ley de partidos
El Supremo se atasca en sus reiterados intentos de liquidar los bienes de Batasuna
La 'Sala del 61' no consigue hallar la fórmula para incautarse de las 144 herriko tabernas
CIERRE. Agentes de la Guardia Civil colaboran en la clausura de la herriko taberna de Zamudio en mayo de 2006. / IGNACIO PÉREZ
«Es una enorme madeja difícil de desenredar». La reflexión, de un experto jurista, resume la sensación que se ha instalado en el Tribunal Supremo para describir los problemas que la 'Sala del 61' -la encargada de la ilegalización de partidos- se ha encontrado en sus intentos de materializar la sentencia que proscribió a Batasuna. Aquella decisión, adoptada en 2003 por el propio Alto Tribunal, además de considerar ilegal la existencia de la formación de la izquierda abertzale y de sus marcas continuadoras, establecía un mandato claro: incautarse de todos sus bienes. En ese listado figuraban sus cuentas bancarias y también los inmuebles, entre los que se contabilizaron 144 herriko tabernas.
Los jueces se aprestaron a esta tarea, la liquidación de las propiedades, el pasado octubre. Ahora, once meses después de que la sala especial del Supremo iniciara los trámites, los 16 magistrados que la integran -con el presidente del Tribunal, Francisco Hernando, a la cabeza- no han hallado la fórmula para poder hacerse con esos locales y sacarlos luego a pública subasta. De hecho, en este período han mantenido dos largas reuniones en las que, tras valorar los profundos análisis jurídicos elaborados por los ponentes Joaquín Samper -que en este intervalo ha salido de la institución por jubilación- y Aurelio Desdentado, han aplazado la decisión definitiva. La próxima convocatoria de este órgano está prevista para finales de septiembre o comienzos de octubre, toda vez que el año judicial no arrancará hasta el lunes 17 de septiembre. Entre los jueces y diferentes colectivos de la Judicatura se ha extendido la sensación de que no será el último encuentro y que la resolución definitiva podría demorarse más allá de este año.
Fuentes conocedoras del caso sostienen que el proceso para hacer efectiva esta parte de la ilegalización «ha chocado» con problemas de tipo «jurídico» y también «operativos». Entre las cuestiones legales, subrayan, «asoma el importante escollo» de que la mayoría de las herriko tabernas están a nombre de asociaciones culturales de denominaciones muy diversas. Los magistrados tienen «evidencias» de que más de la mitad de los locales mantuvieron algún tipo de vinculación con Batasuna, pero advierten de la existencia de 'zonas oscuras' en otro buen puñado de las agrupaciones investigadas.
Esta circunstancia no es en absoluto baladí. De hecho, prácticamente la totalidad de estas asociaciones no han sido llamadas por los jueces ni hay sentencias concretas que las vinculen al entramado de la formación ilegalizada o de ETA. Una situación que hace temer a los magistrados de la 'Sala del 61' una «ingente» cantidad de impugnaciones por parte de los afectados. Estos recursos, apuntan, abrirían «infinidad» de piezas en paralelo -llamadas en el argot «tercerías»- que deberían ser tratadas por el mismo órgano, con la avalancha de expedientes que ello supondría y las consiguientes demoras y tardanza en cerrar este procedimiento. Una imagen que se aproximaría bastante al colapso de una institución creada para dictar Derecho y no para «circunscribirse a cuestiones más 'terrenales' y concretas».
Es precisamente la naturaleza del Supremo y de la sala especial encargada de las ilegalizaciones la que añade un plus de dificultad a este proceso. El órgano que se encarga de liquidar los bienes de Batasuna lo componen 16 magistrados. Además del presidente del Tribunal, Francisco José Hernando, están representados los presidentes de las cinco Salas en que está dividido -Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar- junto a los jueces de mayor y menor antigüedad en cada uno de esos órganos judiciales.
Decisión «trascedente»
El número de componentes y la «importante agenda» de trabajo de cada uno de ellos convierte «incluso en una labor compleja» encontrar un día para convocar sus reuniones. Además, todos sus miembros son «muy conscientes» de la «trascendencia» de sus decisiones. «El Supremo no se puede equivocar porque se juega su prestigio», enfatiza un magistrado de larga carrera. Entre los «escollos» también sobresale el hecho de que las nuevas incorporaciones a las diferentes Salas conllevan un relevo entre los componentes de la 'Sala del 61', quienes deben ponerse al día de una enorme cantidad de documentación. Muchos expertos consideran que es un órgano «demasiado grande», con «serios problemas» para maniobrar con rapidez y abordar cuestiones tan simples como «acordar públicas subastas» o realizar «mandamientos a los registradores de la propiedad» con el fin de sacar al mercado los locales de la izquierda abertzale.
Las «malas perspectivas» sobre el futuro se acentúan ante la posibilidad de que los jueces que analizan la legalidad de los partidos tengan que dejar las deliberaciones sobre las herriko tabernas debido a la inminencia de las elecciones generales del año que viene. Temen que la izquierda abertzale vuelva a presentar algún tipo de candidatura que trate de transgredir la Ley de Partidos. Aún recuerdan las maratonianas jornadas que la 'Sala del 61' tuvo que celebrar antes de las municipales del 27 de mayo. La última, iniciada un sábado por la mañana, concluyó a las siete de la madrugada del domingo siguiente.
Los jueces se aprestaron a esta tarea, la liquidación de las propiedades, el pasado octubre. Ahora, once meses después de que la sala especial del Supremo iniciara los trámites, los 16 magistrados que la integran -con el presidente del Tribunal, Francisco Hernando, a la cabeza- no han hallado la fórmula para poder hacerse con esos locales y sacarlos luego a pública subasta. De hecho, en este período han mantenido dos largas reuniones en las que, tras valorar los profundos análisis jurídicos elaborados por los ponentes Joaquín Samper -que en este intervalo ha salido de la institución por jubilación- y Aurelio Desdentado, han aplazado la decisión definitiva. La próxima convocatoria de este órgano está prevista para finales de septiembre o comienzos de octubre, toda vez que el año judicial no arrancará hasta el lunes 17 de septiembre. Entre los jueces y diferentes colectivos de la Judicatura se ha extendido la sensación de que no será el último encuentro y que la resolución definitiva podría demorarse más allá de este año.
Fuentes conocedoras del caso sostienen que el proceso para hacer efectiva esta parte de la ilegalización «ha chocado» con problemas de tipo «jurídico» y también «operativos». Entre las cuestiones legales, subrayan, «asoma el importante escollo» de que la mayoría de las herriko tabernas están a nombre de asociaciones culturales de denominaciones muy diversas. Los magistrados tienen «evidencias» de que más de la mitad de los locales mantuvieron algún tipo de vinculación con Batasuna, pero advierten de la existencia de 'zonas oscuras' en otro buen puñado de las agrupaciones investigadas.
Esta circunstancia no es en absoluto baladí. De hecho, prácticamente la totalidad de estas asociaciones no han sido llamadas por los jueces ni hay sentencias concretas que las vinculen al entramado de la formación ilegalizada o de ETA. Una situación que hace temer a los magistrados de la 'Sala del 61' una «ingente» cantidad de impugnaciones por parte de los afectados. Estos recursos, apuntan, abrirían «infinidad» de piezas en paralelo -llamadas en el argot «tercerías»- que deberían ser tratadas por el mismo órgano, con la avalancha de expedientes que ello supondría y las consiguientes demoras y tardanza en cerrar este procedimiento. Una imagen que se aproximaría bastante al colapso de una institución creada para dictar Derecho y no para «circunscribirse a cuestiones más 'terrenales' y concretas».
Es precisamente la naturaleza del Supremo y de la sala especial encargada de las ilegalizaciones la que añade un plus de dificultad a este proceso. El órgano que se encarga de liquidar los bienes de Batasuna lo componen 16 magistrados. Además del presidente del Tribunal, Francisco José Hernando, están representados los presidentes de las cinco Salas en que está dividido -Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar- junto a los jueces de mayor y menor antigüedad en cada uno de esos órganos judiciales.
Decisión «trascedente»
El número de componentes y la «importante agenda» de trabajo de cada uno de ellos convierte «incluso en una labor compleja» encontrar un día para convocar sus reuniones. Además, todos sus miembros son «muy conscientes» de la «trascendencia» de sus decisiones. «El Supremo no se puede equivocar porque se juega su prestigio», enfatiza un magistrado de larga carrera. Entre los «escollos» también sobresale el hecho de que las nuevas incorporaciones a las diferentes Salas conllevan un relevo entre los componentes de la 'Sala del 61', quienes deben ponerse al día de una enorme cantidad de documentación. Muchos expertos consideran que es un órgano «demasiado grande», con «serios problemas» para maniobrar con rapidez y abordar cuestiones tan simples como «acordar públicas subastas» o realizar «mandamientos a los registradores de la propiedad» con el fin de sacar al mercado los locales de la izquierda abertzale.
Las «malas perspectivas» sobre el futuro se acentúan ante la posibilidad de que los jueces que analizan la legalidad de los partidos tengan que dejar las deliberaciones sobre las herriko tabernas debido a la inminencia de las elecciones generales del año que viene. Temen que la izquierda abertzale vuelva a presentar algún tipo de candidatura que trate de transgredir la Ley de Partidos. Aún recuerdan las maratonianas jornadas que la 'Sala del 61' tuvo que celebrar antes de las municipales del 27 de mayo. La última, iniciada un sábado por la mañana, concluyó a las siete de la madrugada del domingo siguiente.
