
La resolución parlamentaria, que es apoyada por una amplia mayoría de los representantes en la Eurocámara, podría incluso verse endurecida si prospera la enmienda de un eurodiputado del PPE, aún no asumida por el conjunto del grupo, que propone la derogación del Reglamento 1546/2006, que impuso al pasaje aéreo las incómodas limitaciones en vigor para el transporte de líquidos en el equipaje de mano.
La Eurocámara reconoce la necesidad de adoptar medidas pragmáticas contra el riesgo de atentados terroristas en la aviación civil y, tras constatar que los detectores de rayos X no permiten descubrir la presencia de explosivos en líquidos, pide un esfuerzo investigador a la Comisión y a los Estados miembros, a fin de desarrollar tecnologías que hagan este objetivo viable.
No obstante, la institución comunitaria considera el régimen en vigor desproporcionado. Señala, en primer lugar, que el polémico Reglamento «no ha sido aplicado uniforme y coherentemente» en todos los aeropuertos de la Unión Europea y resalta su coste tanto para operadores como aeropuertos y pasajeros, que sufren frecuentemente un perjuicio económico real, al ver confiscadas sus propiedades.
Nuevos explosivos
En su formulación actual, y a la espera de lo que suceda hoy con las enmiendas presentadas al texto, la resolución reclama de la Comisión una revisión urgente del Reglamento, sin precisar en qué sentido. Las revisiones, además, deberían proseguir a intervalos regulares, a fin de adaptar la normativa a la realidad de la amenaza terrorista o de los conocimientos tecnológicos.
El Reglamento 1546/2006 fue redactado por la Comisión y asumido por los Estados miembros después de que los servicios secretos británicos descubrieran el año pasado una conspiración de islamistas radicales para reventar aeronaves, utilizando explosivos líquidos que iban a ser introducidos a bordo por partes y que luego iban a ser mezclados en pleno trayecto, lo que entrañaba la muerte del terrorista y, sin apelación posible, de todo el pasaje del avión.
La tramitación del Reglamento, tanto en instancias de la Comisión como en el Parlamento y en el propio Consejo, se efectuó con una celeridad jamás vista, y causó malestar en algunos países, entre ellos España.
El Parlamento quiere revisar ahora la situación, pero el Consejo no tiene por qué seguir sus demandas. No existe, de hecho, ninguna garantía de que lo vaya a hacer, aunque la posición de la mayoría parlamentaria tenga un indudable peso político.








