. Una foralidad responsable no debe acometer esta compleja tarea sino en diálogo con los interlocutores sociales y de manera coordinada con las restantes instituciones tributarias competentes. ¿Puede imaginar alguien tres políticas fiscales distintas? No cabe alternativa a un Impuesto de Sociedades armonizado. Y esto, que Guipúzcoa y EA han predicado y practicado históricamente, será, después de tanto derroche estéril de energías y prestigio, una sencilla realidad.
