ELECCIONES
Los islamistas confían en que el rey les deje gobernar Marruecos si ganan las elecciones
El PJD parte como favorito en unos comicios empañados por el boicot de buena parte de la población
ELECCIONES. Cuatro mujeres leen propaganda electoral mientras seguidores del partido Istiqlal se manifiestan por las calles de Rabat en víspera de los comicios. /REUTERS
Los marroquíes no acudirán hoy en masa a las urnas porque no confían en que unas elecciones legislativas vayan a cambiar sus vidas en nada. Al fin y al cabo, sea cual sea el resultado del escrutinio, el rey Mohamed VI tiene la potestad de elegir al primer ministro que le venga en gana y a su Gobierno. Además, ostenta de manera directa la titularidad de las carteras ministeriales más relevantes y mantiene el control del Ejército.
Pese a este panorama, la votación que hoy se celebra en el vecino país del sur presenta un ingrediente inédito: todas las encuestas dan como vendedores a los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) -'primo' del AKP que venció en Turquía-. Su líder, Saad Ediine El Othmani, confía en llegar a los 70 escaños, un importante ascenso frente a los 42 logrados en 2002 que le permitiría, con permiso del rey, acometer las reformas prometidas para acabar con la corrupción, mejorar la economía y dar más protagonismo a la sharia (ley islámica) en la vida diaria de los marroquíes.
Con un sistema electoral que fomenta la fragmentación de fuerzas en el Parlamento, el hecho de que un sólo partido acapare 70 de los 325 escaños sería un logro. El actual Gobierno está formado por una coalición de seis partidos, socialistas y nacionalistas, y la presidencia la ostenta el tecnócrata Dris Yetú, un independiente elegido por Mohamed VI al margen de los resultados electorales de hace cinco años.
Coincidencia radical
La llave del cambio, al menos en teoría, la tienen los 15,5 millones de ciudadanos inscritos, de una población de 31 millones, que deberán elegir entre 33 agrupaciones políticas, dos coaliciones y trece listas independientes. Desde los organismos oficiales se espera que la participación alcance al menos el 52% logrado en 2002. Sin embargo, el creciente hastío de la población, unido al boicot al que llaman tanto bereberes como islamistas radicales, hacen temer que descienda aún más el magnetismo de las urnas. Tanto unos como otros creen que en unas elecciones celebradas en un entorno monárquico totalitario sólo cabe esperar un cambio de caras en el poder. Por eso, los sectores más críticos, también los de izquierdas, en extraña coincidencia con los integristas (ilegalizados, pero con muchos apoyos), piden un cambio constitucional que limite las facultades del rey y permita desarrollar una democracia real.
Frente a esta actitud, los islamistas moderados del PJD optan por el pragmatismo y hacen méritos para mejorar sus relaciones con el monarca, aparentemente, con el fin de que Mohamed VI acepte la voluntad popular y les permita hacerse con el Ejecutivo. Así, el líder del PJD ya advirtió de que todas las posibles reformas deben ser realizadas en consenso con el rey. Es decir, que él mismo debe ser quien acepte recortar su poder constitucionalmente reconocido, algo que ya ha rechazado.
Sin embargo, ni en el propio seno del PJD hay una aceptación total a estas premisas moderadas y de respeto a la legalidad vigente; algunas voces, contra la consigna de su líder, ya han amenazado con «cortar cabezas» cuando lleguen al Gobierno.
El mensaje de los islamistas moderados ha calado en buena parte de la población, sobre todo la clase media urbana, pese a que anuncian la sharia como principal fuente de legislación, la incorporación de ulemas (doctores de la ley) al Consejo Constitucional y no pierden la oportunidad de condenar «hábitos perniciosos» como la homosexualidad. Incluso, los ciudadanos alejados de la práctica religiosa ven en el PJD la única alternativa de cambio. Por eso, pesan más las promesas de mejoras económicas y eliminación de la corrupción que el giro integrista en el sector público. También influyen las ganas de acabar con un régimen dominado por los socialistas desde hace diez años que ha sumido a la cuarta parte del país en la pobreza y que no deja de acumular acusaciones por corrupción.
Compra de votos
Frente a todo esto, la actual coalición gobernante -formada por la Unión Socialista de Fuerzas Populares, Istiqlal, la Reagrupación Nacional Independiente, el Movimiento Nacional Popular y el Partido del Progreso y del Socialismo- prometen formalidad y no repetir la desunión que presidió sus relaciones tras los comicios de 2002.
En cualquier caso, y en última instancia, lo que ocurra dependerá de la voluntad del rey. Incluso existen sospechas de que Mohamed VI nombrará primer ministro a Fuad Ali El Himma, amigo suyo y ex ministro delegado de Interior. Como es habitual, las elecciones de hoy se celebran entre acusaciones de compra masivas de votos, de reformas electorales a la carta para favorecer a los actuales gobernantes, y en medio de observadores internacionales e imponentes medidas de seguridad. Los resultados se darán a conocer pasado mañana.
Pese a este panorama, la votación que hoy se celebra en el vecino país del sur presenta un ingrediente inédito: todas las encuestas dan como vendedores a los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) -'primo' del AKP que venció en Turquía-. Su líder, Saad Ediine El Othmani, confía en llegar a los 70 escaños, un importante ascenso frente a los 42 logrados en 2002 que le permitiría, con permiso del rey, acometer las reformas prometidas para acabar con la corrupción, mejorar la economía y dar más protagonismo a la sharia (ley islámica) en la vida diaria de los marroquíes.
Con un sistema electoral que fomenta la fragmentación de fuerzas en el Parlamento, el hecho de que un sólo partido acapare 70 de los 325 escaños sería un logro. El actual Gobierno está formado por una coalición de seis partidos, socialistas y nacionalistas, y la presidencia la ostenta el tecnócrata Dris Yetú, un independiente elegido por Mohamed VI al margen de los resultados electorales de hace cinco años.
Coincidencia radical
La llave del cambio, al menos en teoría, la tienen los 15,5 millones de ciudadanos inscritos, de una población de 31 millones, que deberán elegir entre 33 agrupaciones políticas, dos coaliciones y trece listas independientes. Desde los organismos oficiales se espera que la participación alcance al menos el 52% logrado en 2002. Sin embargo, el creciente hastío de la población, unido al boicot al que llaman tanto bereberes como islamistas radicales, hacen temer que descienda aún más el magnetismo de las urnas. Tanto unos como otros creen que en unas elecciones celebradas en un entorno monárquico totalitario sólo cabe esperar un cambio de caras en el poder. Por eso, los sectores más críticos, también los de izquierdas, en extraña coincidencia con los integristas (ilegalizados, pero con muchos apoyos), piden un cambio constitucional que limite las facultades del rey y permita desarrollar una democracia real.
Frente a esta actitud, los islamistas moderados del PJD optan por el pragmatismo y hacen méritos para mejorar sus relaciones con el monarca, aparentemente, con el fin de que Mohamed VI acepte la voluntad popular y les permita hacerse con el Ejecutivo. Así, el líder del PJD ya advirtió de que todas las posibles reformas deben ser realizadas en consenso con el rey. Es decir, que él mismo debe ser quien acepte recortar su poder constitucionalmente reconocido, algo que ya ha rechazado.
Sin embargo, ni en el propio seno del PJD hay una aceptación total a estas premisas moderadas y de respeto a la legalidad vigente; algunas voces, contra la consigna de su líder, ya han amenazado con «cortar cabezas» cuando lleguen al Gobierno.
El mensaje de los islamistas moderados ha calado en buena parte de la población, sobre todo la clase media urbana, pese a que anuncian la sharia como principal fuente de legislación, la incorporación de ulemas (doctores de la ley) al Consejo Constitucional y no pierden la oportunidad de condenar «hábitos perniciosos» como la homosexualidad. Incluso, los ciudadanos alejados de la práctica religiosa ven en el PJD la única alternativa de cambio. Por eso, pesan más las promesas de mejoras económicas y eliminación de la corrupción que el giro integrista en el sector público. También influyen las ganas de acabar con un régimen dominado por los socialistas desde hace diez años que ha sumido a la cuarta parte del país en la pobreza y que no deja de acumular acusaciones por corrupción.
Compra de votos
Frente a todo esto, la actual coalición gobernante -formada por la Unión Socialista de Fuerzas Populares, Istiqlal, la Reagrupación Nacional Independiente, el Movimiento Nacional Popular y el Partido del Progreso y del Socialismo- prometen formalidad y no repetir la desunión que presidió sus relaciones tras los comicios de 2002.
En cualquier caso, y en última instancia, lo que ocurra dependerá de la voluntad del rey. Incluso existen sospechas de que Mohamed VI nombrará primer ministro a Fuad Ali El Himma, amigo suyo y ex ministro delegado de Interior. Como es habitual, las elecciones de hoy se celebran entre acusaciones de compra masivas de votos, de reformas electorales a la carta para favorecer a los actuales gobernantes, y en medio de observadores internacionales e imponentes medidas de seguridad. Los resultados se darán a conocer pasado mañana.
