
Se trata, en la mayoría de casos, de niños y adolescentes procedentes del Magreb y de países subsaharianos que llegan a España en cayucos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Tras ser interceptados por las autoridades, son internados en centros de menores tutelados por las autonomías, en los que permanecen varios años hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces, reciben una orden de abandonar España, que raras veces llega a ejecutarse.
El Gobierno acordó ayer impulsar un acuerdo con Marruecos para permitir el retorno al país vecino de sus nacionales menores. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el convenio, que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes para su aprobación, incluye un compromiso para favorecer el acceso de esos jóvenes a una educación y una formación que facilite el acceso a un futuro profesional. La número dos del Ejecutivo situó «en la precariedad» educativa y laboral «la raíz» del problema.
La vicepresidenta explicó que para poner en práctica la iniciativa ya ha comenzado la construcción dos centros de formación profesional en las ciudades marroquíes de Nador y Benimellal. Fernández de la Vega aseguró que todas las repatriaciones se efectuarán «con la máxima garantía de protección de los derechos del menor» para «reintegrarlos a su entorno social y familiar, para que tengan un futuro en su país».
El Gobierno se felicitó además por el descenso registrado en agosto en el número de irregulares llegados a las costas españolas a bordo de cayucos, un 64% menos que en el año anterior. El Ejecutivo, que dijo recibir estos datos con «prudencia» y «precaución», atribuyó el éxito al refuerzo del control de las fronteras marítimas, a la cooperación con los países de origen y tránsito de inmigrantes, y a su «política firme de repatriaciones».








