ECONOMÍA
Una disputa inútil IGNACIO MARCO-GARDOQUI
El nuevo Impuesto de Sociedades de Guipúzcoa ha desatado una batalla política que amenaza con romper la armonización fiscal exigida por la ley, pero sus efectos económicos serán mínimos
02.09.07 -
DEBATE. Markel Olano, diputado general de Guipúzcoa, con dirigentes de Ezker Batua. / L. MICHELENA
El debate sobre el Impuesto de Sociedades nos ha mantenido entretenidos a lo largo de los últimos meses. Los avatares que le acompañan son tan variados y sorprendentes que dan mucho juego. Es un asunto de índole fiscal y, por lo tanto, repercute directamente en la rentabilidad final de las empresas. Pero lo cierto es que carece de gran relevancia económica. Ocupa nuestra atención porque ha caído en las terribles garras de la política y está siendo usado como ariete de embestir por parte de algunos. Para analizarlo conviene separar previamente el trigo de la paja. Ver cuál es el fondo sustancial y cuáles son las formas de presentación.
En el fondo, las discrepancias manifestadas en cuanto al tipo del impuesto no deberían provocar en ningún caso disfunciones graves ni agravios de consideración. El cálculo económico es bien sencillo. Tomemos el caso de una compañía que facture más de 50 millones de euros al año y con más de 250 trabajadores, lo que le convierte en «gran empresa», según la clasificación vigente, y que gane un 10% sobre sus ventas, que es un porcentaje ya bastante relevante. Si en Guipúzcoa el tipo se fija en el 32%, como pide Ezker Batua, por cada millón de facturación ganaría 100.000 euros y pagaría 32.000 de impuestos. En Álava o Vizcaya, como el tipo es del 28%, abonaría sólo 28.000 euros. La diferencia es de un 12,5%, pero los 4.000 euros significan apenas un 0,4% de la facturación. En la realidad las diferencias serían siempre mucho menores. He cogido el caso más extremo. Es seguro que el tipo en Guipúzcoa será más bajo y no he considerado el cúmulo de deducciones que minoran fuertemente el ingreso.
El debate surge por las especiales circunstancias políticas que atraviesa la Diputación de Guipúzcoa. En Vizcaya y en Álava, el PNV y el PP coinciden en poco, pero sí lo hacen en la necesidad de contar con un impuesto competitivo y dinamizador de la actividad. Cautivos de sus propias ideologías, cerraron el acuerdo sin problemas. Por el contrario, en Guipúzcoa el PNV necesitaría añadir el apoyo de sus aliados de EA y/o del PSE. O el de ambos si renuncia, como parece, al 28% fijado en los otros dos territorios y, por tanto, al respaldo del PP. Eusko Alkartasuna quiere marcar músculo y obligar a su socio a tragar unos tipos más altos para visualizar con nitidez su debilidad. Luego, para aplacar a los empresarios y minimizar el impacto de la contundente frase «en Guipúzcoa pagamos más impuestos por culpa de EA», pretende también introducir cambios en la clasificación de las empresas y ampliar la lista de las deducciones concedidas.
Soberanías
Como no sabemos el desenlace definitivo, es imposible calcular las posiciones relativas finales. Pero parece claro que se acaba la costumbre seguida hasta la fecha y nos cargamos lo ordenado por la legislación vigente de mantener sistemas armonizados en cuanto los aspectos claves de los impuestos en los tres territorios. En efecto, el artículo 5º de la Ley de Armonización Fiscal, aprobada por el Parlamento vasco en 1989, obliga a armonizar el ámbito de aplicación, el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo del gravamen y el devengo del impuesto que grava los beneficios obtenidos por la sociedades. Lo malo es que no específica con claridad quién asume tamaña responsabilidad. A primera vista parece que deberían ser el Gobierno o el Parlamento quienes garantizasen la buscada armonización, pero ¿sobre qué bases? ¿Deberían ahora obligarle a Guipúzcoa a que baje su tipo impositivo, o a Álava y a Vizcaya a que lo suban? ¿O tendrían que seguir la doctrina del obispo Uriarte y pedirles a todos que cedan en sus posturas y establezcan un tipo intermedio y común?
Tan loables intenciones chocan de frente contra la organización interna del país. El Estatuto y la Ley de Territorios Históricos (LTH) consagran y ratifican que la soberanía fiscal recae en las diputaciones. Así que ¿quién y cómo podría obligarles a hacer lo que no desean hacer?
Podemos debatir sobre la conveniencia de mantener un sistema así, que obliga a convivir a tres 'soberanos fiscales' en un espacio geográfico tan reducido y en una economía tan compacta. Calificarlo de despropósito es políticamente muy incorrecto. Pero estoy seguro de que si encargamos a las cinco mejores empresas de consultoría fiscal que nos diseñen un modelo para una colectividad como la nuestra, ninguna de ellas presentaría como óptima la fórmula que hemos elegido.
Además, hay otros asuntos a considerar. No vivimos solos, nuestras empresas se pelean en todo el mundo y nuestro país compite contra todos a la hora de captar inversiones extranjeras y de impedir que las nuestras se vayan al exterior. Guste o no, es evidente que también las haciendas se han puesto a competir entre ellas, lo cual es una derivada lógica y esperable de los enormes avances conseguidos en la liberación de los movimientos de capitales. Y, guste o no, basta leer los grandes periódicos europeos para comprobar cómo están las cosas. Les pongo un ejemplo de estas semanas. Anuncio en 'Le Figaro' pagado por el Gobierno de un país europeo: ofrece un Impuesto sobre Sociedades del 10%, que quedaría en cero si la empresa reinvierte los beneficios obtenidos, y un IRPF del 10%. ¿Envidia?
Hasta ahora, los ataques a nuestro sistema venían de fuera y los líos jurídicos los planteaban instancias ajenas. Ahora ya no los necesitamos. Nos bastamos nosotros solos para enredarnos en disputas fútiles y enzarzarnos en altercados triviales. Parece mentira, con la cantidad de problemas reales que tenemos por resolver.
En el fondo, las discrepancias manifestadas en cuanto al tipo del impuesto no deberían provocar en ningún caso disfunciones graves ni agravios de consideración. El cálculo económico es bien sencillo. Tomemos el caso de una compañía que facture más de 50 millones de euros al año y con más de 250 trabajadores, lo que le convierte en «gran empresa», según la clasificación vigente, y que gane un 10% sobre sus ventas, que es un porcentaje ya bastante relevante. Si en Guipúzcoa el tipo se fija en el 32%, como pide Ezker Batua, por cada millón de facturación ganaría 100.000 euros y pagaría 32.000 de impuestos. En Álava o Vizcaya, como el tipo es del 28%, abonaría sólo 28.000 euros. La diferencia es de un 12,5%, pero los 4.000 euros significan apenas un 0,4% de la facturación. En la realidad las diferencias serían siempre mucho menores. He cogido el caso más extremo. Es seguro que el tipo en Guipúzcoa será más bajo y no he considerado el cúmulo de deducciones que minoran fuertemente el ingreso.
El debate surge por las especiales circunstancias políticas que atraviesa la Diputación de Guipúzcoa. En Vizcaya y en Álava, el PNV y el PP coinciden en poco, pero sí lo hacen en la necesidad de contar con un impuesto competitivo y dinamizador de la actividad. Cautivos de sus propias ideologías, cerraron el acuerdo sin problemas. Por el contrario, en Guipúzcoa el PNV necesitaría añadir el apoyo de sus aliados de EA y/o del PSE. O el de ambos si renuncia, como parece, al 28% fijado en los otros dos territorios y, por tanto, al respaldo del PP. Eusko Alkartasuna quiere marcar músculo y obligar a su socio a tragar unos tipos más altos para visualizar con nitidez su debilidad. Luego, para aplacar a los empresarios y minimizar el impacto de la contundente frase «en Guipúzcoa pagamos más impuestos por culpa de EA», pretende también introducir cambios en la clasificación de las empresas y ampliar la lista de las deducciones concedidas.
Soberanías
Como no sabemos el desenlace definitivo, es imposible calcular las posiciones relativas finales. Pero parece claro que se acaba la costumbre seguida hasta la fecha y nos cargamos lo ordenado por la legislación vigente de mantener sistemas armonizados en cuanto los aspectos claves de los impuestos en los tres territorios. En efecto, el artículo 5º de la Ley de Armonización Fiscal, aprobada por el Parlamento vasco en 1989, obliga a armonizar el ámbito de aplicación, el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo del gravamen y el devengo del impuesto que grava los beneficios obtenidos por la sociedades. Lo malo es que no específica con claridad quién asume tamaña responsabilidad. A primera vista parece que deberían ser el Gobierno o el Parlamento quienes garantizasen la buscada armonización, pero ¿sobre qué bases? ¿Deberían ahora obligarle a Guipúzcoa a que baje su tipo impositivo, o a Álava y a Vizcaya a que lo suban? ¿O tendrían que seguir la doctrina del obispo Uriarte y pedirles a todos que cedan en sus posturas y establezcan un tipo intermedio y común?
Tan loables intenciones chocan de frente contra la organización interna del país. El Estatuto y la Ley de Territorios Históricos (LTH) consagran y ratifican que la soberanía fiscal recae en las diputaciones. Así que ¿quién y cómo podría obligarles a hacer lo que no desean hacer?
Podemos debatir sobre la conveniencia de mantener un sistema así, que obliga a convivir a tres 'soberanos fiscales' en un espacio geográfico tan reducido y en una economía tan compacta. Calificarlo de despropósito es políticamente muy incorrecto. Pero estoy seguro de que si encargamos a las cinco mejores empresas de consultoría fiscal que nos diseñen un modelo para una colectividad como la nuestra, ninguna de ellas presentaría como óptima la fórmula que hemos elegido.
Además, hay otros asuntos a considerar. No vivimos solos, nuestras empresas se pelean en todo el mundo y nuestro país compite contra todos a la hora de captar inversiones extranjeras y de impedir que las nuestras se vayan al exterior. Guste o no, es evidente que también las haciendas se han puesto a competir entre ellas, lo cual es una derivada lógica y esperable de los enormes avances conseguidos en la liberación de los movimientos de capitales. Y, guste o no, basta leer los grandes periódicos europeos para comprobar cómo están las cosas. Les pongo un ejemplo de estas semanas. Anuncio en 'Le Figaro' pagado por el Gobierno de un país europeo: ofrece un Impuesto sobre Sociedades del 10%, que quedaría en cero si la empresa reinvierte los beneficios obtenidos, y un IRPF del 10%. ¿Envidia?
Hasta ahora, los ataques a nuestro sistema venían de fuera y los líos jurídicos los planteaban instancias ajenas. Ahora ya no los necesitamos. Nos bastamos nosotros solos para enredarnos en disputas fútiles y enzarzarnos en altercados triviales. Parece mentira, con la cantidad de problemas reales que tenemos por resolver.
