SU CONDENA TERMINA el próximo 9 de septiembre
Francia logra que EE UU acepte la extradición del ex dictador panameño Noriega
El general golpista deberá cumplir en cárceles galas una condena de diez años por lavado de dinero
PRESO. El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega. / EFE
Un magistrado federal de EE UU ha dado ayer su visto bueno para que Manuel Antonio Noriega sea extraditado a Francia cuando el ex dictador panameño termine de cumplir, el próximo 9 de septiembre, su sentencia de cárcel por narcotráfico y conspiración criminal impuesta en 1992. Tras casi dieciocho años de privación de libertad en una prisión de Miami, Noriega se enfrenta a otros diez años adicionales en Francia por lavado de dinero.
Aunque sujeta a recursos, la decisión del magistrado William Turnoff ha rubricado el rechazo formulado la semana pasada por otro juez federal contra los argumentos de los abogados de Noriega a favor de su inmediato retorno a Panamá. Los abogados del que fuera hombre fuerte panameño hasta su derrocamiento en virtud de una intervención militar de EE UU en 1989 han argumentado sin éxito que su cliente de setenta y tres años es un prisionero de guerra no sujeto a extradición.
Sin embargo, la Justicia de EE UU considera que ni el peculiar estatus de Noriega ni las Convenciones de Ginebra «le protegen de futuros procesamientos por los graves crímenes que se le imputan». Las autoridades francesas han solicitado la extradición del ex militar panameño para que responda a las imputaciones de canalizar varios millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de la compra de apartamentos de lujo en París.
En este litigio sobre el futuro de Manuel Noriega, el Gobierno de Panamá presidido por Martín Torrijos se ha declarado partidario de que el ex dictador sea devuelto a su país para responder a cargos pendientes de extorsión y asesinatos políticos. Aunque recientes cambios en la legislación penal panameña permiti- rían a Noriega, por razones de edad, acogerse a un arresto domiciliario en lugar de ser ingresado en prisión.
Pese a ocupar un inicial lugar predilecto en la política de EE UU hacia Iberoamérica, Noriega empezó a enemistarse con Washington a finales de los años ochenta. Con un procesamiento formalizado en 1988 bajo la acusación de haber ayudado a 'narcos' colombianos para introducir toneladas de cocaína en el mercado estadounidense. La Casa Blanca también le acusó de manipulación de elecciones y violaciones de derechos humanos.
En diciembre de 1989, la Administración de Bush padre decidió invadir Panamá con ayuda de más de 20.000 tropas aerotransportadas del Pentágono. Noriega, tras refugiarse en la Nunciatura Apostólica, fue finalmente detenido y extraditado a EE UU. Washington justificó el uso de la fuerza como legítima defensa de ciudadanos estadounidenses amenazados por el régimen de Noriega, la necesidad de plantar cara al narcotráfico y salvaguardar la neutralidad del canal de Panamá
Aunque sujeta a recursos, la decisión del magistrado William Turnoff ha rubricado el rechazo formulado la semana pasada por otro juez federal contra los argumentos de los abogados de Noriega a favor de su inmediato retorno a Panamá. Los abogados del que fuera hombre fuerte panameño hasta su derrocamiento en virtud de una intervención militar de EE UU en 1989 han argumentado sin éxito que su cliente de setenta y tres años es un prisionero de guerra no sujeto a extradición.
Sin embargo, la Justicia de EE UU considera que ni el peculiar estatus de Noriega ni las Convenciones de Ginebra «le protegen de futuros procesamientos por los graves crímenes que se le imputan». Las autoridades francesas han solicitado la extradición del ex militar panameño para que responda a las imputaciones de canalizar varios millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de la compra de apartamentos de lujo en París.
En este litigio sobre el futuro de Manuel Noriega, el Gobierno de Panamá presidido por Martín Torrijos se ha declarado partidario de que el ex dictador sea devuelto a su país para responder a cargos pendientes de extorsión y asesinatos políticos. Aunque recientes cambios en la legislación penal panameña permiti- rían a Noriega, por razones de edad, acogerse a un arresto domiciliario en lugar de ser ingresado en prisión.
Pese a ocupar un inicial lugar predilecto en la política de EE UU hacia Iberoamérica, Noriega empezó a enemistarse con Washington a finales de los años ochenta. Con un procesamiento formalizado en 1988 bajo la acusación de haber ayudado a 'narcos' colombianos para introducir toneladas de cocaína en el mercado estadounidense. La Casa Blanca también le acusó de manipulación de elecciones y violaciones de derechos humanos.
En diciembre de 1989, la Administración de Bush padre decidió invadir Panamá con ayuda de más de 20.000 tropas aerotransportadas del Pentágono. Noriega, tras refugiarse en la Nunciatura Apostólica, fue finalmente detenido y extraditado a EE UU. Washington justificó el uso de la fuerza como legítima defensa de ciudadanos estadounidenses amenazados por el régimen de Noriega, la necesidad de plantar cara al narcotráfico y salvaguardar la neutralidad del canal de Panamá
