
El reconocimiento del secuestro exprés está incluido en un sumario por el que Garzón decretó ayer una orden de prisión para el miembro de la organización armada Asier Mardones -condenado por otras causas-, por haber intentado entregar 144 cartas de extorsión en 2003 a otros miembros 'legales' para que a su vez las hicieran llegar a sus destinatarios. Las misivas se encontraban en el interior de un vehículo francés empleado por ETA del que huyeron al menos cuatro 'liberados' -a sueldo de la banda-. Posteriormente, la Guardia Civil identificó una huella de Mardones entre los indicios hallados en el automóvil. En agosto de 2004, mientras tanto, el etarra había sido detenido por el Cuerpo Nacional de Policía cuando la cúpula de la organización le envió a Vizcaya para crear un comando. Mardones -que ya se encontraba procesado por intentar matar a dos ertzainas en el puerto de Herrera- formaba parte de Gezi, la red que gestionaba el chantaje etarra, junto con Pedro Esquisabel, Oñaki Arietaleaniz, Kikitza Gil de San Vicente y Zigor Merodio.
«Intensidad»
Al explicar el procesamiento de estos etarras, el magistrado realiza un análisis sobre los procedimientos de recaudación de ETA, entre los que cita el secuestro exprés, y asegura disponer de información que demuestra que este tipo de asaltos ya ha sido puesto en práctica por la banda desde 2000. «Este delito se caracteriza por la intensidad de la amenaza y la inmediatez en la recaudación. Se basa en una amenaza en directo en la que se incluyen las posibles consecuencias del impago en el plazo marcado», afirma el juez. En el sumario abierto en Francia por la misma causa, se recogen documentos encontrados en poder del ex jefe etarra Ibón Fernández Iradi, 'Susper', en los que figuran tres empresarios navarros que fueron víctimas de estos secuestros rápidos en 2002.
En su sumario, Garzón añade que la banda también se financia por aportaciones voluntarias de pequeños empresarios o personas vinculadas al entorno de los terroristas. El juez, asimismo, detalla cómo ETA organiza el envío de cartas de extorsión y explica que éstas son redactadas en euskera pero que los terroristas añaden una copia en castellano y un código numérico que las singulariza. Si los chantajeados no se someten a la amenaza, los etarras incluyen unos denominados 'intereses de demora' en los que se incrementa un 5% la cantidad exigida.
«Todo el proceso de extorsión suele durar entre 24 y 30 meses, comprendidos desde la primera petición hasta la última carta». Según Garzón, durante ese periodo la banda suele enviar entre cuatro y cinco cartas con un margen temporal de entre seis y doce meses.






