ECONOMÍA
La Hacienda vasca enviará a la UE expedientes de las empresas que recibieron ayudas ilegales
La Comisión Europea revisará las declaraciones de impuestos que las 300 compañías afectadas presentaron en la segunda mitad de los 90
02.09.07 -
JUSTICIA EUROPEA. Magistrados del Tribunal de la UE, que falló contra los incentivos a la inversión, durante una vista oral en Luxemburgo. / AP
CRONOLOGÍA
Las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa ya han dibujado la 'hoja de ruta' que van a seguir para intentar cumplir la decisión de la Comisión Europea, que obliga a unas 300 empresas vascas a devolver las ayudas fiscales que recibieron entre 1995 y 1999 al aplicar unas deducciones en sus impuestos que Bruselas considera ilegales. Antes de que finalice el plazo concedido por las autoridades comunitarias para dar satisfacción a sus requerimientos -el próximo día 11-, las haciendas forales remitirán a la UE los expedientes de todas estas compañías. El montante total de los incentivos en cuestión puede superar los 1.800 millones de euros -300.000 millones de pesetas-, según algunas estimaciones.
Con ese 'movimiento', las instituciones de Euskadi quieren que sean los servicios de la Unión quienes determinen, caso por caso, cuál es el volumen de ayudas que puede considerarse al margen de la ley. Las compañías afectadas «practicaron deducciones no admitidas por la UE, como la del 45% de sus inversiones en activos nuevos; pero a cambio dejaron de aplicar otras que, aunque en cuantía inferior, nadie ha considerado ilegales», apunta un responsable foral para justificar el proceso que ahora se inicia.
El Tribunal de Luxemburgo sentenció, el 14 de diciembre del pasado año, que debe ser cumplida la orden del Ejecutivo comunitario que obligaba a devolver ese dinero y a facilitarle la lista de las empresas beneficiadas por las denominadas 'mini-vacaciones fiscales'. De lo contrario, anunció que sobre la Administración española -el interlocutor entre las diputaciones y la Comisión- recaerían dos multas: una general por su actitud en este contencioso, cuya cuantía calcularía según sus baremos, y otra por cada día que transcurra hasta que atienda los requerimientos de los servicios europeos de la Competencia.
Una carta de Hacienda
Los tres centenares de firmas a las que persigue la UE recibirán en los próximos días una carta de las haciendas vascas -un texto de dos folios y medio cargado de malas noticias- en la que se les informará de los antecedentes y también de que las deducciones de impuestos que practicaron en la segunda mitad de los años 90, al amparo de la legislación entonces vigente, pende de un hilo. Exactamente, de una revisión de todas las declaraciones del Impuesto de Sociedades desde 1995 y de la evaluación particular que haga Bruselas sobre cada caso.
No será una sorpresa. Durante el último mes, los responsables de las administraciones forales han mantenido encuentros privados y discretos con los asesores tributarios de esas compañías para explicarles las posibles salidas y transmitirles un mensaje de tranquilidad. Las diputaciones creen que las empresas perderán los créditos fiscales que no habían podido aplicar hasta ahora y guardaban para el futuro; pero que, salvo excepciones, no deberán devolver dinero por las actuaciones de los ejercicios pasados. Para tener una fotografía exacta de la situación queda aún un duro trabajo por delante, que incluirá un repaso de las declaraciones realizadas por todos esos grupos durante los diez últimos años.
Las haciendas vascas han evitado también una actuación contundente contra ellos, entre otras razones porque hubiese significado su propio descrédito. Y es que las sociedades que la UE tiene en su punto de mira no cometieron delito alguno. Ni siquiera 'trampearon' sus declaraciones de impuestos. Todo lo contrario: se limitaron a cumplir de forma escrupulosa una ley que, eso sí, años más tarde la Comisión consideraría que atentaba contra la libre competencia.
Ocho años de 'batalla'
La remisión de los expedientes de estas 300 empresas a Bruselas, aunque en parte pueda suponer un intento de dilatar hasta el infinito el procedimiento con el objetivo último de que no tengan que devolver del dinero, supone un hito en la persecución que la UE ha hecho de determinadas prácticas de las haciendas forales. Por primera vez, el Ejecutivo comunitario tendrá en su poder el listado de compañías que se han beneficiado de esas ayudas. Un 'papel' que había perseguido de forma infructuosa por 'tierra, mar y aire' y que ha tardado nada menos que ocho años en conseguir. Su primera petición data de julio de 1999.
La 'batalla', aunque lleva ya todo ese tiempo sobre la mesa, no ha hecho sino comenzar. Responsables de las diputaciones ya han anticipado su impresión de que las empresas -en especial, aquéllas que sufran un perjuicio económico importante- no van a aceptar fácilmente el reintegro de las ayudas, sino que plantearán su particular pugna jurídica en los tribunales.
Con ese 'movimiento', las instituciones de Euskadi quieren que sean los servicios de la Unión quienes determinen, caso por caso, cuál es el volumen de ayudas que puede considerarse al margen de la ley. Las compañías afectadas «practicaron deducciones no admitidas por la UE, como la del 45% de sus inversiones en activos nuevos; pero a cambio dejaron de aplicar otras que, aunque en cuantía inferior, nadie ha considerado ilegales», apunta un responsable foral para justificar el proceso que ahora se inicia.
El Tribunal de Luxemburgo sentenció, el 14 de diciembre del pasado año, que debe ser cumplida la orden del Ejecutivo comunitario que obligaba a devolver ese dinero y a facilitarle la lista de las empresas beneficiadas por las denominadas 'mini-vacaciones fiscales'. De lo contrario, anunció que sobre la Administración española -el interlocutor entre las diputaciones y la Comisión- recaerían dos multas: una general por su actitud en este contencioso, cuya cuantía calcularía según sus baremos, y otra por cada día que transcurra hasta que atienda los requerimientos de los servicios europeos de la Competencia.
Una carta de Hacienda
Los tres centenares de firmas a las que persigue la UE recibirán en los próximos días una carta de las haciendas vascas -un texto de dos folios y medio cargado de malas noticias- en la que se les informará de los antecedentes y también de que las deducciones de impuestos que practicaron en la segunda mitad de los años 90, al amparo de la legislación entonces vigente, pende de un hilo. Exactamente, de una revisión de todas las declaraciones del Impuesto de Sociedades desde 1995 y de la evaluación particular que haga Bruselas sobre cada caso.
No será una sorpresa. Durante el último mes, los responsables de las administraciones forales han mantenido encuentros privados y discretos con los asesores tributarios de esas compañías para explicarles las posibles salidas y transmitirles un mensaje de tranquilidad. Las diputaciones creen que las empresas perderán los créditos fiscales que no habían podido aplicar hasta ahora y guardaban para el futuro; pero que, salvo excepciones, no deberán devolver dinero por las actuaciones de los ejercicios pasados. Para tener una fotografía exacta de la situación queda aún un duro trabajo por delante, que incluirá un repaso de las declaraciones realizadas por todos esos grupos durante los diez últimos años.
Las haciendas vascas han evitado también una actuación contundente contra ellos, entre otras razones porque hubiese significado su propio descrédito. Y es que las sociedades que la UE tiene en su punto de mira no cometieron delito alguno. Ni siquiera 'trampearon' sus declaraciones de impuestos. Todo lo contrario: se limitaron a cumplir de forma escrupulosa una ley que, eso sí, años más tarde la Comisión consideraría que atentaba contra la libre competencia.
Ocho años de 'batalla'
La remisión de los expedientes de estas 300 empresas a Bruselas, aunque en parte pueda suponer un intento de dilatar hasta el infinito el procedimiento con el objetivo último de que no tengan que devolver del dinero, supone un hito en la persecución que la UE ha hecho de determinadas prácticas de las haciendas forales. Por primera vez, el Ejecutivo comunitario tendrá en su poder el listado de compañías que se han beneficiado de esas ayudas. Un 'papel' que había perseguido de forma infructuosa por 'tierra, mar y aire' y que ha tardado nada menos que ocho años en conseguir. Su primera petición data de julio de 1999.
La 'batalla', aunque lleva ya todo ese tiempo sobre la mesa, no ha hecho sino comenzar. Responsables de las diputaciones ya han anticipado su impresión de que las empresas -en especial, aquéllas que sufran un perjuicio económico importante- no van a aceptar fácilmente el reintegro de las ayudas, sino que plantearán su particular pugna jurídica en los tribunales.
