POLÍTICA
El PP propone disolver el medio centenar de ayuntamientos donde gobierna ANV
El ministro de Justicia advierte de que sólo actuará contra ese partido si se consiguen pruebas de que tiene alguna relación con ETA
07.09.07 -
REUNIÓN. Mariano Rajoy conversa con Mikel Buesa durante la reunión que mantuvieron ayer dirigentes del PP y del Foro Ermua. / EFE
LAS VALORACIONES
El Partido Popular promoverá en el Congreso la disolución del medio centenar de ayuntamientos de Euskadi y Navarra donde Acción Nacionalista ocupa la alcaldía o forma parte de sus equipos de gobierno. Para ello solicitará que se aplique la Ley de Régimen Local, que otorga al Consejo de Ministros tal prerrogativa y que se ha utilizado recientemente en Marbella. Además, el primer partido de la oposición abrirá el nuevo curso político con una vieja demanda: que el Gobierno ponga en marcha la ilegalización de esta formación que considera heredera de Batasuna.
«Hay que pasar de las palabras a los hechos», reclama Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero cada vez que el presidente se compromete a perseguir a ETA con toda la fuerza del Estado de Derecho. El líder de la oposición incita así al Ejecutivo a acompañar con otras decisiones la exitosa actuación policial a ambos lados de la frontera, que ha conseguido abortar numerosos atentados y practicar casi cuarenta detenciones. En un paso más, los populares, que ayer se reunieron con miembros del Foro Ermua, se proponen poner a prueba al Gobierno con estas dos proposiciones que someterá al pleno en las próximas semanas.
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, explicó que su grupo pedirá a la Cámara que inste al Gobierno la disolución de las corporaciones municipales con alcaldes de ANV -42 en total- y de las que tienen a concejales de ese partido en los equipos de gobierno. La legislación, recordó, contempla la posibilidad de expulsar de los ayuntamientos «a una organización terrorista».
Según Zaplana, esta medida puede ponerse en marcha «inmediata o simultáneamente» al procedimiento para ilegalizar ANV. La pretensión, enfatizó, es impedir que una formación política que el PP considera parte de ETA pueda recibir financiación a través de los municipios en los que gobierna. El Gabinete Zapatero, agregó, puede elegir la fórmula que le parezca más oportuna, aunque su grupo parlamentario prefiere utilizar el cauce que ofrece el artículo 61 de la Ley de Régimen Local.
Esta norma prevé que el Consejo de Ministros adopte tan drástica resolución cuando las corporaciones locales incurran en una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales» y «suponga un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». También estipula que son perjudiciales «los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
No condena
«ANV nunca tendría que haber llegado a los ayuntamientos», señaló Zaplana, tras recordar que el Gobierno no instó su ilegalización antes de las elecciones municipales, aunque de hecho la actuación de la Fiscalía del Estado permitió la proscripción de la mitad de sus listas. El dirigente conservador añadió que tras la ruptura del alto el fuego ETA ha buscado los asesinatos sin que el partido independentista haya rechazado los atentados, situación que se ha repetido ya en una decena de ocasiones.
«Conviene que los terroristas sepan que se va contra ellos con toda contundencia», insistió el diputado popular, para quien los socialistas tienen en esta propuesta un «vehículo extraordinario» si quieren demostrar que «no se quedan sólo en las palabras». Con idéntico objetivo, los populares someterán a votación que se ejecute con ANV lo previsto en la Ley de Partidos, en una iniciativa idéntica a la que el resto de grupos rechazaron antes de la ruptura del alto el fuego.
La iniciativa del PP fue acogida en el Gobierno con escepticismo y frialdad. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dejó claro que, a pesar de los últimos atentados y la negativa de ANV a condenar los ataques, el Ejecutivo no tiene intención de promover el proceso para proscribirla, y mucho menos de disolver los ayuntamientos, si no hay nuevos indicios que vinculen al partido con el «entramado» etarra.
El titular de Justicia explicó que las sentencias del Supremo y del Constitucional antes de las elecciones «dejaron muy claro» que haber ilegalizado todas las candidaturas de ANV hubiera sido «desproporcionado». Aseguró que el Gobierno será «coherente» porque, por ahora, la situación no ha variado, mensaje que rebaja la reacción inicial del Ejecutivo nada más producirse el ataque a la Guardia Civil en Durango. Entonces, la vicepresidenta Fernández de la Vega llamó «indecentes» a ANV y Batasuna y les amenazó con la Fiscalía.
Fernández Bermejo señaló que, con estos precedentes, la Abogacía del Estado sólo podría actuar si las «circunstancias cambiasen» y las fuerzas de seguridad encontraran pruebas «jurídicamente relevantes» de que el partido está al servicio de la banda. «Estamos muy atentos a lo que ocurre», insistió y garantizó que, si el Gobierno tiene indicios «que nos permitan actuar ante los tribunales», promoverá de «inmediato» la ilegalización.
«Hay que pasar de las palabras a los hechos», reclama Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero cada vez que el presidente se compromete a perseguir a ETA con toda la fuerza del Estado de Derecho. El líder de la oposición incita así al Ejecutivo a acompañar con otras decisiones la exitosa actuación policial a ambos lados de la frontera, que ha conseguido abortar numerosos atentados y practicar casi cuarenta detenciones. En un paso más, los populares, que ayer se reunieron con miembros del Foro Ermua, se proponen poner a prueba al Gobierno con estas dos proposiciones que someterá al pleno en las próximas semanas.
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, explicó que su grupo pedirá a la Cámara que inste al Gobierno la disolución de las corporaciones municipales con alcaldes de ANV -42 en total- y de las que tienen a concejales de ese partido en los equipos de gobierno. La legislación, recordó, contempla la posibilidad de expulsar de los ayuntamientos «a una organización terrorista».
Según Zaplana, esta medida puede ponerse en marcha «inmediata o simultáneamente» al procedimiento para ilegalizar ANV. La pretensión, enfatizó, es impedir que una formación política que el PP considera parte de ETA pueda recibir financiación a través de los municipios en los que gobierna. El Gabinete Zapatero, agregó, puede elegir la fórmula que le parezca más oportuna, aunque su grupo parlamentario prefiere utilizar el cauce que ofrece el artículo 61 de la Ley de Régimen Local.
Esta norma prevé que el Consejo de Ministros adopte tan drástica resolución cuando las corporaciones locales incurran en una «gestión gravemente dañosa para los intereses generales» y «suponga un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». También estipula que son perjudiciales «los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
No condena
«ANV nunca tendría que haber llegado a los ayuntamientos», señaló Zaplana, tras recordar que el Gobierno no instó su ilegalización antes de las elecciones municipales, aunque de hecho la actuación de la Fiscalía del Estado permitió la proscripción de la mitad de sus listas. El dirigente conservador añadió que tras la ruptura del alto el fuego ETA ha buscado los asesinatos sin que el partido independentista haya rechazado los atentados, situación que se ha repetido ya en una decena de ocasiones.
«Conviene que los terroristas sepan que se va contra ellos con toda contundencia», insistió el diputado popular, para quien los socialistas tienen en esta propuesta un «vehículo extraordinario» si quieren demostrar que «no se quedan sólo en las palabras». Con idéntico objetivo, los populares someterán a votación que se ejecute con ANV lo previsto en la Ley de Partidos, en una iniciativa idéntica a la que el resto de grupos rechazaron antes de la ruptura del alto el fuego.
La iniciativa del PP fue acogida en el Gobierno con escepticismo y frialdad. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dejó claro que, a pesar de los últimos atentados y la negativa de ANV a condenar los ataques, el Ejecutivo no tiene intención de promover el proceso para proscribirla, y mucho menos de disolver los ayuntamientos, si no hay nuevos indicios que vinculen al partido con el «entramado» etarra.
El titular de Justicia explicó que las sentencias del Supremo y del Constitucional antes de las elecciones «dejaron muy claro» que haber ilegalizado todas las candidaturas de ANV hubiera sido «desproporcionado». Aseguró que el Gobierno será «coherente» porque, por ahora, la situación no ha variado, mensaje que rebaja la reacción inicial del Ejecutivo nada más producirse el ataque a la Guardia Civil en Durango. Entonces, la vicepresidenta Fernández de la Vega llamó «indecentes» a ANV y Batasuna y les amenazó con la Fiscalía.
Fernández Bermejo señaló que, con estos precedentes, la Abogacía del Estado sólo podría actuar si las «circunstancias cambiasen» y las fuerzas de seguridad encontraran pruebas «jurídicamente relevantes» de que el partido está al servicio de la banda. «Estamos muy atentos a lo que ocurre», insistió y garantizó que, si el Gobierno tiene indicios «que nos permitan actuar ante los tribunales», promoverá de «inmediato» la ilegalización.
