próximo domingo en San Sebastián
Mantienen la marcha por los presos pese a la nueva prohibición de la Ertzaintza
Interior sostiene que trata de evitar incidentes y ELA critica la decisión del Gobierno vasco
La izquierda radical ha decidido mantener su convocatoria de manifestación en favor de los derechos de los presos para el próximo domingo en San Sebastián, coincidiendo con la jornada decisiva de la regata de traineras de La Concha, a pesar de que el Gobierno vasco ha vuelto a prohibir la marcha de una forma expresa para evitar incidentes como los acontecidos la pasada semana -un ertzaina herido- y en los últimos años -numerosos actos de vandalismo callejero-.
El intercambio de convocatorias y prohibiciones arrancó a media mañana, cuando el movimiento pro amnistía anunció que ante la inicial negativa del Departamento de Interior a autorizar la marcha, el familiar de un recluso etarra iba a formalizar una nueva solicitud para que el Gobierno vasco reconsiderara su postura y tolerara la manifestación por el centro de la capital donostiarra.
Poco después, la consejería que dirige Javier Balza decidió mantener la prohibición, al entender que se trataba de «una mera continuación» del acto inicialmente prohibido. Finalmente, y a la vista de la determinación del Ejecutivo autónomo, los convocantes optaron por mantener «con firmeza» la marcha, prevista para las 13.30 horas bajo el lema 'Autodeterminación y amnistía'.
La izquierda radical entiende que la «grave situación» de los reclusos de la banda terrorista exige la movilización. Por ello, la representante del movimiento pro amnistía, Oihana Agirre, pidió al lehendakari y al consejero de Interior que «dejen a los manifestantes reivindicarse», como «se viene haciendo desde hace más de 30 años», y «no manden a su policía», como en las últimas movilizaciones, «causando decenas de heridos». «Venden un plan para la supuesta convivencia, pero su verdadero plan pasa por apoyar la encrucijada contra la izquierda abertzale dirigida desde Madrid», dijo. El martes, tras la primera prohibición, el portavoz de Askatasuna, Juan Mari Olano, advirtió a Ibarretxe de que «tendrá que elegir entre una protesta pacífica o un combate».
Al sindicato ELA, la decisión de Interior le disgustó. Según su ejecutiva, supone «una conculcación de libertades y derechos impropia de un Estado de Derecho». La central aprovechó para denunciar la «gravísima e inaceptable» situación de los presos, «en especial la de quienes por enfermedad deberían haber sido puestos ya en libertad, así como la de aquellos cuyas condenas se dilatan injusta y arbitrariamente».
El intercambio de convocatorias y prohibiciones arrancó a media mañana, cuando el movimiento pro amnistía anunció que ante la inicial negativa del Departamento de Interior a autorizar la marcha, el familiar de un recluso etarra iba a formalizar una nueva solicitud para que el Gobierno vasco reconsiderara su postura y tolerara la manifestación por el centro de la capital donostiarra.
Poco después, la consejería que dirige Javier Balza decidió mantener la prohibición, al entender que se trataba de «una mera continuación» del acto inicialmente prohibido. Finalmente, y a la vista de la determinación del Ejecutivo autónomo, los convocantes optaron por mantener «con firmeza» la marcha, prevista para las 13.30 horas bajo el lema 'Autodeterminación y amnistía'.
La izquierda radical entiende que la «grave situación» de los reclusos de la banda terrorista exige la movilización. Por ello, la representante del movimiento pro amnistía, Oihana Agirre, pidió al lehendakari y al consejero de Interior que «dejen a los manifestantes reivindicarse», como «se viene haciendo desde hace más de 30 años», y «no manden a su policía», como en las últimas movilizaciones, «causando decenas de heridos». «Venden un plan para la supuesta convivencia, pero su verdadero plan pasa por apoyar la encrucijada contra la izquierda abertzale dirigida desde Madrid», dijo. El martes, tras la primera prohibición, el portavoz de Askatasuna, Juan Mari Olano, advirtió a Ibarretxe de que «tendrá que elegir entre una protesta pacífica o un combate».
Al sindicato ELA, la decisión de Interior le disgustó. Según su ejecutiva, supone «una conculcación de libertades y derechos impropia de un Estado de Derecho». La central aprovechó para denunciar la «gravísima e inaceptable» situación de los presos, «en especial la de quienes por enfermedad deberían haber sido puestos ya en libertad, así como la de aquellos cuyas condenas se dilatan injusta y arbitrariamente».
