Pero en cuanto ETA rompió su tregua con las arcas llenas de explosivos, intentando matar en cinco ocasiones frustradas por la acción policial, ANV se quitó el maquillaje electoral y ahora no sólo desfila detrás de Permach en las manifestaciones y no condena las últimas salvajadas terroristas sino que las justifica hablando de la agresión de los Estados español y francés.
Parece evidente que el atentado de Durango y los posteriores intentos de la banda de provocar una matanza, han provocado cierta corrección en los mensajes políticos contra ANV. Sólo el Gobierno vasco insiste en que la ilegalización de esta formación no va a servir más que para alejarnos de la solución. Pero el ejecutivo de Zapatero tiene esa posibilidad en estudio sobre la mesa, a la espera de que se tengan «elementos» de prueba, como dijo el ministro Rubalcaba.
Dice el Gobierno, el de aquí y el de allí, que la negativa a condenar el último atentado de ETA es insuficiente para proceder a su ilegalización. Y, desde el punto de vista jurídico, tienen razón. Tanto es así que, de hecho, la condición que pesó, en su día, sobre la ilegalización de Batasuna, no fue su justificación de los actos terroristas sino su pertenencia al entramado de la banda terrorista. Quizás por esa razón, ahora la Fiscalía quiere ir más allá del estudio de las declaraciones de los representantes de ANV para investigar las actividades de sus cargos. Unos portavoces que, con sus 716 asientos electos más 437 concejales, llevan ya unos cuantos kilómetros de delantera a la acción de la Justicia y la política democrática. Han sido meses de vacilación.
Ahora el Ministerio del Interior quiere cerrar todos los caminos a ETA. Tendrá que recordar que el negociado terrorista está integrado por varios frentes: el de la dirección, las acciones propiamente dichas, la recaudación, la información. Y, por supuesto, la política. t.etxarri@diario-elcorreo.com







