ECONOMÍA
Frente común en Bruselas
Las haciendas central y vasca pedirán a la Comisión Europea una «negociación de cierre» para zanjar el conflicto de las ayudas ilegales a empresas
07.09.07 -
Pedro Solbes, en una reunión con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. /CHEMA BARROSO
El Ministerio de Hacienda, el Gobierno vasco y las diputaciones forales han decidido establecer un frente común, una actuación coordinada para negociar ante la Comisión Europea una «fórmula final» que zanje la cuestión de las ayudas fiscales a empresas de Euskadi que la UE ha considerado ilegales desde mediados de los 90. Son las ya conocidas como 'vacaciones fiscales', 'mini vacaciones' y deducciones a la inversión, que llegan hasta el 45% sobre las cantidades desembolsadas por las compañías en la compra de activos nuevos.
El vicepresidente Pedro Solbes se ha comprometido a participar personalmente en esta operación y a utilizar su capacidad de influencia en su antigua 'casa', el Ejecutivo comunitario, para que sean escuchadas las propuestas que quieren realizar las diputaciones.
La 'hoja de ruta' diseñada tiene ya concretados algunos de los primeros pasos. El primero, ya conocido, será el envío a Bruselas la próxima semana de los aproximadamente 300 expedientes de empresas vascas afectadas por estas ayudas ilegales, concedidas entre 1993 y 1999. Las haciendas forales se habían negado hasta ahora a ello, pese a la insistencia de la Comisión en conocer los listados y su exigencia, también sin éxito, de que se recuperase el dinero concedido, en este caso por la vía de desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. Una sentencia dictada el pasado diciembre por el Tribunal de Justicia de la UE, que imponía una multa al Estado español, convenció a las instituciones vascas de que era necesario un cambio de estrategia.
Carta de Solbes
El segundo movimiento, de mayor calado político, es el envío de una carta a las autoridades comunitarias, firmada por Solbes, en la que se solicita una reunión «al más alto nivel» para intentar establecer una «negociación de cierre» que zanje definitivamente la disputa y la 'persecución' comunitaria sobre aquellos 'pecadillos' del pasado.
Las haciendas vascas quieren llevar a esa reunión una propuesta para que Bruselas aplique a este tema el máximo grado de flexibilidad posible. Así las cosas, admitirán que las 'vacaciones' y las deducciones de 45% pudieron estar fuera de lugar, pero también defenderán que las empresas afectadas renunciaron a otras ayudas alternativas que existían en la época y que eran perfectamente legales, e incluso que podían haber recibido subvenciones dentro de las normas aceptadas por la UE para una región como el País Vasco, en aquellos años calificada como «en declive industrial».
Las diputaciones forales quieren que la UE haga las sumas y las restas y que decida, caso por caso, qué importe exacto tiene que devolver cada una de las 300 compañías afectadas.
El vicepresidente Pedro Solbes se ha comprometido a participar personalmente en esta operación y a utilizar su capacidad de influencia en su antigua 'casa', el Ejecutivo comunitario, para que sean escuchadas las propuestas que quieren realizar las diputaciones.
La 'hoja de ruta' diseñada tiene ya concretados algunos de los primeros pasos. El primero, ya conocido, será el envío a Bruselas la próxima semana de los aproximadamente 300 expedientes de empresas vascas afectadas por estas ayudas ilegales, concedidas entre 1993 y 1999. Las haciendas forales se habían negado hasta ahora a ello, pese a la insistencia de la Comisión en conocer los listados y su exigencia, también sin éxito, de que se recuperase el dinero concedido, en este caso por la vía de desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. Una sentencia dictada el pasado diciembre por el Tribunal de Justicia de la UE, que imponía una multa al Estado español, convenció a las instituciones vascas de que era necesario un cambio de estrategia.
Carta de Solbes
El segundo movimiento, de mayor calado político, es el envío de una carta a las autoridades comunitarias, firmada por Solbes, en la que se solicita una reunión «al más alto nivel» para intentar establecer una «negociación de cierre» que zanje definitivamente la disputa y la 'persecución' comunitaria sobre aquellos 'pecadillos' del pasado.
Las haciendas vascas quieren llevar a esa reunión una propuesta para que Bruselas aplique a este tema el máximo grado de flexibilidad posible. Así las cosas, admitirán que las 'vacaciones' y las deducciones de 45% pudieron estar fuera de lugar, pero también defenderán que las empresas afectadas renunciaron a otras ayudas alternativas que existían en la época y que eran perfectamente legales, e incluso que podían haber recibido subvenciones dentro de las normas aceptadas por la UE para una región como el País Vasco, en aquellos años calificada como «en declive industrial».
Las diputaciones forales quieren que la UE haga las sumas y las restas y que decida, caso por caso, qué importe exacto tiene que devolver cada una de las 300 compañías afectadas.
