
La Diputación, controlada por el PNV y EA, tiene previsto aprobar el próximo martes el proyecto de reforma, que ya ha entrado en vigor en el resto de Euskadi. Ambas formaciones han zanjado sus diferencias sobre el gravamen que se aplicará a los beneficios de las empresas, que será cercano al 30% que propugna Eusko Alkartasuna, según ha trascendido. Es decir, dos puntos por encima del fijado en Vizcaya y Álava. Esa diferencia sería compensada con un trato más favorable a las pequeñas empresas y con una mejora de las deducciones por inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y medio ambiente. Los peneuvistas, que sacaron adelante la norma en los otros dos territorios con el apoyo del PP, están dispuestos a ceder en Guipúzcoa a las pretensiones de sus socios al carecer de una mayoría suficiente en las Juntas Generales para imponer el 28% que han defendido hasta ahora.
«Una misma economía»
José María Echarri, presidente de la Cámara guipuzcoana, aseguró ayer desconocer cuál será el tipo definitivo. La Diputación sólo ha trasladado a este organismo que las empresas guipuzcoanas «no saldrán perjudicadas» en relación al resto, aunque los gravámenes sean distintos, explicó.
Esa salida no convence a la institución -tampoco a la patronal Adegi-, según se desprende de sus palabras, con las que hizo hincapié en la necesidad de un impuesto armonizado en todo el País Vasco. La posible ruptura de la unidad fiscal genera «intranquilidad» en los empresarios, que requieren «cierta estabilidad a la hora de abordar su trabajo», apuntó el secretario general de la Cámara, Agustín Eizaguirre.
En esa misma línea, Echarri no ocultó un palpable malestar por el comportamiento de los partidos. «El PNV, EA, el PP y el PSE deberían tener la misma ideología en Guipúzcoa, en Vizcaya o en Álava porque la economía es la misma en las tres provincias», señaló. La Cámara -recordó su presidente- representa a 60.000 empresas cuyos responsables están pendientes ahora del tipo que se fije. «A lo mejor, se lo piensan en las urnas», señaló en alusión a una hipotética influencia electoral de la reforma.
El PSE de Guipúzcoa, por su parte, anunció ayer que defenderá «de inicio» un tipo del 32,5% -el mismo vigente en el resto de España para este año y una décima inferior al actual de Guipúzcoa-, aunque está dispuesto a alcanzar un acuerdo basado en una «drástica» mejora de la «base social» del impuesto y en un gravamen «no inferior al 30%». Ese porcentaje será el que se aplicará en el territorio común desde el próximo 1 de enero.






