
El juez Juan del Olmo ordenó el pasado 20 de julio, a instancias del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, secuestrar el número 1.573 de la publicación, y procesó a los autores de la viñeta, que ahora se enfrentarán a un juicio en la Audiencia Nacional por injurias a la Corona.
Grande-Marlaska adoptó esa decisión a instancias de la Fiscalía y en sustitución del magistrado Del Olmo, que está de vacaciones. El Ministerio Público acusa al dibujante Guillermo Torres y al guionista Manel Fontdevila de un delito de injurias al sucesor de la Corona y por utilizar su imagen para desprestigiarla, un tipo delictivo previsto por el Código Penal en los párrafos 1 y 2 de su artículo 491.
En concreto, el fiscal Miguel Ángel Carballo pide que se imponga a Torres y Fontdevila diez meses de multa a razón de 12 euros al día, en total 3.600 euros. No pedirá que se compense a la Casa Real, como en un principio se contempló.
A la espera de que la Sala de lo Penal señale la fecha del juicio, los responsables de la revista defendieron a sus dibujantes y se mostraron extrañados porque el juicio se celebre «tan rápido». El director de 'El Jueves', Albert Monteys, explicó que «seguimos en las mismas, creemos que lo que hicimos está dentro de los límites de la legalidad, creemos que hay libertad de expresión y que esa portada de la que hablamos está amparada por ese derecho».
Los dos procesados ya comparecieron ante el juez el pasado 25 de julio. En sus declaraciones, insistieron en que la intención del dibujo no era injuriar a los Príncipes, sino criticar la decisión del Gobierno de conceder una ayuda de 2.500 euros a los padres de los recién nacidos. En un interrogatorio de más de dos horas, ambos subrayaron que su pretensión era cuestionar que cualquier ciudadano, lo necesite o no, pueda percibir esa cantidad. Los Príncipes, argumentaron, son la pareja más popular del país y representan a ese sector de población en edad de tener hijos que no necesita dinero.
El auto dictado por el juez, que ordenó secuestrar la revista, causó un revuelo considerable. Tanto que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dejó claro al día siguiente tras la reunión del Consejo de Ministros la independencia de los jueces y el respeto del Gobierno hacia sus decisiones. De la Vega aseguró que el fiscal general del Estado, instigador del proceso, «es una institución del Estado a quien le incumbe el ejercicio de la acción penal, que la ejerce con autonomía e independencia de criterio, y en este caso concreto ha actuado con absoluta independencia».






