POLÍTICA
El PP exige rapidez para ilegalizar ANV y el PSOE, respeto al Estado de Derecho
El Poder Judicial sostiene que ya hay «indicios suficientes» para iniciar el proceso de anulación
29.08.07 -
PARLAMENTO. Zaplana y Acebes votan ayer en la Diputación Permanente del Congreso. / EFE.
OTRAS OPINIONES
Populares y socialistas volvieron ayer a enzarzarse sobre la posibilidad de ilegalizar Acción Nacionalista Vasca, después de que no haya condenado los recientes atentados de ETA -el último ejemplo tuvo lugar ayer en Berriozar donde ANV fue la única en no apoyar una moción de Nafarroa Bai en repulsa por el ataque de Durango-. Mientras los populares exigieron una mayor celeridad al Gobierno y a la Abogacía del Estado, desde las filas socialistas reclamaron respetar los tiempos que marca la Justicia.
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, aseguró que el principal grupo de la oposición «no está en absoluto contento» con el «ritmo procesal» que el Gobierno mantiene para anular Acción Nacionalista. Los populares sostienen que la formación aeneuvista «no puede estar en las instituciones» porque, en su opinión, es «lo mismo» que Batasuna y ETA. Zaplana lamentó que, de iniciarse el procedimiento de ilegalización, los representantes de la izquierda abertzale «seguirían en las instituciones», ya que las actas de concejal son nominales y pertenecen al individuo y no a su formación.
«El daño es ya irreversible», subrayó el dirigente popular, que reprochó al Ejecutivo de Zapatero que antes de las elecciones municipales estuviera «en otra cosa» y no quisiera promover la ilegalización de todas las listas de ANV. A juicio del PP, el tiempo les está dando «toda la razón».
Sujetos a las leyes
Su argumentación chocó con del PSOE. Diego López Garrido, portavoz del grupo en el Congreso, defendió el papel del Gobierno y recalcó que el Ejecutivo «sigue unos criterios y directrices muy claros» en la lucha «implacable» contra ETA. En este sentido, destacó la «correctísima» actuación de la Fiscalía General del Estado al haber pedido informes policiales sobre ANV después de que no condenara el atentado del pasado viernes contra la casa cuartel de Durango. López Garrido subrayó que el Gabinete Zapatero aboga por una «sujeción estricta al Estado de Derecho» en este tipo de cuestiones y pidió respetar los tiempos judiciales y no precipitarse en las decisiones.
«Son las reglas del Estado de Derecho -señaló- las que presiden la lucha antiterrorista y, en su caso, la ilegalización de las fuerzas políticas que tienen que sujetarse siempre a lo que dice la Constitución y lo que dice la jurisprudencia de los tribunales».
La Judicatura también terció en la polémica con diferentes puntos de vista. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, se mostró convencido de que existen «indicios suficientes» para, «como mínimo», estudiar la posibilidad de ilegalizar ANV. En su opinión, las pruebas recabadas hasta ahora no sirven «de forma aislada», pero sí conforman una «serie de argumentos» para analizar si es viable «instar» la apertura del proceso judicial. Una línea similar a la que mantiene la moderada asociación Francisco de Vitoria, que aseguró, no obstante, que la «no condena» no basta.
Más rotunda fue la Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador y mayoritaria entre los jueces. Su portavoz, Antonio García, entiende que todo el procedimiento puede iniciarse ya puesto que no sólo se han negado «a condenar un atentado» como el del viernes en Durango, sino que «han intentado justificar la causa de esta acción criminal».
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, aseguró que el principal grupo de la oposición «no está en absoluto contento» con el «ritmo procesal» que el Gobierno mantiene para anular Acción Nacionalista. Los populares sostienen que la formación aeneuvista «no puede estar en las instituciones» porque, en su opinión, es «lo mismo» que Batasuna y ETA. Zaplana lamentó que, de iniciarse el procedimiento de ilegalización, los representantes de la izquierda abertzale «seguirían en las instituciones», ya que las actas de concejal son nominales y pertenecen al individuo y no a su formación.
«El daño es ya irreversible», subrayó el dirigente popular, que reprochó al Ejecutivo de Zapatero que antes de las elecciones municipales estuviera «en otra cosa» y no quisiera promover la ilegalización de todas las listas de ANV. A juicio del PP, el tiempo les está dando «toda la razón».
Sujetos a las leyes
Su argumentación chocó con del PSOE. Diego López Garrido, portavoz del grupo en el Congreso, defendió el papel del Gobierno y recalcó que el Ejecutivo «sigue unos criterios y directrices muy claros» en la lucha «implacable» contra ETA. En este sentido, destacó la «correctísima» actuación de la Fiscalía General del Estado al haber pedido informes policiales sobre ANV después de que no condenara el atentado del pasado viernes contra la casa cuartel de Durango. López Garrido subrayó que el Gabinete Zapatero aboga por una «sujeción estricta al Estado de Derecho» en este tipo de cuestiones y pidió respetar los tiempos judiciales y no precipitarse en las decisiones.
«Son las reglas del Estado de Derecho -señaló- las que presiden la lucha antiterrorista y, en su caso, la ilegalización de las fuerzas políticas que tienen que sujetarse siempre a lo que dice la Constitución y lo que dice la jurisprudencia de los tribunales».
La Judicatura también terció en la polémica con diferentes puntos de vista. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, se mostró convencido de que existen «indicios suficientes» para, «como mínimo», estudiar la posibilidad de ilegalizar ANV. En su opinión, las pruebas recabadas hasta ahora no sirven «de forma aislada», pero sí conforman una «serie de argumentos» para analizar si es viable «instar» la apertura del proceso judicial. Una línea similar a la que mantiene la moderada asociación Francisco de Vitoria, que aseguró, no obstante, que la «no condena» no basta.
Más rotunda fue la Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador y mayoritaria entre los jueces. Su portavoz, Antonio García, entiende que todo el procedimiento puede iniciarse ya puesto que no sólo se han negado «a condenar un atentado» como el del viernes en Durango, sino que «han intentado justificar la causa de esta acción criminal».
